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informe rial intervencion marcha indigena

 

 





Descripcion:
I. ANTECEDENTES 1.1. ASPECTOS AMBIENTALES DEL TIPNIS 1.2. ASPECTOS SOCIALES DEL TIPNIS 1.2.1. Chimanes 1.2.2. Moxeo 1.2.3. Yuracar 1.3. ESTATUS JURDICO DEL TERRITORIO INDGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SCURE 1.4. CARRETERA VILLA TUNARI-SAN IGNACIO DE MOXOS II. LA VIII GRAN MARCHA INDGENA EN DEFENSA DEL TIPNIS, LA DIGNIDAD, LA VIDA Y EL TERRITORIO 2.1. ANTECEDENTES 2.2. DESARROLLO DE LA MARCHA 2.2.1. Inicio de la marcha 2.2.2. Sucesos en San Ignacio de Moxos 2.2.3. Tramo San Ignacio de Moxos San Borja 2.2.4. San Borja-Yucumo 2.2.5. Bloqueo en Yucumo contingente policial 2.2.6. Ministro de Relaciones Exteriores: dilogo y retencin. 2.3. INTERVENCIN POLICIAL 2.3.1. Ejecucin del operativo 2.3.2. Intervencin policial 2.3.3. Uso de la violencia en la intervencin policial 2.3.4. Especial situacin de nios, adultos mayores y mujeres 2.4. HECHOS POSTERIORES A LA INTERVENCIN POLICIAL 2.4.1. Traslado a San Borja 2.4.2. Hechos en Rurrenabaque 2.5. ACTUACIN DEL MINISTERIO PBLICO III. ACCIONES DEFENSORIALES 3.1. ACCIONES INICIALES 3.2. ACCIONES PREVIAS AL INICIO DE LA VIII MARCHA 3.3. ACCIONES A PARTIR DEL INICIO DE LA VIII MARCHA 3.4. ACCIONES DE INVESTIGACIN 3.4.1. Informe verbal del Ministro de Gobierno Sacha Llorenti 3.4.2. Informe de la Polica Boliviana 3.4.2.1. Contenido de los informes policiales 3.4.3. Informe de la Fuerza Area Boliviana 3.4.4. Informe del Ministerio de la Presidencia 3.4.5. Informe del Ministerio de Gobierno. 3.4.6. Informe del Ministerio Pblico 3.4.7. Informe del ex Viceministro de Rgimen Interior y Polica, Marcos Farfn

IV. VIOLACIN DE DERECHOS HUMANOS 4.1. DERECHO A LA INTEGRIDAD 4.1.1. Prohibicin de tortura 4.2. LIBERTAD PERSONAL 4.2.1. Obligacin de custodia de personas detenidas 4.3. LIBERTAD DE LOCOMOCIN (libre trnsito) 4.4. DIGNIDAD 4.5. DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDGENAS 4.5.1. Derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indgenas 4.5.1.1. Principios del derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indgenas originarios campesinos. 4.5.1.1.1. Exclusiva en cuanto a sus destinatarios 4.5.1.1.2. Previa 4.5.1.1.3. Informada 4.5.1.1.4. De buena fe 4.5.1.1.5. Por medio de sus instituciones. 4.5.1.1.6. Finalidad de bsqueda de un acuerdo o consentimiento libre 4.5.1.1.7. De aplicacin obligatoria por parte del Estado 4.5.1.1.8. Carcter vinculante y veto en planes de desarrollo de impacto mayor 4.5.1.2. Jurisprudencia aplicable a la consulta a pueblos indgenas V. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PARTE DEL ESTADO 5.1. EN RELACIN AL PROYECTO CARRETERO VILLA TUNARI-SAN IGNACIO DE MOXOS 5.2. EN RELACIN A LA INTERVENCIN POLICIAL A LA MARCHA INDGENA. 5.2.1. Del rgano Ejecutivo 5.2.2. De la Polica Boliviana 5.2.3. Responsabilidad de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional VI. CONCLUSIONES VII. RECOMENDACIONES 7.1. RECOMENDACIONES RESPECTO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDGENAS 7.2. RECOMENDACIONES RESPECTO A LOS HECHOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011

INTRODUCCIN La Defensora del Pueblo en el marco de sus atribuciones y competencias sealadas en la Constitucin Poltica del Estado y la Ley 1818, con el presente informe pretende establecer la cronologa de los hechos, sucedidos en la localidad de Yucumo, cerca al puente San Lorenzo del Departamento del Beni el 25 de septiembre de 2011, de los cuales se infiere la vulneracin de derechos humanos accin u omisin contra ciudadanos y ciudadanas que conformaban la VIII Gran Marcha Indgena por la Defensa del Territorio Indgena Parque Nacional Isiboro Scure (TIPNIS), por los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indgenas. En ese sentido, el presente informe contiene un enfoque global del TIPNIS y la descripcin de los hechos ms relevantes relacionados a la construccin de la Carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, a partir de lo cual se realizar un anlisis del derecho a la participacin de los pueblos indgenas afectados y que constituye el gnesis del conflicto y de la marcha. Por otra parte, el presente documento describe el desarrollo de la marcha indgena, el acompaamiento y acciones realizadas desde un inici por la Defensora del Pueblo encabezada por su Mxima Autoridad Ejecutiva, Rolando Villena Villegas, para posteriormente hacer una amplio detalle testimonial de la violenta intervencin policial acaecida el 25 de septiembre de 2011 y desde un enfoque de Derechos Humanos, se realiza un anlisis de derechos vulnerados, del cual emergen la responsabilidades de las diversas instancias del Estado que participaron en tal accin. Finalmente, cabe destacar que el trabajo realizado fue construido a partir de la informacin proporcionada por las vctimas, adems de fuentes de informacin pblica e informes de algunas autoridades de Estado, lamentando que los principales implicados en los hechos como son la Polica Boliviana y el Ministerio de Gobierno hayan incumplido sus obligaciones constitucionales y legales de prestar la colaboracin en las investigaciones de la Defensora del Pueblo, la primero enviando casi un mes despus de realizado el requerimiento un reporte incompleto, escasamente fundamentado y que tiene por objeto nicamente seguir encubriendo a los responsables ejecutivos de las vulneraciones cometidas y el segundo que a pesar de haber asumido compromisos institucionales de carcter pblico para la averiguacin de la verdad no atendi el requerimiento, por lo que en stos casos se tuvo que aplicar el principio de presuncin de veracidad. En ese mismo orden de ideas, es de lamentar el accionar del Ministerio de la Presidencia, ya que esta Cartera del Ejecutivo, la cual para no atender los Requerimientos de Informe Escrito, en una actitud malintencionada otorgaba informacin falsa sobre el estado de la supuesta nota respuesta y dilat un pronunciamiento oficial que pueda ser utilizado en ste informe. Asimismo, deplorar la actitud de la Fiscal de Distrito de La Paz, al evadir constantemente el cumplimiento de sus deberes, con una actitud dilatoria y renuente a colaborar en el trabajo investigativo de la Defensora del Pueblo.

I. ANTECEDENTES 1.1. ASPECTOS AMBIENTALES DEL TIPNIS El Territorio Indgena Parque Nacional Isiboro Scure (TIPNIS), se encuentra ubicado entre los departamentos del Beni (provincia de Moxos) y de Cochabamba (provincia Chapare), abarcando parte de la cordillera de los Mosetenes; en un rea de piedemonte que originalmente no presentaba asentamientos humanos (nica en Latinoamrica) y en la regin de las llanuras inundables del Beni. El territorio del TIPNIS tiene una superficie aproximada de 1.091.656 hectreas con 9.404 metros cuadrados y una ubicacin tpicamente transicional a partir de una gradiente de varios pisos ecolgicos, todos ellos caracterizados por su alta sensibilidad ambiental. Actualmente, es considerada una zona de elevada biodiversidad, refugio pleistocnico1 y parte del corredor internacional Vilcabamba-Ambor, adems de ser naciente de las principales cuencas hidrogrficas que determinan el sistema hidrolgico y donde se adscriben los bosques reguladores del escurrimiento de las aguas en la llanura y tambin del clima en los valles productivos aledaos; as como grandes extensiones de zonas hmedas, pantanos y cinagas que cumplen un papel importante en el funcionamiento hidrolgico regional. En cuanto a la flora del TIPNIS, cabe sealar que hasta ahora en dicha regin se han reconocido 602 especies de plantas registradas distribuidas en 85 familias y 251 gneros. Sin embargo, se estima adems la existencia de unas 2.500 a 3.000 especies de plantas vasculares, lo cual representara entre el 12,5% y el 15% de las 20.000 especies de flora vascular estimadas para Bolivia. En ese sentido, el Servicio Nacional de reas Protegidas (SERNAP), seala que en el TIPNIS, se estima que existen 3.000 plantas superiores, as en un rea de 0.1 Hectreas, se han encontrado 447 especies de plantas durante el ao 2008 (Fernndez, E. y Altamirano, S., 2004). En lo que se refiere a la fauna, es de resaltar que hasta el momento en este santuario animal, se han identificado 858 especies de vertebrados; 108 especies de mamferos, pertenecientes a 33 familias, lo cual representa el 30% de las especies de mamferos de Bolivia; 470 especies de aves, correspondientes al 34% del total de aves de Bolivia; 39 especies de reptiles, pertenecientes a 15 familias, representando alrededor del 14% de reptiles conocidos para el pas, sin incluir las tortugas y caimanes; 53 especies de anfibios, representando entre el 26% y 28,5% de las especies del pas, y pertenecientes a 8 de las 11 familias de anfibios para Bolivia; 188 especies de peces, distribuidas en 25 familias adems de 127 especies de insectos, correspondientes a 55 coprfagos y 72 lepidpteros (Fernndez, E. y Altamirano, S., 2004).

El Pleistoceno, una divisin de la escala temporal geolgica, es una poca geolgica que comienza hace 2,59 millones de aos y finaliza aproximadamente 12.000 aos AP (antes del presente), precedida por el Plioceno y seguida por el Holoceno. Es la sexta poca de la Era Cenozoica y la ms antigua de las dos que componen el Perodo cuaternario (o la tercera del Perodo Negeno si este, como haba propuesto la comisin, se extendiera hasta el presente). El Pleistoceno abarca las ltimas glaciaciones y corresponde con el Paleoltico arqueolgico.

1.2. ASPECTOS SOCIALES DEL TIPNIS Entre los pueblos indgenas que habitan principalmente la regin del TIPNIS, se encuentran los chimanes, los huaracares y los moxeos. Todos ellos, constituidos como sociedades que descienden de grupos pre coloniales y que tienen una continuidad histrica, conexin territorial, instituciones sociales, econmicas, culturales y polticas distintivas y especficas, que son propias, adems de la auto-identificacin colectiva de sus miembros. En el ro Scure se distribuyen aproximadamente 17 comunidades y asentamientos de familias extendidas, donde destacan San Bernardo, San Lorenzo, Oromomo y Asunta; las comunidades indgenas aguas arriba de este ro (arriba Oromomo) son exclusivamente Chimanes. En el ro Isiboro al Este existen cerca de 13 comunidades y asentamientos dispersos, destacando San Pablo, Santa Mara (juntas Ichoa-Isiboro), Naranjito, Limoncito, Santa Rosa; una importante proporcin de poblacin es Yuracar. A lo largo de los ros Lojojota, Yamiyota e Ipuri prximos al Isiboro en el Oeste, existen varias comunidades y asentamientos yuracars (8), en tanto que en sus nacientes del pie de monte se encuentra la comunidad mojea de Santsima Trinidad. A lo largo del ro Ichoa, en el centro del rea, existen 5 comunidades y asentamientos dispersos destacando Puerto Esperanza y Moleto, cerca al pie de monte. A lo largo del ro Chimimita afluente del ro Ichoa, se distribuyen cerca de 5 comunidades y asentamientos dispersos. En tanto en el ro Plantota existen 6 comunidades y asentamientos dispersos destacando San Juan de Natividad. El arroyo Chajmota en el Norte, afluente del ro Isiboro alberga en sus terrazas dos comunidades mojeas. Adems de otras 10 comunidades dispersas. Cabe sealar que a tiempo de producirse el proceso misional de reduccin por los Jesuitas, se despoblaron varias zonas de bosques interiores. Sin embargo, a pesar de dicho desplazamiento, constantemente se realizaban huidas de grupos indgenas de las misiones hacia a los bosques principalmente por los procesos de explotacin e incursiones esclavistas. En la poca republicana, se produjeron fuertes procesos de avasallamiento de las tierras tradicionales indgenas, a esto se sum el acoso directo a la poblacin indgena a fines del siglo XIX con el auge de la goma. Esto dio lugar a la consolidacin de un movimiento milenarista del pueblo mojeo conocido como la bsqueda de la Loma Santa, bsicamente un proceso dispersivo masivo de las comunidades indgenas hacia sus zonas de ocupacin ancestral, con el fin de escapar de los procesos de avasallamiento y abuso. Las regiones ocupadas por los buscadores de Loma Santa en los ltimos 165 aos fueron el TIPNIS y el adyacente Bosque de Chimanes. Muchas actuales comunidades del TIPNIS como San Juan de Natividad y San Antonio (del Plantata), San Pedro y Concepcin del Imose (en el Ichoa), son producto de los procesos de bsqueda

de la Loma Santa y precisamente se encuentran en zonas interiores de difcil accesibilidad2. 1.2.1. Chimanes3 El pueblo Chiman contactado a finales del siglo XVII, por la Sexta Misin Jesutica de San Francisco de Borja, se encuentra ubicado desde la provincia Ballivin y Moxos hasta Yacuma. ste pueblo es singular por su asentamiento itinerante estacional que se mueve hacia las tierras altas en poca de lluvias y las tierras bajas en poca seca y pueden ser hallados dentro del Territorio del TIPNIS, en las ribera de los ros Maniqu y Oromomo. Los chimanes, tienen lengua propia reconocida constitucionalmente, as como una organizacin social basada en familias nucleares, que mantienen vnculos de parentesco extendido con otras familias nucleares, pasando de la poligamia sororal (hombre casado con dos o ms hermanas) al matrimonio monogmico y la residencia matrilocal, es decir que la nueva pareja va a vivir a la residencia de la familia materna de la mujer. En lo que hace a su organizacin socio-poltica, esta puede ser catalogada como singular, pues no son una sociedad organizada jerrquicamente, de manera que no han creado jefaturas o cacicazgos y en virtud a lo cual el jefe de familia es tambin el jefe poltico o Konsasiki. Cabe destacar que en ste sistema se suma el Chamn o Kukuitzi, quien representa autoridad por la relacin que tiene con lo sobrenatural y su funcin est centrada en velar por la identidad cultural del grupo. En cuanto a la relacin con el Estado, a inicios de los aos 90, se conform un Consejo Chimn, presidido por un Gran Jefe y sus colaboradores. Respecto a la auto identificacin tnica, ste grupo se basa en la autoconservacin sociolingstica y en la apelacin cosmognica tradicional comn, en la continuidad del tipo de descendencia patrilineal y en la transmisin y adhesin a conocimientos tcnicas y aspiraciones etnoecolgicas. Ello sobre la base de la nuclearizacin social domstica y la evitacin consciente y sostenida de la concentracin de poder poltico en un virtual Jefe tnico. Finalmente, en su forma de subsistencia se puede mencionar la cacera y pesca (en tiempo fro), sembrado o cultivo de algodn, tabaco, limn, jatata (poca de sequa) y recoleccin as como cosecha (poca de lluvias), adems de la cra de varios animales domsticos. Todo ello, manteniendo siempre una profunda relacin entre hombrenaturaleza, hombre-animal y hombre-comunidad, lo cual permite una perspectiva de equilibrio ecolgico. 1.2.2. Moxeo4

RIVERA, Arismendi Marco Octavio; Construccin Problemtica de una Carretera en el TIPNIS, Riesgos y Anlisis de escenarios; Ed. Liga de Defensa del Medio Ambiente; Pg. 308; Citado en el Informe del Estado Ambiental de Bolivia 2010; La Paz Bolivia; 2010. 3 DIAZ Astete, Alvaro MURILLO, David; Pueblos Indgenas de Tierras Bajas; Ed. Hisbol; Pg. 63; La Paz Bolivia; 1998.

El Pueblo Moxeo, de antigedad prehispnica y descendientes presumiblemente del pueblo Arawak, est ubicado en el centro y sur del Beni, especialmente en el TIPNIS, cuentan con una densidad importante y agrupan a comunidades itinerantes as como estables entre los cuales podemos destacar a los Sasama, Scure, Ichoa, Chumimita, Chajmota, Plantota, Tayota, Lojojota, entre otros. Este pueblo, tiene lengua propia reconocida constitucionalmente, adems de una organizacin social que se asienta sobre la familia nuclear, las comunidades estn formadas por 10 a 30 unidades domsticas y cada comunidad est regida por un cabildo como autoridad tnica (donde existen regularmente 12 cargos), a la cabeza de un Corregidor. Por la relacin con su pasado de reducciones religiosas, ste pueblo tnico tendra una base ideolgica teida de una visin religiosa, como elemento aglutinador. Asimismo, cabe destacar que en esa simbiosis religiosa, la loma santa significa el territorio al cual pueden desplazarse cuando se inundan los llanos Moxeos. En lo que hace a su relacin con el Estado, en el ao de 1986, se llev a cabo el Primer encuentro de Corregidores Indgenas Moxeos, que logr la formacin de la Central de Cabildos Indgenas Moxeos. Asimismo se puede citar la creacin de los distritos municipales indgenas y su participacin en la Marcha por el Territorio y la Dignidad en los noventas. En lo que respecta a su actividad econmica, sta se encuentra diversificada entre la agricultura, la artesana, la caza, la pesca, recoleccin, cosecha y otras de tipo hidroagrolgico. 1.2.3. Yuracar5 Las primeras referencias del Pueblo Yuracar datan del ao 1548, mencionndolos como aliados de los Chiriguano. Su mayor concentracin est en el TIPNIS y su organizacin social descansa en lazos de parentesco consanguneo y de alianza, constituyndose la familia nuclear en la base de una red de relaciones, que empieza agrupando de dos a cinco familias hasta llegar a un nmero que asegure la autosuficiencia para la produccin y subsistencia del grupo. Su residencia es tanto patrilocal como matrilocal y neolocal, cada familia nuclear es celosa de su independencia, aunque compartan una misma localidad o asentamiento. En lo que hace a su organizacin socio-poltico, no reconoce un jefe nico para todo el pueblo, con autoridad centralizada. Su tipo de organizacin de la autoridad depende de una red de interrelaciones basadas en un sistema complejo de normas, reglamentaciones y mecanismos de interaccin. De ah, se desprende una autorregulacin permanente del comportamiento social y cultural, que cada familia asume para s y hacia el conjunto, bajo un mismo manto cultural que es el idioma y el sistema de creencias comunes a travs de los que se expresan. En lo que hace a su relacin con el Estado, los Yuracar han tomado conciencia de la necesidad de una representacin formal e institucionalizada, como nica forma de hacer

DIAZ Astete, Alvaro MURILLO, David; Pueblos Indgenas de Tierras Bajas; Ob. Cit.; Pg. 147. DIAZ Astete, Alvaro MURILLO, David; Pueblos Indgenas de Tierras Bajas; Pg. 243.

valer sus derechos, as es que se encuentran incorporados en la Sub Central del TIPNIS, la Sub Central del Bosque Chimanes, la Subcentral de San Ignacio de Moxos y en consecuencia afiliados a la CPIB y a la CIDOB. Por otro lado, se han formado el Consejo Central del Pueblo Yuracar del Chapare y el Consejo Yuracar del Ichilo. Finalmente, las actividades econmicas de los yuracars son diversas y se combinan estacionalmente, entre la agricultura de subsistencia, la caza, la pesca, la recoleccin y redistribucin. 1.3. ESTATUS JURDICO DEL TERRITORIO INDGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SCURE El Territorio Indgena Parque Nacional Isiboro Scure (TIPNIS), inicialmente se constituy como Parque Nacional Isiboro Scure mediante Decreto Ley 7401 de 22 de noviembre de 1965; norma que en su parte considerativa acertadamente dispuso lo siguiente: Que en las provincias del Chapare y Moxos de los Departamentos de Cochabamba y Beni respectivamente, el Estado posee reas que por su particular belleza, ubicacin, topografa, riqueza en flora y fauna, merecen ser mantenidas como reservas vrgenes. Que la construccin del camino marginal de la selva y los planes de colonizacin, ponen en serio peligro la integridad de los recursos naturales renovables y, consiguientemente, de la belleza escnica de la regin. Posteriormente, el citado Parque Nacional tambin fue declarado Territorio Indgena, mediante Decreto Supremo 22610, de 24 de septiembre de 1990, expresando entre otros que: ARTCULO PRIMERO. Se reconoce al Parque Nacional Isiboro-Scure como territorio indgena de los pueblos Mojeo, Yuracar y Chimn que ancestralmente lo habitan, constituyendo el espacio socioeconmico necesario para su desarrollo, denominndose a partir de la fecha Territorio Indgena Parque Nacional IsiboroScure. ARTCULO TERCERO. Se respeta la condicin del Parque Nacional IsiboroScure, en la calidad y lmite establecidos por el Decreto Supremo N 07401, ms la ampliacin dispuesta en el artculo anterior, debiendo la poblacin indgena garantizar el cumplimiento de las normas necesarias para el manejo y conservacin de un rea protegida. Cabe hacer notar que adems de lo sealado, el TIPNIS, forma parte del Sistema Nacional de reas Protegidas, de acuerdo a la Ley 1333 del Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992, la cual dispone: ARTICULO 60.- Las reas protegidas constituyen reas naturales con o sin intervencin humana, declaradas bajo proteccin del Estado mediante disposiciones legales, con el propsito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrogrficas y valores de inters cientfico, esttico, histrico, econmico y social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del pas.

Finalmente, es de manifestar que mediante Resolucin Suprema 230292 y el respectivo Ttulo Ejecutorial N TCO-NAL-000229, se concede al TIPNIS el estatus de Territorio Comunitario de Origen (TCO), declarando en la parte resolutiva que el titular es () nico y absoluto propietario de las tierras especificadas. 1.4. CARRETERA VILLA TUNARI-SAN IGNACIO DE MOXOS Desde hace varias dcadas se ha planteado la necesidad de construir carreteras que vinculen al departamento del Beni con otros del pas. En ese sentido, inicialmente se promulg la Ley N 717, de 15 de febrero de 1985, declarando sta necesidad. Asimismo, el Decreto Supremo 25134, de 21 de agosto de 1998, incorpor el Plan de desarrollo y creacin de un Sistema Nacional de Carreteras, constituido por una Red Fundamental, a la cual, mediante Decreto Supremo 26996, de 17 de abril de 2003, se incluye el tramo comprendido entre las localidades de Villa Tunari (departamento de Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (departamento del Beni). Es en esta ltima norma, el Estado advirti que el tramo comprendido entre las localidades de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos podra afectar inminentemente al TIPNIS y ante lo cual dispone expresamente que: El Servicio Nacional de Caminos-SNC asume la responsabilidad del nuevo tramo en todos los aspectos relacionados a la planificacin, programacin, estudio y diseo referido a la construccin, conservacin, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitacin sobre el mismo, los cuales debern cumplir las condiciones de proteccin ambiental, en cumplimiento del inciso d) del Artculo 2 del Decreto Supremo N 25134 y tomando debida cuenta la inmediacin del Parque Nacional Isiboro-Scure.(Resaltado agregado) Posteriormente, mediante Ley No. 3477 del 22 de septiembre de 2006, se declara prioridad nacional y departamental la elaboracin del Estudio a Diseo Final y construccin del tramo Villa Tunari San Ignacio de Moxos, correspondiente a la carretera Cochabamba-Beni, de la Red Vial Fundamental. Asimismo, en aplicacin del Decreto Supremo 29190, de 11 de julio de 2007, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), elabora en el mes de marzo de 2008, el Documento Base de Contratacin, estableciendo que la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos, tiene una longitud aproximada de 306 Km. y que pasara por las siguientes poblaciones: Eterazama, Isinuta, Puerto Patio, Santsima Trinidad, Puerto Santo Domingo, Puerto Esperanza, Monte Grande, El Retiro y San Ignacio de Moxos. (Resaltado agregado). As, una vez establecidos los trminos para la contratacin, que inclua los puntos por los cuales deba pasar la va, atravesando el ncleo del TIPNIS, la Administradora Boliviana de Carreteras, realiz la licitacin pblica internacional N 001/2008 y mediante Resolucin Administrativa de Adjudicacin N RPC N 154/2008, de 01 de agosto de 2008, adjudic el proyecto a la empresa brasilera denominada Constructora OAS Ltda., bajo la modalidad llave en mano y con la cual, el 04 de agosto de 2008, suscribi el respectivo Contrato N 218/08 GCT OBR BNDES, para ejecutar todos los trabajos necesarios para la Construccin de la Carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos Ruta F-24, incluyendo la elaboracin de los estudios necesarios para el Diseo Final y ejecucin de la obra.

El 20 de enero de 2011, se aprueba el Decreto Supremo 0774, que autoriza a la Ministra de Planificacin del Desarrollo a suscribir con el Gobierno de la Repblica Federativa del Brasil a travs del Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social (BNDES), un contrato de prstamo, por un monto de hasta trescientos treinta y dos millones de dlares estadounidenses ($us 332.000.000) destinados a financiar el Proyecto Carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Asimismo, la Constructora OAS Ltda., subcontrat a la empresa boliviana Constructora Nacional CONNAL, para realizar el diseo y estudios destinados a la construccin de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, la misma que en concordancia al Documento Base de Contratacin a finales del ao 2008, divide los estudios de factibilidad, evaluacin de impacto ambiental y diseo final en tres tramos como son: 1.- Villa Tunari-Isinuta, 2.- Isinuta-Monte Grande, y 3.- Monte Grande-San Ignacio de Moxos. La citada divisin fue aprobada por la ABC, ignorando las recomendaciones del Servicio Nacional de reas Protegidas (notas SERNAP DMA 047/2009 de 27 de enero de 2009 y SERNAP DMA 376/2009 de 27 de mayo de 2009) y del Viceministerio de Transporte como Organismo Sectorial Competente, (informe tcnico MOPSV/VMT/DGTTFL/CBP N 0173/2009, de 02 de junio de 2009), en sentido de que se debera considerar la integralidad de todo el proyecto en sus 3 tramos: Villa Tunari-Isinuta, Isinuta-Monte Grande y Monte Grande-San Ignacio de Moxos.

Posteriormente, el Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda a travs de su Viceministerio de Transportes, sin tomar en cuenta su propia recomendacin remite las tres Fichas Ambientales, la categorizacin y el Dictamen Tcnico del Servicio Nacional de reas Protegidas (SERNAP) al Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climticos, el cual solicita realizar el Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental Analtico Integral para cada tramo. Finalmente, luego de una prrroga solicitada por la Administradora Boliviana de Carreteras y la renuncia del Viceministro del rea, Juan Pablo Ramos Morales, as como de su Director de Medio Ambiente, Luis Carvajal, se aprueba el Estudio de Evaluacin Ambiental con la respectiva Declaratoria de Impacto Ambiental, para los Tramos I y III de la carretera, quedando pendiente el Tramo II (Isinuta-Monte Grande), en el cual recin las autoridades gubernamentales tendran que afrontar la problemtica socio ambiental ante la inminente divisin del TIPNIS y el grave dao que se ocasionara. II. LA VIII GRAN MARCHA INDGENA EN DEFENSA DEL TIPNIS, LA DIGNIDAD, LA VIDA Y EL TERRITORIO 2.1. ANTECEDENTES Ante el desarrollo del proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, diversos pueblos indgenas e instituciones relacionadas con la temtica del medio ambiente advirtieron que el mismo ocasionara una serie de impactos negativos sobre el territorio de TIPNIS, su biodiversidad y la forma de vida de los pueblos indgenas. As, de acuerdo al anlisis realizado por el antroplogo del Centro de Investigacin y Promocin del Campesinado (CIPCA), Amilcar Zambrana, en la regin central del TIPNIS el impacto ambiental puede ser significativo porque las fuentes de agua compuestas por yomomos, curichis, arroyos, dependen de la recarga de acuferos, estamos hablando de un ecosistema muy frgil que se caracteriza por poseer fuentes de agua todo el ao. Es ms, la humedad de las sbanas que garantizan la produccin de gramneas locales, depende de las fuentes de agua, sobre todo en los meses secos que van de agosto a noviembre; sin ellas, la sbana puede convertirse en un lugar calcinado y en ese contexto, la vida silvestre de la zona tiene pocas probabilidades de sobrevivir. Nuevamente, la plataforma de una carretera convencional afectara la relacin entre la zona de recarga de acuferos y el ecosistema de la regin centro que se basa en las fuentes de agua. Adems de lo indicado, en la regin sur del TIPNIS, la construccin de una carretera convencional que vaya por el pie de monte, siguiendo el camino que fue trazado, constituira una plataforma que daara la vinculacin necesaria que tiene que haber entre la regin donde se recargan los acuferos y el curso de los ros en su parte baja. En la regin de confluencia entre los ros Isiboro y Scure el impacto ambiental de la carretera implicara la contaminacin y afectacin del afluente del ro lo que en consecuencia significara la ruptura de ciclos vitales, vulnerando con ello la vida silvestre, el desove de peces que arriban hasta las cachuelas (ro con piedra), esto sumado a que la plataforma de carretera, rompera circuitos para la reproduccin y sostenimiento de la diversidad gentica de las manadas de chanchos, monos y otros animales que se desarrollan en ciclos de itinerancia entre los bosques de galera inundables que caracterizan la confluencia de los ros Isiboro y Scure, con los bosques que estn en el pie de monte y el subandino.

En la regin del alto Scure, el impacto ambiental de una carretera ser muy significativo porque partir en dos la zona ncleo, y atravesar la regin yungea de mayor conservacin en Sudamrica. Si el tramo carretero se hace por el pie de monte u orillando el pie de monte (los bosques inundables y las sabanas no son las mejores condiciones geolgicas para una carretera), en cualquiera de los casos, la plataforma de carretera romper con los ciclos biolgicos que hay entre el subandino, el pie de monte, los bosques inundables y la sbana moxea, ecosistemas que componen el TIPNIS. Al respecto, el antroplogo Xavier Alb, sostiene a partir de la investigacin del Programa de Investigacin Estratgica en Bolivia, denominado Viabilidad econmica e institucional para el desarrollo de iniciativas que reduzcan la desforestacin en el TIPNIS, que uno de los efectos es circuitos para la reproduccin y sostenimiento de la diversidad, como consecuencia de la ocupacin, como se grafica en el cuadro siguiente (Izquierda sin carretera derecha con carretera):

Observando as claramente que el desmonte proyectado provocara un rebalse por todos lados, cubriendo totalmente la parte central norte del TIPNIS norte, dejando slo a ambos lados una parte ms boscosa y montaosa al oeste y otra naturalmente menos boscosa y ms inundadiza al este. De igual forma, el citado informe del Programa de Investigacin Estratgica en Bolivia, seala claramente que el TIPNIS cuenta con el potencial de masa boscosa (aprox. 930.230 ha) y carbono que puede ser conservado reclamando la compensacin por las funciones ambientales para mitigar el cambio climtico. Sin embargo, en la actualidad, casi toda la deforestacin se concentra en la zona de colonizacin en la parte sur TIPNIS, muy cerca de los municipios cocaleros. As, las imgenes de satlite muestran que la deforestacin sobrepasa la denominada lnea roja. La proyeccin de deforestacin en el TIPNIS, con o sin carretera, muestra una prdida dramtica de bosque. Adems que la deforestacin en el TIPNIS, producto directo e indirecto de la construccin de la mencionada carretera, alcanzara el 64,5% de la cobertura forestal del TIPNIS hasta el ao 2030, lo cual equivaldra a aproximadamente 600.000 ha. Esto, consecuentemente, correspondera a 90 millones de toneladas de CO2, con un valor muy conservador de entre 100 y 200 millones de dlares si se asume un precio de entre uno y dos dlares por tonelada mtrica de CO2 (www.chicagoclimatex.com). No obstante, como se ha sealado, este precio es extremadamente conservador y est entre los ms bajos del mercado voluntario ya que, si se realiza el mismo clculo considerando el precio del CO2 en el mercado regulado donde la tonelada mtrica de carbono se vende, en promedio, a 20 dlares, los ingresos potenciales para el TIPNIS rondaran los 1.800 millones de dlares.

El clculo de costos de oportunidad de la conservacin del bosque se refiere a las posibles ganancias que se pueden obtener por un uso agropecuario de un rea forestal. Esta cifra es til para estimar la rentabilidad de una actividad de deforestacin as como para estimar el monto que tericamente se necesitara para compensar a un dueo de un rea forestal que renuncia a un uso agropecuario para conservar el bosque. El estudio econmicofinanciero realizado en el TIPNIS sobre la produccin agrcola y forestal de las comunidades indgenas ha determinado que con la construccin de la carretera los costos de transporte bajaran considerablemente y, en cambio, se incrementara la renta o ingresos de las familias. Un anlisis proyectado a 30 aos muestra una renta anual de aproximadamente 818 dlares por hectrea (usd/ha) para un escenario sin carretera y de 1.667 (usd/ha) para un escenario con carretera. La diferencia de rentabilidad entre estos escenarios se debe a los altos costos del transporte fluvial registrados actualmente. Es importante resaltar, no obstante, que incluso la estimacin de la renta futura considerando la construccin de la carretera es todava inferior al promedio de la renta nacional per cpita, lo que evidencia los altos niveles de pobreza en esta zona. An con la inversin en grandes obras de infraestructura, son necesarias otras medidas que permitan mejorar sustancialmente los medios de vida de la poblacin local indgena. Por otra parte, la rentabilidad del manejo forestal es de aproximadamente 531 usd/ha, considerando los planes de manejo actualmente desarrollados en el TIPNIS y los precios de la madera en el mercado local. Estos datos muestran que la agricultura es ms rentable que la actividad forestal, razn que inducira a una mayor desforestacin. Adems del ecosistema, el Servicio Nacional de reas Protegidas, seal en el informe elaborado por RUMBOL, que en un escenario probable: La Poltica de integracin departamental / nacional, en el corto y mediano plazo, consolidar y establecer las condiciones para la ampliacin del modelo colono debido a que: a) la carretera atraviesa por todas las zonas productivas de este modelo; b) abre la posibilidad de ampliar, sobre el piedemonte, reas de produccin similares; c) articular el rea de colonizacin del polgono 7 con las reas de colonizacin que se estn estableciendo al norte del territorio del TIPNIS, incluida la zona de colonizacin Yucumo Rurrenabaque Tumupasa - Ixiamas, a las cuales tambin las potenciara. Esta poltica de integracin departamental / nacional tendr, a largo plazo, un efecto diferente, des estructurador del modelo indgena debido a que: a) socavar las condiciones ambientales necesarias para el modelo socio econmico co adaptativo; b) alterar las condiciones de uso y ocupacin del territorio obstaculizando los desplazamientos poblacionales con fines culturales y econmicos; c) la zona de frontera estar expuesta a una mayor presin socio cultural econmica y finalmente absorbida por el modelo colono. El modelo indgena, en el corto y mediano plazo, no tendr el impacto positivo de una carretera (integracin, facilidad de transporte, articulacin con otras reas) porque la carretera pasa muy lejos de las comunidades indgenas. Sobre este particular, Sarela Paz del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologa Social, plantea que si el trazo de la carretera atravesara el pie de monte o va bordeando el mismo, esto supondra por una parte un cambio en la ocupacin espacial del Parque, ya que las comunidades indgenas se veran incentivadas a concentrarse en las cercanas o bordeando el tramo de la carretera que les afecta, lo cual implicara un abandono de sus actividades permanentes y una emergente desestabilizacin de la

economa tnica que les es propia, sobre todo porque ni las actividades agroforestales del chocolate, ni el aprovechamiento de saurios, ni la ganadera son susceptibles de trasladarse a la zona de la carretera. Por otra parte, el acercamiento de los pueblos indgenas a la carretera significara un contacto directo y permanente con los colonos lo que influira negativamente en los ejes bsicos de la economa tnica (Esto es, agricultura, caza, pesca y recoleccin) por el incentivo de plantacin, produccin y comercializacin de la hoja de coca. Adems de lo citado, los efectos negativos en la economa de los pueblos indgenas del TIPNIS, afectaran el ciclo de economa combinada que integra la economa tnica con actividades comerciales en algunos rubros. Por ejemplo el caso del cacao, venta de cueros de saurios y la actividad ganadera. Pues se podra pensar que para dichas actividades la carretera es una oportunidad de vinculacin comercial, facilitara el traslado de productos. Sin embargo, si la carretera pasa por el pie de monte u orillando el pie de monte del TIPNIS, las comunidades de ambas regiones no tendran ningn beneficio porque sta se encontrara distante de sus asentamientos. En mrito a lo manifetsado y en defensa de sus derechos, se llev a cabo entre el 17 y 18 de mayo de 2010, el XXIX Encuentro de Corregidores del Territorio Indgena y Parque Nacional Isiboro Scure Autnomo de los pueblos Indgenas Moxeo, Yuracar y Chimn, donde se emiti la Resolucin 001/2010, que en su parte considerativa refiere que: Uno de los principales puntos de anlisis fue la posicin de los Corregidores y todas las autoridades participantes en lo referido a la construccin de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que no toma en cuenta nuestra existencia, derechos territoriales y la condicin de rea protegida Que, estamos cansados de enviar cartas y resoluciones con nuestra posicin de rechazo a la iniciativa de construir una carretera que una Villa Tunari con San Ignacio de Moxos, que jams han sido atendidas ni escuchadas por el actual Gobierno De esta manera se resuelve: 1. Rechazar contundente e innegociablemente la construccin de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, o todo trazo carretero que afecte nuestro territorio, nuestra casa grande. 3. Declarar estado de emergencia y movilizacin inmediata y permanente para la defensa de nuestros derechos, la integridad territorial y los derechos de la madre tierra. Posteriormente, debido a la inauguracin de la obra en fecha 3 de junio de 2011 por parte del Presidente del Estado Plurinacional, los das 24, 25 y 26 el mismo mes, se desarroll en la ciudad de Trinidad, departamento del Beni, la III Comisin Nacional de la Confederacin de Pueblos Indgenas de Bolivia (CIDOB), con la participacin de todas las regionales que conforman esa organizacin y la Subcentral del TIPNIS.

En dicha oportunidad, se determin convocar a la realizacin de la VIII Gran Marcha Indgena por la Defensa del Territorio Indgena Parque Nacional Isiboro Scure TIPNIS, por los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indgenas. Posteriormente, del 19 al 22 de julio del ao en curso, nuevamente se rene de emergencia la IV Comisin Nacional de la CIDOB, resolviendo modificar la fecha de inicio de la marcha para el 15 de agosto de 2011 y con direccin a la sede de Gobierno. En ese mismo sentido, se llev a cabo del 28 de julio al 3 de agosto del 2011, en la comunidad de San Pablo el XXX Encuentro de Corregidores del Territorio Indgena Parque Nacional Isiboro Scure (TIPNIS), con la participacin de aproximadamente 250 personas, corregidores, delegados, comunarios y otras organizaciones, resolvindose rechazar nuevamente la construccin de la carretera debido a la afectacin a los pueblos indgenas que habitan el lugar y los daos consiguientes al medio ambiente. Asimismo, esa instancia orgnica otorg su pleno respaldo a la Resolucin emitida en el IV Comisin Nacional de la CIDOB, desarrollada das antes y que estableca el inicio de la marcha desde Trinidad hasta La Paz siguiendo la ruta de la Gran Marcha del ao 1990. 2.2. DESARROLLO DE LA MARCHA La cronologa que se desarrolla a continuacin tiene como base principalmente la informacin difundida por diversos medios de comunicacin del 15 de agosto al 24 de septiembre de 2011. 2.2.1. Inicio de la marcha El 15.08.11 los indgenas de los pueblos mojeos trinitarios, mojeos ignacianos, yuracares, chimanes, itonamas, movimas, canichanas, sirionos, mor, maropas, tacanas, cavineos, chacobos, ayoreos, guaranies, chiquitanos, araonas, machineris, yuquis, quechuas y aymaras, inician la marcha en defensa de su territorio desde la ciudad de Trinidad, con destino a la ciudad de La Paz. Rechazan los planes del Gobierno del presidente Evo Morales de construir una carretera de 306 kilmetros que dividira en dos el TIPNIS. En la primera jornada recorren aproximadamente 17 kilmetros6. 17.08.09. La Subgobernacin de la provincia Ballivin del departamento del Beni busca que se entable un primer encuentro con autoridades de Gobierno7. 18.08.09. Los marchistas esperan la presencia del Presidente del Estado Plurinacional en el trayecto de la marcha, El Diputado del MAS y Representante de los pueblos indgenas del oriente, Pedro Nuni y el presidente de la CIDOB, Adolfo Chvez, descartaron ese da, realizar el dilogo en San Ignacio de Moxos. 2.2.2. Sucesos en San Ignacio de Moxos A las 09.45 del 19.08.11, tras cinco das de caminata los marchistas llegaron a San Ignacio de Moxos, Mientras los campesinos se instalaban cerca del surtidor a la salida de este municipio, un grupo de cvicos que apoya la carretera bloqueaba la tranca que

conduce a San Borja, prxima meta de los marchistas. La mayora de los comercios cerraron y el mercado central funcionaba a medias. El dirigente de la CIDOB, Adolfo Chvez, ratific que los pueblos indgenas no estn dispuestos a reunirse con ninguna otra autoridad de Estado que no sea Evo Morales. Por su parte el rgano Ejecutivo enviara una comisin multiministerial para dialogar con los indgenas. En declaracin del Ministro Carlos Romero, confirm que encabezara la comisin gubernamental, que estar conformada adems por el Ministro de Obras Pblicas,Walter Delgadillo y un equipo de viceministros y tcnicos. Agreg que, decidieron asistir a la cita respondiendo a una iniciativa de las autoridades de SanIgnacio de Moxos y anticip que la instalacin del dilogosignifica abandonar cualquier impostura. 21.08.11. El intento de dilogo no prosper debido a que las partes no coincidieron en el lugar del encuentro. Los indgenas ampliaron sus demandas a 16 puntos8, teniendo como

Pliego de la CIDOB al Gobierno 1.TIPNIS.- Rechazamos la construccin de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que afectan a los territorios TIPNIS, TIM y TIMI. Demandamos la paralizacin inmediata del estudio socio ambiental y cualquier otro estudio o actividad de la construccin de la carretera as como la paralizacin de las obras y actividades de construccin de la carretera, el retiro de maquinarias, campamentos y personal que se encuentran en la construccin de esta carretera. Demandamos la abrogacin y anulacin de las leyes, normas y decretos sobre la construccin de la carretera. 2.Parque Nacional Aguarage.- Exigimos la paralizacin de todas las actividades hidrocarburferas en el Parque Nacional Aguar age. 3.Tierra y Territorio.- El Gobierno del Estado Plurinacional, debe garantizar que los Territorios Indgenas sean respetados en la nueva legislacin agraria. Demandamos la conclusin del saneamiento y titulacin de todos los Territorios Indgenas (TCOs) y los replanteos y compensaciones territoriales. Exigimos que se proceda al desalojo de todos los terceros ilegales en nuestros territorios hasta fin de ao. Demandamos la inmediata reversin y expropiacin de tierras y la dotacin de tierras fiscales a favor de los pueblos indgenas del lugar, que no tienen tierra y los que las tienen insuficientemente atendiendo las demandas de los pueblos indgenas para consolidar los derechos territoriales de los pueblos indgenas. Demandamos la atencin a las demandas territoriales de los Pueblos Indgenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial, debiendo garantizarse los derechos de estos pueblos de conformidad a lo establecido por el artculo 31 de la Constitucin Poltica del Estado. Demandamos que se convoque a la CITCO en la que se debe proceder a la planificacin de continuidad y conclusin del saneamiento, los replanteos, compensaciones y desalojos, en dicha CITCO el INRA debe informar sobre el estado de ejecucin del saneamiento. El Gobierno debe garantizar los recursos econmicos suficientes para financiar la conclusin del saneamiento de nuestros territorios. Demandamos el levntamiento de las trancas y cobros ilegales establecidas por los colonizadores, ganaderos, agropecuarios y privados que atentan contra los derechos de libre locomocin y transito de los pueblos indgenas. 4.Cambio climtico, Fondo Verde y REDD.- Demandamos que el Gobierno reconozca nuestros derechos a recibir directamente la retribucin (pago) por compensacin por la mitigacin de gases de efecto invernadero que cumplen nuestros territorios (servicios ambientales). 5.Desarrollo Normativo y derecho a la consulta.- Exigimos al Gobierno del Estado Plurinacional, que todos los anteproyectos de Ley de inters de los Pueblos Indgenas antes de ser presentados al rgano Legislativo Plurinacional, deben ser consultados y elaborados en coordinacin y consenso con las organizaciones representativas de los pueblos indgenas parte de la CIDOB. El resultado sobre este tema debe ser parte de una agenda conjunta de trabajo acordada entre la CIDOB y el Gobierno. Demandamos que en la elaboracin de la Ley de Hidrocarburos, se incorporen las propuestas de los pueblos indgenas del oriente, chaco y la Amazona boliviana e inmediatamente el Gobierno convoque a mesas de dilogo para la elaboracin y concertacin del contenido de esta ley. Exigimos se respete el derecho de consulta y participacin en todos los proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos y minera y otros megaproyectos, carreteras,

hidroelctricas que pudieran afectar a los pueblos indgenas, entre ellos los siguientes: Carretera Ipat Muyupampa - Monteagudo; Tnel Aguarague; Carretera San Borja - Rurrenabaque - Carretera San Buenaventura - Ixiamas. 6.Desarrollo Productivo (FDPPIOYCC).- Descentralizacin del FDPPIOYCC a las regiones del oriente, chaco y la amazonia; con asignacin de recursos econmicos especficos para los pueblos indgenas del oriente, chaco y amazonia boliviana (34 pueblos y naciones indgenas de tierras bajas). Incorporacin de la visin de desarrollo de los pueblos indgenas de tierras bajas en las polticas de desarrollo nacional. Demandamos la incorporacin de la CNAMIB como miembro del FDPPIOYCC. Demandamos la consideracin de exenciones tributarias a las actividades econmicas para pueblos indgenas e incentivos para fomentar su desarrollo. 7.Autonoma Indgena.- Demandamos que el Gobierno del Estado Plurinacional provea los recursos econmicos para la implementacin de la GTI en todos los Territorios Indgenas titulados como medio para ir avanzando hacia las autonomas indgenas. La Ley de Unidades Territoriales a aprobarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional, debe posibilitar el acceso a las autonomas indgenas en todos los territorios indgenas, sin hacerlas depender de la voluntad o inters poltico de las gobernaciones de los departamentos que manifiestamente han demostrado su oposicin. 8.Ley de Bosques y directrices.- Participacin de los pueblos indgenas en la elaboracin de la ley de Bosques, la que debe contemplar toda la poltica forestal e incorporar las propuestas regionalizadas de los pueblos indgenas. Paralizacin de la aplicacin de las nuevas directrices forestales que afectan a los pueblos indgenas, aplicndose las que se encontraban vigentes antes de la aprobacin de las nuevas directrices. La ABT debe cambiar a los funcionarios pblicos de su dependencia que cuenten con denuncias presentadas por los pueblos indgenas y contratar personal idneo que conozca la regin y sus caractersticas. 9.Parques Nacionales y reas Protegidas.- En la elaboracin de la Ley Especial de reas Protegidas, pedimos se incorporen las propuestas y visiones de los pueblos indgenas. 10.Educacin.- Desembolso inmediato de los recursos econmicos asignados para la construccin de la infraestructura apropiada para el funcionamiento de la UNIBOL de tierras bajas, con albergues y comedores dignos para los universitarios indgenas, correspondiendo la suma de Bs. 8.888.888, 67 bolivianos. Nueva Ley para mejorar el funcionamiento de la UNIBOL. Respeto a los profesionales indgenas en el ejercicio de la ctedra universitaria en la UNIBOL de Tierras Bajas y en la Normal Superior. Programa Nacional de atencin a la mujer, niez y adolescentes, seguridad alimentaria, revitalizacin lingstica, formacin tcnica vocacional, productiva, ecologa y patrimonios culturales. Promulgacin del D.S. del Instituto Plurinacional de lengua y cultura con sede en la ciudad de Santa Cruz. Aprobacin de la Ley General de Derechos y Polticas Lingsticas con la participacin de 34 naciones de tierras bajas. Aprobacin de los currculos regionalizados en todos los niveles. Desconcentracin de la Universidad Indgena UNIBOL en el Norte y Bolivia. Participacin de los pueblos indgenas en la formulacin de leyes, polticas y ejecucin de programas de educacin. 11.Salud.- Incorporar efectivamente a los pueblos indgenas como beneficiarios del seguro universal de salud y el acceso de nios y mujeres a los servicios de los seguros especializados. La creacin de nuevos tems de mdicos tradicionales en los centros de salud que garanticen la buena atencin de los hermanos indgenas. La creacin de nuevos tems SAFCI en los centros de salud de las comunidades indgenas de tierras bajas. Creacin de hospitales mviles y de tercer nivel en las regiones con poblacin indgena. Creacin de hospitales de tercer nivel en regiones indgenas. Participacin de los pueblos indgenas en la elaboracin de la Ley de Salud. Aprobacin de los programas de salud regionalizados en todos los niveles. 12.Censo.- Se debe realizar el censo de poblacin y vivienda lo ms pronto posible, incorporando a los territorios indgenas como unidades diferenciadas de secciones o municipios a los fines de obtener datos concretos en los territorios, lo que posibilitar la implementacin de polticas especficas para pueblos indgenas, as como su acceso a las autonomas indgenas. 13.Vivienda.- Implementacin de planes de vivienda para pueblos indgenas en sus territorios y regiones, as como para los indgenas migrantes que viven en las ciudades. 14.Problemtica del Ro Pilcomayo.- Implementacin de polticas de manejo, proteccin y conservacin de la cuenca del Ro Pilcomayo, por ser una fuente de subsistencia de los pueblos Weenhayek, Tapiete y Guaran. 15.Comunicacin.- Garantizar el derecho pleno al acceso, uso y manejo de la informacin y la comunicacin de los pueblos indgenas. Implementacin y financiamiento de un canal de televisin de la nacin guaran. Garantizar la obtencin de licencias y frecuencias de funcionamiento de manera directa y gratuita de los

primer punto, el rechazo al tramo II de la carretera. El Ministro de Comunicacin, Ivn Canelas, inform, en una conferencia de prensa en Cochabamba, que recibieron la carta en la que los marchistas exponen las 16 demandas, que record llegaban a 13 puntos un da antes. Desde su campamento en San Ignacio de Moxos, el movimiento indgena rechaz la invitacin del Gobierno de enviar una comisin a La Paz para reunirse con el presidente Evo Morales y resolver el conflicto desatado por el tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio, reiterando que ya no se reunirn con ningn ministro, y que si el primer mandatario indgena quera atender a sus hermanos deba bajar en persona hasta la marcha. El 23.08.11 se reinicia la movilizacin. 2.2.3. Tramo San Ignacio de Moxos-San Borja 25.08.11. Los indgenas aceptaron conversar con la comisin presidida por dos ministros que lleg a San Borja, en un primer acercamiento para establecer las bases del dilogo. La reunin se inicio a horas 9:00, aunque los pueblos de tierras bajas exigen la presencia del Presidente. Por su parte los Pueblos Guaranes amenazan con el cierre de vlvulas de ductos. En la reunin llevada a cabo con la comisin gubernamental, se acuerda el establecimiento de seis mesas de trabajo, como son: 1- Educacin y Comunicacin; 2.Medio ambiente (TIPNIS) Territorio y Autonoma, 3.- Salud, Vivienda y desarrollo productivo, as como otras mesas relativas a Aguarage y la agenda de la Asamblea del Pueblo Guaran (APG) 26.08.11. Los marchistas condicionaron el inicio del dilogo con el Gobierno a que se hagan presentes en el lugar de la movilizacin 10 ministros, decidiendo que el trabajo en las 6 mesas comenzara cuando esas autoridades lleguen al lugar donde se encuentre la marcha, pese a que los Ministros Delgadillo y Morales explicaron que era complicado alejar a medio gabinete de la administracin delEstado y propusieron el arribo paulatino de las autoridades, en funcin del avance temtico del dilogo. Debido a la posicin sealada, los movilizados decidieron retomar su caminata con rumbo a la sede de Gobierno, entre las 04:45 y 05:00 desde Santa Ana del Moseruna, luego de esperar la llegada de otros ministros para entablar el dilogo en Puerto San Borja. En la madrugada se produjo una estampida de ganado vacuno que dej un saldo de cinco marchistas heridos en el camino a El Totaizal, tramo en el que tambin volc un vehculo con el saldo de 3 personas heridas, que segn el dirigente indgenaCelsoPadilla transportaba a miembros de Inteligencia del Gobierno. El Ministro de Obras Pblicas, Walter Delgadillo, inform que en el dilogo que sostuvieron en San Ignacio de Moxos con los representantes de los pueblos indgenas del

medios de comunicacin de los pueblos indgenas por su naturaleza de construccin de la plurinacionalidad y sus distintas cosmovisiones. 16.Cumplimiento del acuerdo de Mayo de 2.010 con la APG.- Cumplimiento del acuerdo de Mayo de 2.010 con la APG

TIPNIS, se acord trabajar en seis mesas, con al menos un ministro presente en cada una de ellas, seal que ese era el acuerdo para empezar la negociacin, indic que por motivos de gestin gubernamental, el planteamiento de los indgenas de exigir la presencia de 10 ministros no pudo ser atendido. En ese mismo sentido, el Ministro de Comunicacin, Ivn Canelas, confirm que los ministros que viajaron al Beni para dialogar con los indgenas del TIPNIS, retornarn a La Paz tras fracasar en el intento de consensuar con este sector. Afirm que el Gobierno busc el dilogo por cuarta vez y no se puede caminar detrs de los marchistas. Aadi que se perjudic a estas autoridades, ya que tienen mucho trabajo que atender, con una postura totalmente poltica al negarse al dilogo 29.08.11. La marcha pernoct en la comunidad de El Totaizal. En el lugar el dirigente Fernando Vargas, declar que el dilogo no estaba roto, porque todava no haba empezado, por lo que realizaran una evaluacin para decidir si esperaban ms tiempo a los ministros invitados o de lo contrario reanudaran la marcha hasta La Paz El Gobierno dijo que no tiene un pedido oficial de parte de los dirigentes indgenas para enviar hoy a la comunidad de El Totaizal una comisin de ministros para dialogar, mientras la Asamblea del Pueblo Guaran (APG) anunci que bloqueara la carretera hacia Argentina si la reunin en la Estacin Biolgica de Beni no era instalada Los indgenas que en ese momento se encontraban a 52 kilmetros de San Borja a la espera de las autoridades gubernamentales para entablar las conversaciones en la Estacin Biolgica del Beni. Los marchistas esperaran una respuesta hasta las cuatro de la tarde, caso contrario retomaran la marcha y no aceptaran ningn tipo de dilogo en la carretera. El 30.08.11 se reanud la marcha en la madrugada despus de esperar hasta el medioda del 29 de agosto a 10 ministros que haban solicitado como requisito para el inicio del dilogo. A 16 das de la marcha indgena en defensa delTIPNIS, el Gobierno puso cuatro condiciones para instalar el dilogo y los movilizados decidieron dar un plazo hasta la tarde de ese da para que ello ocurra, antes de continuar su caminata rumbo a San Borja. El Ministro de la Presidencia Carlos Romero, manifest que estaba esperando la respuesta de los dirigentes indgenas, para coordinar la reunin que deba realizarse en base a los cuatro puntos propuestos por el Gobierno. Los ministros que se reuniran para iniciar el dilogo son Teresa Morales, Nemesia Achacollo, Walter Delgadillo y Claudia Pea. 31.08.11. Los ministros Romero, Llorenti y Pea se trasladaron a San Borja, sin embargo, los dirigentes del TIPNIS no se hicieron presentes. El Gobierno envi una nueva invitacin a los representantes. Los indgenas rechazaron la invitacin a dialogar con slo tres ministros de Estado hecha por el Ministro de Comunicacin, Ivn Canelas. 02.09.11 La marcha ingres en horas de la maana a San Borja, en medio de ovaciones, repiques de campanas y aplausos de los pobladores de esa ciudad, que de inmediato organizaron una campaa de donativos para recolectar agua y alimentos. Realizando los marchistas un mitin en la plaza principal.

En un contacto con los marchistas, estos rechazan la propuesta de los representantes del Gobierno de llamar a una consulta inmediata para decidir el futuro de la carretera. 05.09.11. El dilogo entre Gobierno e indgenas se rompi luego que la dirigencia objet las seis alternativas que present el Ejecutivo para construir el tramo IIde la va Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, as como la propuesta de ir a una consulta pblica. El dirigente de la CIDOB Adolfo Chvez, dijo que mientras estn en un cuarto intermedio movilizado, aprovecharn el da para dedicarse a la atencin de salud de los ms de 1500 marchistas, quienes sienten cansancio y presentaban lesiones en los pies. Expres que la condicin para retomar el dilogo, es que el Gobierno responda que no van a partir el TIPNIS, de lo contrario todo intento de dilogo sera infructuoso. 2.2.4. San Borja-Yucumo 06.09.11. Los indgenas que marchan por el TIPNIS cambiaron de posicin y decidieron acudir al dilogo convocado por el Gobierno. Acordaron reunirse a las 9:00, para seguir debatiendo las propuestas de construccin de la carretera Villa TunariSan Ignacio de Moxos, que pasara por el rea natural y territorio indgena El cuerpo del nio Juan Uche Noe, de ocho meses fue enterrado, presumiblemente vctima de una enfermedad digestiva y quien era parte de un considerable nmero de nios, nias y adolescentes que sumaban 180. Al da siguiente la marcha determin proseguir, debido a que aduca que el equipo de Ministros no garantiz la presencia del Presidente. La marcha partira rumbo a la sede de Gobierno en tres bloques: el primero compuesto por las mujeres, el segundo por nios y el ltimo por varones; pese a las amenazas de bloqueos y posibles enfrentamientos con los colonizadores que bloquean la ruta, a la altura del puente San Lorenzo. 07.09.11. Las seis propuestas planteadas por la comisin de ministros y fundamentadas por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) consideran cruzar por el parque como nica alternativa de solucin, ofrecimiento que fue rechazado por la dirigencia indgena que solicit que la carretera pase por fuera del TIPNIS. Ante esta situacin, la dirigencia indgena declar un cuarto intermedio movilizado para continuar la marcha, pero no descart recibir nuevas propuestas del Gobierno para encontrar una salida al conflicto. El 09.09.11, luego de la pausa decretada por los marchistas del TIPNIS por el fallecimiento del cacique Eddy Martnez en un accidente areo, los indgenas se aprestaban a continuar la caminata rumbo a Yucumo. El Gobierno envi una carta a los indgenas, pero stos no consideraron su contenido. La columna de marchistas parti a las 16.00 la localidad beniana de San Borja rumbo a la comunidad La Rinconda despus de que el Gobierno declarara oficialmente rotas las negociaciones. Tras 28 das de movilizacin, la marcha sali de San Borja, avanz 25 kilmetros y esper al Canciller en la comunidad de San Isidro de La Embocada.

12.09.11. Una comisin formada por los ministros de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca; de la Presidencia, Carlos Romero, y de Obras Pblicas, Walter Delgadillo, se traslad a la localidad de San Isidro de La Embocada (Beni) 13.09.11. El canciller David Choquehuanca busc instalar el dilogo con los marchistas. En tanto los cocaleros amenazaron con bloquear la localidad de Caranavi. El dirigente de la Federacin de productores de la hoja de coca de Caranavi, Juan Cachaca, amenaz con otro bloqueo en la regin pacea, si no se consolida el dilogo entre el Gobierno y los indgenas. Comenzando el dilogo del canciller Choquehuanca con los marchistas al promediar las 11.20 horas. 14.09.11. Se declar un cuarto intermedio en el dilogo que se reanud el 13.09.11 entre el Gobierno y los indgenas hasta el da siguiente ya que se esperara que el presidente Evo Morales haga llegar una respuesta en cuanto a que se ratifica la consulta previa o si se volver a fojas cero en la construccin de la carretera por medio del TIPNIS, como lo piden los pueblos de tierras bajas. La reunin entre Gobierno y marchistas no pudo avanzar por la posicin gubernamental expresada por el Canciller, quien afirm que ya existe una decisin tomada por el Ejecutivo respecto a la construccin de la carretera. Adems, dijo que se realizara una consulta respetando las normas nacionales e internacionales 2.2.5. Bloqueo en Yucumo contingente policial La concejala de Yucumo, Ana Vidal, inform el 29.08.11 la determinacin del ampliado de emergencia realizado en esa poblacin, que determin bloquear la carretera que conecta con la ciudad de La Paz, para evitar el paso de la marcha. El 08.09.11, un contingente de policas se traslad hasta la localidad de Yucumo para evitar situaciones de violencia, mientras los indgenas reanudan marcha y los colonos refuerzan el bloqueo. La dirigencia de la marcha y los colonizadores no lograron acuerdos en sus reivindicaciones. Los marchistas pidieron al Defensor del Pueblo la presencia de los policas e incluso de las Fuerzas Armadas para que les garanticen la transitabilidad y as evitar un enfrentamiento. 14.09.11 Un contingente de la Polica se instal a cinco kilmetros de La Embocada, en el sector denominado Limoncito para no dejar pasar a los marchistas en caso de que el dilogo no sea fructfero y stos reanuden la marcha hacia Yucumo, donde un grupo de colonos bloquea la carretera. Tras un paro cvico de 24 horas y el fortalecimiento del bloqueo de la carretera a San Borja, los yucumeos advirtieron con un paro regional que se ampliara a Caranavi, Alto Beni y Palos Blancos si los indgenas insistan en marchar hacia La Paz El 16.09.11 la marcha se reanud, luego de que el Gobierno ratific que se ir a una consulta previa para la construccin de la va que atravesar el territorio indgena, en

tanto que los colonos que bloqueaban Yucumo anunciaron una contramarcha y que daran huasca (azote) a los originarios para lograr que retrocedan. 20.09.11. La marcha reanud su movilizacin rumbo a la sede de Gobierno. Aguardan la mediacin de la Iglesia Catlica que se encuentra en el lugar, del Defensor del Pueblo, Rolando Villena y los medios de comunicacin para que se les permita pasar Yucumo de manera pacfica. Los indgenas refieren: Nos reunimos con el coronel Alberto Aracena, l dijo que tiene rdenes superiores del Gobierno para que no se deje pasar un metro ms all de Limoncito y ellos estn para obedecer. Los indgenas de tierras bajas, invitan al Gobierno a dialogar a 45 km de Yucumo en la comunidad de Quiquibey. El presidente de la Subcentral del Territorio Indgena Parque Nacional Isiboro Scure (TIPNIS), Fernando Vargas, condicion esa reunin previo desbloqueo de los colonos y el retiro de los policas en Yucumo. El Gobierno volvi a rechazar el pliego de peticiones de 16 puntos que enviaron los indgenas del TIPNIS, a travs del Defensor del Pueblo, Rolando Villena. El Ministro de Gobierno, Carlos Romero asegur que las demandas indgenas derivaran en dejar de pagar los bonos: Juancito Pinto, Juan Azurduy de Padilla y la Renta Dignidad para destinar esos recursos al Fondo Indgena El 21.09.11 un contingente de 400 policas enarbol una bandera blanca y se apost en dos frentes de la carretera Yucumo-San Borja, con lo que evit que la marcha indgena y la contramarcha de colonos haga contacto fsico y derive en posibles conflictos. 23.09.11. El Gobierno determin enviar una nueva comisin de autoridades del rgano Ejecutivo, encabezada por el canciller David Choquehuanca, a la marcha de los pueblos del Territorio Indgena y Parque Nacional Isiboro Scure (TIPNIS). 2.2.6. Ministro de Relaciones Exteriores: dilogo y retencin. El 24.09.11 a horas 9.20 a.m., David Choquehuanca y los viceministros Csar Navarro y Wilfredo Chvez llegaron en busca de una reunin entre el Gobierno, los marchistas y los colonos que bloqueaban Yucumo. El cerco policial de Chaparina se rompi debido al avance de los indgenas hasta unos 500 metros del puente San Lorenzo, debido a que un grupo de mujeres tom del brazo al canciller David Choquehuanca y lo obligaron a marchar El presidente Evo Morales envi una carta de invitacin a los dirigentes de la marcha para reunirse esa noche en el Palacio de Gobierno a partir de las 20.00 y restablecer el dilogo a fin de atender su plataforma de demandas. 2.3. INTERVENCIN POLICIAL 2.3.1. Ejecucin del operativo De acuerdo a la informacin recopilada, el sbado 24 de septiembre, la Polica se constituy en la terminal terrestre de Trinidad, buscando contratar buses supuestamente

para trasladar y relevar efectivos policiales9. As, inicialmente, la empresa de Transporte Yunguea iba a ser contratada para el fin sealado. No obstante, debido a un conflicto anterior de la citada empresa con la institucin policial, emergente del traslado de efectivos de la Polica de La Paz a Yucumo, Yunguea rechaz el contrato y por lo que se contact al Sindicato de Transportes Isiboro Scure10, cuya administradora se encarg de buscar sus flotas11 y otras de la Cooperativa de Transportes12, para luego partir de Trinidad aproximadamente a las nueve de la noche13. Segn el testimonio de dos transportistas, el objeto del contrato era el traslado de efectivos de policas presuntamente hacia naranjal y de dicho lugar nuevamente a Trinidad. No obstante, en ningn momento se les inform que llegaran a Yucumo y que y mucho menos que recogeran marchistas o indgenas14. En este mismo orden, es de resaltar que llegando a Yucumo, los conductores de las flotas se quedaron esperando instrucciones y observaron como arribaban al lugar, otros dos buses15 desde San Borja16, a los cuales se aperson una funcionaria pblica de nombre Jacqueline (Ortiz u Ortub)17, contratando sus servicios de transporte. Sobre ste particular, uno de los testimonios manifiesta que: Yo ese domingo vengo con turno Trinidad- San Borja y viceversa, ese domingo, cuando llego a San Borja me llama la Sra. Roxana que es socia del Sindicato Isiboro Scure, esposa de don Moiss Quispe, y me dice Venite Ronald, hay ms personal para llevar y la paga es buena, venite Bueno entonces como todos trabajamos para ganar, entonces yo le acept y ya inmediatamente yo me voy. No descans ni un momento porque haba llegado de viaje de Trinidad a San Borja, a la media hora yo paso a Yucumo. Llegando all yo no encuentro a nadie, ellos ya estaban retornando en camino () el da domingo en la noche (7:30 y 8:00). Lleg ah y segua trancado todava pero vea que salan camionetas, policas, hasta que se me apersona un polica y me dice tu bus?, te han llamado? y yo le digo Si, yo no s para qu, ni para quin me dijo no, no, es para nosotros, date la vuelta y seguime Cuando ms adelante en camino haban 4 camionetas. (P-1) El da 25 de septiembre del ao en curso, al amanecer, varios marchistas se percataron del trnsito de 7 vehculos cargados con policas, quienes ingresaron por la parte posterior del lugar donde acampaban los mismos. Esto a fin presuntamente de realizar un cerco18. Por su parte, otras personas observaron ese da vehculos camuflados con hojas de caa19.

Testimonio AL-6. Testimonios P-1, P-2. 11 Testimonio P-2. 12 Testimonio P-1. 13 dem. 14 Un testimonio textualmente refiere: A m me contrat la secretaria Vivian, yo estaba en un llantero y me dijo Aprate vas a llevar policas al Naranjal, donde el Limonar ah vas a llegar y regresas con otros A m no me dijo que era a Yucumo, en ese lugar a mi me minti. Yo le pregunt: Dnde vamos a descargar a estos policas? Yo tengo que irme Ella me dijo: El encargado yo creo que va a venir (P-2). 15 Testimonio P-2 16 Testimonio P-1. 17 Testimonio P-1. 18 Testimonios M-10, PS-4. 19 Testimonio M-49.

Luego, la maana de ese mismo da, despus de la celebracin de una misa20 y una reunin de confraternizacin de ideas21, las personas que conformaban la marcha se abocaron a realizar diversas actividades22, como por ejemplo la preparacin de sus alimentos para el almuerzo23, lavado de ropa24, aseo personal y bao25, mientras otros descansaban26 y sus hijos jugaban en el campamento27. Aproximadamente a las 15:00, mientras el personal de salud atenda a la gente28, arrib al lugar una camioneta transportando vveres y una vaca donada29 por los pobladores de San Borja30, motivo por el cual algunos marchistas (varones) salieron a la carretera para carnearla,31 en tanto que otros del equipo de logstica se ocupaban de distribuir alimentos32. Adems de lo sealado, los grupos de seguridad33 organizados en el campamento vigilaban la carretera y sus alrededores, cuando aproximadamente a horas 16:0034, stos alertaron de la presencia e incremento paulatino de efectivos policiales35, quienes gradualmente realizaban un cerco36 37. Entre tanto, se constituyeron en el lugar 3 a 5 camionetas38 con ms policas39, quienes ingresaron por el frente y otros que llegaban del aserradero que se encontraba por la parte de atrs40. Por esta causa, algunos dirigentes41 se acercaron para preguntar el motivo del cerco y exigir el repliegue de los efectivos42. Logramos hablar con un Teniente con un Coronel donde le pregunte qu era lo que haca, no, por qu nos estaban cercando as y de esa forma el dijo que venan a resguardarnos venan a protegernos a nosotros porque iba a ver un ra20 21

Testimonio M-9. Testimonio M-46. 22 Testimonios M-9, M-46. 23 Testimonio M-46. 24 Testimonios M-11, M25, M-20, M-38. 25 Testimonios M-27, M-60, PS-4. 26 Testimonios M-25, M-19, M-18, M-36, M-30, M-35, M-27, M-20, 23 B, M-8, M-38. 27 Testimonios M-11, P-9. 28 Testimonio PS-4. 29 Testimonios 23 B, M-49, M-61, P-9. 30 Testimonios M-41, AL-2, P-9. 31 Testimonios M-36, M-35, M25, M-10, M-25, P-9. 32 Testimonio M-46. 33 Testimonios M-16, M-21, M-17, M-32. 34 Testimonio M-20. 35 De acuerdo con un testimonio un poblador del sector les advirti: Compaeros parece que los van a emboscar, la polica est tratando de derrotarlos (M-36). Asimismo, los M-35, 36, M-21 M-32, M-59, M60, M-61, PS-4, afirman el incremento paulatino de efectivos. 36 Testimonios M-21, M-16, M-17, P-9. 37 De acuerdo con el testimonio de un reportero, se encontraban en el lugar aproximadamente 500 efectivos policiales. (P-7, M-14). 38 Testimonio M-17. 39 Testimonios M-11, M-10, M-9, M-21, M-32, M-8. 40 Testimonio M-17. 41 Dirigentes como Fernando Vargas habran sido parte de este contacto. M-16 42 Testimonios M-36, M-16, M-17, M-25, M-15.

choque con los campesinos, con los bloqueadores, no yo le dije, por qu si nosotros no estamos haciendo dao a nadie, por qu no van ms () all y desbloquean (M-20) En este acercamiento, los uniformados (un coronel43) indicaron que se replegaran en un lapso de 15 a 30 minutos. Transcurrido este plazo, nuevamente se acercaron para insistir a los policas, momento en el que se inici el operativo con la detonacin de gases44. La guardia de seguridad de la marcha se encontraba como a unos 200 a 300 metros de la pascana45. Uno de los grupos estaba en el potrero, en los alambrados46 cuando vieron que las mujeres que se encontraban hacia la carretera empezaron a correr por los gases. 2.3.2. Intervencin policial Aproximadamente a las cinco y veinte, la Polica dio inicio al operativo de intervencin de la marcha. Se dispararon gases (los marchistas refieren haber escuchado detonaciones47) en momentos en que en el campamento las personas en general se hallaban desprevenidas realizando las diversas actividades relatadas previamente48, pues adems, la Polica reiter a las autoridades que ellos estaban ah para resguardar a los marchistas49, por lo que estos estaban despreocupados, como lo refiere el testimonio siguiente: () el domingo como nosotros estbamos de guardia hablando con ellos (los policas), ellos nos dijeron no hermano vamos a resguardarlos, nosotros queremos que se retiren de aqu, que se vayan all a su campamento, que se retire-, ellos nos dijeron -no ahorita vamos a salir, dennos una media hora o 20 minutos, vamos a desocupar ya, esprame-, pensando que nosotros bamos a salir, pero no fue as, era para llegar ah para pelear con ellos, atacarnos y dejar el campamento para ellos entrar ah, y meter flotas y camiones() cuando ya se cumpli ms o menos los 20 minutos ya escuchamos en el campamento all a tras Paj! reconoce pues, porque uno cuando ha ido al cuartel ya sabe ya conoce, no ya estaban atacando el campamento, a nosotros como guardias nos han llevado a otro lado para distraernos, y ah empezaron nos han gasificado (M-58) Segn varios relatos, el ataque se inici con la orden de alguno de los oficiales que estaba en el cerco50 y con una rfaga inicial de gases que llegaban de varios lugares, debido al cerco ejecutado previamente al ataque51, esto dej en estado de confusin y temor generalizado a los marchistas, pues los gases llegaban como una lluvia 52, tal como refieren varios testimonios:

Testimonios M-17, M-58. Testimonios M-31, M-36, M-19, M-18, M-36, M-26, M-11, M-10. 45 Lugar de descanso. 46 Testimonio M-17. 47 Testimonio M-12. 48 Testimonios M-3, M-1, M-14, M-41, PS-4. 49 Testimonios M-38, M-58, M-29, M-3. 50 Testimonios M-17, M-41, M-30, M-49, M-57. 51 Testimonios M-44, M-55, M-38 52 Testimonios M-55, M-38, M-48, M-41, M-31 y M-45.

Nosotros estbamos ah en el momento en que llevaron adelante el ataqueellos gritaron y dijeron Al ataque, fuego! y ah empezaron () (M-41) () cuando vi en el aire los gases lacrimgenos nos han dado de ambos lados, de ambos cantos, nos han querido encerrar () (M-46). los gases caan como lluvia, cada uno ni siquiera a las seoras los han tenido pena, ni a los nios, yo me he ido hasta el alambrado ah me pare, ah vi a los compaeros, a los hombres era ms que los correteaban, un bollo como ganado iban corriendo y los compaeros se corran mas all, gritaban, yo me pare ahcito quera mirar que es lo que haban hecho, he mirado un rato, un caballero venia y me dijo Doita hncate, llveselo a su nio, lo van a matar!- me dijo el caballero, de ah nomas lo saque mi nio como pude me he corrido () (M-14) Iniciado el operativo, en la confusin y pnico, la mayora de la gente opt por huir hacia el monte o la carretera53 pues la polica empez a perseguirlos y reducirlos violentamente54; aunque algunas personas relatan que tambin hubo resistencia como respuesta al operativo en s55, sta fue diluida por la violenta respuesta policial. La mayor parte de las personas que se encontraba en el campamento, que tena una composicin no slo de hombres, sino tambin de mujeres, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, nios y nias, al percatarse de la incursin de la polica y que sta los estaba persiguiendo, decidieron emprender la huida, como puede observarse en los siguientes testimonios: (...) empezaron a largar los gases y tambin los balines empezaron a lanzar, y lo vimos que venan a carrera, entonces de ah nomas agarr a mi hijo y nos corrimos junto a mi esposo, l alz a mi otro hijo mas menorcito y nos corrimos, y mi hija como ella es curiosa, ms, ella haba corrido adelante a ver cuando ella vena a carrera tambin y nos alcanz y entonces juntos corrimos al monte, y as empezamos a correr, y los gases casi nos llega, nos caa de todos lados y mi hija me deca -Mami, te va lograr, te va lograr!- y yo por mi estado en que estoy no corra muy bien, pero as he podido escaparme y nos fuimos hacia el lado, pasamos al monte llegamos a una pampa, ah nos metimos a la pampa, hacia estbamos escapando y otros han ido a lado del monte, todos nos hemos dispersado los que, por donde hemos podido escapar, mas all hemos llegado a un arroyo fangoso eso hemos tenido que pasar nos hemos enterrado con nuestra ropa, todo mojado, as hemos tenido que estar esa noche (M-56) Pese a los intentos de varias personas por escapar, la Polica, gracias a que tena la mayor parte del campamento rodeado56, captur y redujo indiscriminadamente a mujeres, hombres, nios y ancianos57. Como nos han rodeado, no hubo forma de escapar, por eso gran parte de la gente, 300 personas estn en Rurrenabaque, en diferentes situaciones, unos con

Testimonios M-30, M-39, M-44, M-45, M-49, M-50, M-51, M-54, M-59, M-61, P-9. Testimonio M-31. 55 Testimonios M-41, M-52, M-16, M-9, M-10, M-46, M-47, M-49, M-36, M-41, M-44, M-52, M-5 y M-26. 56 Testimonio P-9. 57 Testimonios M-45, M-62.

golpes y otros sin golpes, ha sido prcticamente una emboscada, porque no nos dieron opcin a salir, venan gases de un lado y otro lado () (M-38) () ustedes ven que no hubo resistencia, lo que ha hecho la seguridad es botar las flechas, y escapar al monte, dejar un campamento desguarnecido, y los hermanos llegan a ser metidos como ya ustedes ven las imgenes en una forma brutal, con masqun en la boca, eso no vamos a repetir () (M-43) La reduccin, se realiz mediante el uso de la fuerza. Y ah fue que vi a la compaera, que tambin dispar58, que tambin la perseguan, cuando vimos adelante, ya estaba el bollo tambin cogindolo al hermano Fernando y ah es que le han dado harto, nosotros hemos visto cmo lo agarraron, le dieron a las compaeras () ella ah se qued desmayada, yo le habl para poder huir con ella pero no pudo, qued desmayada en el suelo y escap como pude, no poda ni mirar por el gas que nos haban echado () quisimos huir pero nos alcanzaron y me tiraron un palazo aqu en la cadera y otro en la espalda. (M-41) Hubo personas que no se resistieron, pues ya se encontraban indefensas, pero tambin fueron agredidas: En primer lugar creo que los hermanos, no hubo resistencia, en primer lugar mi persona no ha mantenido esa resistencia ante, ante los seores policas, luego de que me echaron gas a los ojos, a la cara y a mis espalda tambin. (M-27) Ante este panorama, varios de los guardias indgenas y dirigentes hombres y mujeres, resistieron de la forma que pudieron el ataque de la polica. () entonces ah estuvimos con la compaera y lo nico que pudimos agarrar en ese momento fueron unas piedras y nos pudimos defender un poco, les tirbamos las piedras pero no pudimos ms porque nos gasificaron. (M-41) Pese a esta resistencia, la preparacin previa y la cantidad de efectivos, oblig a mucha gente a emprender la retirada y no resistirse. () ah empez a gasificarnos y yo deje a mi compaera en la entrada, tuve que disparar al campamento porque era uno de los representantes de mi organizacin de la guardia y he corrido a traer mi arma que era una honda que nos haban dado para seguridad, entonces recog mi honda y volv de nuevo, ya ms policas se acercaron al lugar y entr rpidamente la polica, no podamos detenerlo a la polica porque tenamos dos grupos que estaban repartidos, as que no pudimos detener a la polica, entraron rpidamente y donde todas las organizaciones retrocedieron para atrs y empezaron a dispersarse por diversos lugares. (M-52) En muchos casos, debido a las acciones de la polica que adems de impedir violentamente la huida de las personas59, cometa atropellos60, lo que provoc la reaccin indignada de varias personas.

Bueno fui a defender a una seora que un polica le mand una patada. Si, le dio una patada y le alz como unos dos metros, entonces yo me enoj, como yo me puse en su lugar como si fuese mi madre esa seora, entonces yo fui con todo, entonces le di unas patadas al polica, al ver eso los policas me brincaron y me han dado ms o menos unos siete a ocho. () Si, slo a mi me dieron y yo me cubra pero ellos fueron recogiendo palos todo lo que encontraban en el camino para darme y lo que haca era cubrirme y tengo todo mire y mis piernas mire. ()Y muchas otras que me han dado me han azotado mucho y ah me dieron con el palo en la cabeza y ah fue todo. (M-5) 2.3.3. Uso de la violencia en la intervencin policial La intervencin de la polica61 fue violenta62. De acuerdo con testimonios de los marchistas, los policas se encontraban enardecidos, violentos, armados de gases y palos.63 () comenzaron a cortar los camping, a cortar los vveres parecan unos locos enardecidos que se iban camping por camping apaleando, echando gas y () los vveres que estbamos repartiendo todo lo han desparramado lo han cortado yo no s que estaran buscando armas, que buscaran? pero nadie nadie! tena armas () (M-25). Comenzaron a apalear y patear a la gente64. Algunos testimonios textualmente refieren: Nos tendieron una emboscada y ah nos empezaron a apalear a golpear () se rean en mi cara y me golpeaban como a criminales nos agarraban, as nos manearon como a chanchos, yo creo que ni a un criminal se le hace as tanto () (M-5) ha sido brutal no, algunos compaeros lo han pateado abajo, a un amigo le han volado un diente, y as a las mujeres no, tambin a otra compaera le rociaron gas a la cara, y bueno yo, mi persona pudo ir al monte, pudo ir al monte y bueno despus ya nos, nos vinimos ya, de noche ya. (M-27) () as que corr, no fue que estaba huyendo, sino que yo me acord de mi hija, e iba a socorrerla a mi hija porque humeaba de humo y era puro gas, ya no pude llegar donde estaban mi esposa mi hija porque la polica vena de ese frente, ya haba intervenido el campamento y el otro iba tras de nosotros, ah fue cuando comenz la cosa, no me dejaron llegar () llegaron me rodearon, le dije -djame

Testimonios M-44 y M-46. En forma posterior al operativo, el Gobierno a travs del Ministerio de Gobierno manifest la conformacin de una Comisin para la investigacin de los hechos con la presencia de organismos internacionales, el Defensor del Pueblo y la Ministra de Transparencia (AN-1). 62 Testimonios M-27, M-18, PS-4. 63 De acuerdo con una declaracin del entonces Ministro de Gobierno, Sacha Llorenty: mas all de que se hubiera dado una orden, ninguna instruccin de esta naturaleza puede justificar los abusos, puede justificar los atropellos, esas son responsabilidades de carcter individual. Uno puede dar una instruccin pero si quien ejecuta la instruccin comete actos delictivos o de abuso en la ejecucin de esta instruccin entonces est sometido a una responsabilidad de carcter individual. (AN-1). 64 Testimonios M-25, M-18, M-52, M-9 M-48, M-29, M-46, M-27, M-5, M-58.

pasar, por qu no tienen lastima, mira ese nio cmo est all-, - A m qu me importa- me dijo. Bueno yo me quise pasar pues y el no quiso y vino lo agarr y lo empuj y ah nos golpeamos un rato con uno que estaba y ah vinieron los dems como pude me defenda, me intentaron daar la mano por querer agarrarme, me volaron un diente, o sea me tumbaron al suelo, me agarraron me torcieron la mano atrs me estrangularon y a lo que quise gritar me volaron el diente () con una patada, o sea yo grite y me tiraron una patada porque yo ya estaba en el suelo y me lo vol, parece que me amarraron mal y me desat y otra vez le brinqu al polica para salir y otra vez me dieron con el palo aqu en la cabeza y me agarraron entre cuatro y me comenzaron a patear. (M- 36) Tumbaban a los marchistas y los traan maniatados65 y en otros casos les tapaban la boca con cinta adhesiva66. La polica entr con gases, desde la carretera vi como maltrataron a los compaeros les amarraron las manos y los pies con masqun y diurex gruesos y los hicieron ir como a conejos saltando para sacarlos a la carretera. (PS-2) () y lo que hicieron los Policas era que nos tendamos al suelo los compaeros y ah aprovechaban de pegarlos, nosotros hemos visto todo eso, y de esa manera hemos tratado de escapar, la polica lo que agarraba era patearles y sellarles la boca, y enmanillares en algunos casos con la misma cinta, las manos, la mano atrs, los pies (). (M-38) La violencia tambin alcanz al personal de salud. As, durante el operativo, el mdico Alejandro Tintaya fue aprehendido, maniatado y conducido a una camioneta donde fue golpeado en la cabeza y en el hemitorax izquierdo, razn por la que estuvo internado durante dos das. Actualmente se encuentra a la espera de un examen tomogrfico. (PS3) Las agresiones fsicas fueron acompaadas de agresiones verbales (M-28): Si, ellos gritaban y nos trataban que nosotros ramos unos indios de mierda y que no respetbamos al Gobierno. -As tienes que respetar mierda, indio de mierda, a este Gobierno!-, as me ha gritado, vamos a terminar con ustedes sabandijas de la tierra, as nos dijo. (M-44) () (Un polica) me dijo: -Este cabrn de mierda, este hijo de puta es el que instruy a su gente y ahora he todava decs parador y como parador le vamos a dar ahora su patada, as me dijo directamente! () (M-32) () nos decan -Estos perros indgenas, los vamos a matar!-, de esa manera se expresaban, -Maten a estos mierdas!-, los agarraban, los llevaban arrastrando, no haba caso de defendernos, queramos nosotros ir a defender a nuestros compaeros, nos regaban de balines y de gases lacrimgenos () (M-46) A los que escaparon, los policas procedan a intimidarlos:

Testimonios M-9, M-10, M-38, M-43, M-36, M-1 (t), M-49, P-9. Testimonios M-8 y PS-4. Por otro lado, de acuerdo con un testimonio, la vicepresidenta del CEBIP fue maltratada, maniatada y silenciada con un diurex en la boca. (M-8)

Nos amenazaban de todo, nos decan () Slgase porque lo vamos a azotar! Los otros hermanos han sido azotados cruelmente hay un hermano que casi le han soltado la oreja. (M-49) De acuerdo con los testimonios, la polica realiz una bsqueda de los que haban huido. Muchos que haban huido por el monte, caminaron durante la noche hasta la madrugada del da siguiente.67 () me escap de ellos y ya me escond, me siguieron pasaron as y yo me escond y yo los miraba a ellos y ellos pasaban unos 6 policas, -salgan desgraciados salgan vamos, aqu hay uno, djalo as!- decan ellos y yo les escuchaba y pum lo sacaron ah y le dijeron -ya cante!- y yo escuchaba que le sonaban a l () (M-58) Varios se quedaron en el monte hasta el atardecer en que les hacan seas con una linterna, pero la gente desconoca si se trataban de policas 68 que los estaban persiguiendo69. Al da siguiente por la maana, llegaron vehculos para rescatarlos.70 2.3.4. Especial situacin de nios, adultos mayores y mujeres Durante el operativo, la polica gasific el campamento y empleo la fuerza en forma indiscriminada sin considerar la existencia de madres con nios en los brazos71, nios, mujeres embarazadas y adulto mayores.72 Testimonios de los marchistas describen mltiples situaciones en que mujeres fueron golpeadas, maniatadas y amordazadas.73 Las madres estaban confundidas buscando a sus hijos, los nios buscando a sus mams. Las madres ignoraban el paradero de sus hijos porque stos haban huido al monte74.

Testimonio M-57. Testimonio M-59. 69 Testimonio P-9. 70 Idem. 71 La presencia considerable de nios, nias y adultos mayores aspectos que fueron cuestionados, en el sentido de que los marchistas estaran utilizando a nios/as en la movilizacin con fines de presin social. Cabe en este punto una necesaria aclaracin, por una parte, las familias que estn en la marcha no tienen con quien dejar a sus hijos, por otra parte, es una prctica rutinaria vinculada a carcter itinerante, el traslado de las familias indgenas amaznicas a diferentes lugares de acuerdo a sus necesidades; en este sentido toda estigmatizacin o intento de hacer ver que en la marcha se estara utilizando la temtica de nias, nios y mujeres embarazadas, resulta, por decir lo menos, inapropiada. En este mismo sentido reivindicador de los derechos polticos de las mujeres, se ha pronunciado el Defensor del Pueblo en su oportunidad. 72 Testimonio M-32. 73 Es el caso de los testimonios M-22, M-9, M-57: Si, -all va una que nos gritaba, empjenla, patenla y sbanla al camin- y de ver que a mi compaero lo patearon, le dije don Fernando, dijeron -all va una, a esa la vamos a coger-, y se vinieron donde mi y de ver que ellos se vinieron yo corr, me jalaron de los cabellos y me sonaron y me tumbaron por ah por todo el alambrado y ah yo escape, cogan a las mujeres (M-57). 74 Varios testimonios refieren la prdida temporal de sus hijos de diferentes edades (PS-2, M-11). Algunos fueron hallados en el nterin, mientras que otros fueron devueltos en Rurrenabaque (M-11). Otros testimonios refieren la impresin causada en los nios por el operativo policial. (M-12).

() El gas a la cara sin compasin, nos echaron el gas a la cara a las mujeres. Los nios, las mujeres iban llorando que sus nios no tenia ah, unas mujeres estaban sin sus hijos, gritaban -Me falta mi hijo, me falta mi hijo!-, varias en la flota donde bamos nosotros, haban hartas mujeres que no tenan a sus nios que los haban dejado pues no se saba dnde estaban y se fueron por todas las flotas buscando otras mujeres, gritaban por sus maridos que no saban tambin donde estaban (). (M-21) En otros casos, las madres huan con sus hijos pequeos al monte: () Al otro lado hemos encontrado a una seora que vena con su beb cargada, haba estado esperando familia, la hemos socorrido a ella, por escapar ella no saba donde haba perdido la ropita de su nio estaba con una polerita apenas lo dems desnudo estaba, le hemos ayudado, colaborado porque la seora ya no poda, ella estaba llorando.(P-9) Las mujeres fueron objeto de violencia75. Los siguientes testimonios relatan: En ese momento, como una jaura de perros endemoniados se vinieron y comenzaron a agarrar a las mujeres, yo me retir y de lejitos miraba como las agarraban a las pobres mujeres, a Nazareth Flores a doa Dolores Muiba, a Don Ernesto No el fundador de este movimiento, anciano, lo tumbaron, a la licenciada Lizeth, a una seora Miriam (no recuerdo el apellido), se vio en la TV como la llevaron a una velocidad tremenda, en un acto brutal, criminal que no tiene nombre. (M-49) diciendo tantas palabras feas, -Eso era lo que ustedes queran eso es lo que quieren!-, yo inclusive me he parado ah yo no o de ah de la carpa porque cuando yo busque a mis compaeras ya no haba ni una quedamos con la hermanas Dolores que es de la CEMIB y ella por hacerlo bien se agarra y se mete a un camping y a ese camping van y lo abren y todava le meten ah gas le llenan de este de gas, yo le digo - Salgase seora, salgase!- y yo me paro ah y l me dice -Ya de una vez!- dice () - No me toque!- haba una zanja de honda, como esa de all ms o menos, entones yo lo que hice fue empujarlo a l y esto me he este mi brazo mi dedo un poco de lo que se ha doblado yo lo empuje y con ese su escudo l se ha dado la vuelta y cay al pozo y eso vieron los otros, vienen y me dan aqu, que esto que yo tengo mal y no s como pues me dio y me desequilibre y me ca de ah me dice -Levntese!- y me hecha el gas tambin a mi (M-35). () despus a la Sra. Judith con cable la huasquearon, grave la huasquearon con cable yo vi () Judith Rivero Vicepresidente de la CENAMIB con cable la huasquearon yo lo vi a ella () (M-51) Un testimonio relata otro pasaje de los hechos donde las mujeres son maniatadas y amordazadas76: () eran hartas mujeres amarradas, no entiendo por qu motivo los pacos amarraron a las pobres mujeres con hijos, no entiendo, esa es mi rabia () (23-B)

() yo he sido una de ellas, que primero me han agarrado a m, me han maniatado amarrado bien mis pies, hasta mi boca por pedir que nos respeten que nosotros no estamos haciendo dao a nadie y de tanto gritar yo y a mis hermanos que estaban a lado cerca de m que igual le tenan agarrados tapendolos, yo gritaba que por favor nos dejen libre porque nos hacen as no somos ladrones no somos matones para que nos hagan as no en eso fue de que de tanto gritar yo fue que me liaron la boca para no gritar mas no () (M-34) Las mujeres tambin fueron agredidas con insultos. Los policas les gritaban: mala madre, eres una perra, por qu traes a tus hijos aqu () no pensaste en tu hijo, eres una perra ()77. Durante la bsqueda de los que haban escapado al monte les gritaban: por qu no se paran perras putas. Hganse las machitas ahora ().78 En el caso de los nios la situacin no fue distinta. Debido a la repentina incursin policial, todos se dispersaron; de acuerdo con un relato, () se escuchaban los gritos, fue completamente aterrador, porque los nios gritaban, los bebs, las nias, las mujeres, se escuchaban los palazos ().79 Algunos nios se metieron a una casa80 conjuntamente mujeres y embarazadas, mientras otros huan hacia el monte81. Los policas comenzaron a patear las puertas pero no ingresaron a la casa y slo en forma posterior, entr un polica, empuj la puerta y orden que salgan todos82. () nos sacaron de esa casa, nos sacaron y nos dijeron no hagan resistencia, salgan, salgan, salgan porque va a ser peor (...) tuvimos que salir y por el gas y mas la nia que tenia la Doctora tambin estaba ahogndose por el gas y la que tena yo tambin igual. Estaba vomitando por el gas y le decamos por favor, por los nios hganlo por lo menos -Salgan! por eso, les digo, salgan! por eso, les digo-, nos deca () (PS-4) Los nios lloraban al igual que las mujeres83. Era a las cuatro de la tarde, cuando nosotros no sabamos, estbamos queriendo ir a refrescarnos nuestro cuerpo, volver y hacer la cena, nosotros no sabamos que ellos nos iban a atacar, o sea lo estuve baando a mi hijito, ese que tengo de dos aitos y el otro yo lo tena en mis brazos y el otrito lo tena otra seora a ella se lo encargue, y a lo que lo estuve baando a mi hijo, ya escuche la bollera, estaban alborotado la gente, escapndose y yo me fui a buscar a mi hijo, mi hijo ya no estaba ah la seora ya lo haba llevado, la haba hecho escapar, porque ellos nos botaron gas, todo () (M-15)

Testimonio M-10. Testimonio M-11, M-57. 79 Testimonio M-42. 80 Testimonios M-7 13-A, PS-4. 81 Testimonios M-3, M-1, M-7, M-8, M-15, M-25. 82 Testimonios M-9, PS-4. 83 Es el caso del testimonio M-10.

Para abrirse paso, los policas agarraban de los brazos a los nios84 y en otros casos, eran maltratados85. Como refiere el testimonio de una nia de 11 aos: Los policas me queran secuestrar y me han pegado todo a m, me amarraron y luego me botaron al coche y me rasmillaron mi cadera. Mi mam estaba ah, yo me desmaye ah abajo en el pozo del puente, estaba inconsciente creo que tres horas, me amarraron, me votaron, y en la flota aparec. (M-24) Como efecto de la intervencin, madres se separaron de sus hijos86, estos quedaron solos a la intemperie y sujetos a varias penurias: A la mas chiquitita la haba pillado con la doctora ya, yo la tuve en mi hija as nomas, mi hija estaba en pelotas, sin ropita, estaba slo con el paal que le habamos puesto, porque ella se orina, entonces una seora agarro toma una toalla para que no se resfri tu hija, yo la tenia as con la toalla, la tenia as hasta las doce de la noche, ya su madre me la quito yo la voy a cambiar, dmela a la nia yo la voy a cambiar, tenia busitos (M-16) Yo corr porque al ver a mi hijito que botaba por su naricita espuma y por su boca echaba espuma yo corr, yo tena vinagre y corr pero yo no poda tampoco poda destaparlo el vinagre, haba un joven porque ya todos estaban corriendo haba un joven porque haba alambre, -Por favor compaero, aydeme, hgame pasar este alambre!- le dije, y el gas que botaban y botaban, la gente que corran, nios como corran, como lloraban y gritaban y ms all le dije a ella, -mi hijo se est muriendo!- de ah ms all haba un compaero que le dije, - por favor me lo destapa, por favor- y as como viene ahorita el humo as vena y yo llor al verlo que botaba espuma. Despus ella lleg, pareca muerto y me dijo - esta muerto ta- me dijo, - vamos escapmonos- y le ech vinagre pero pareca muerto, de ah respir, venan detrs echando gases, nos caamos, nos levantamos, as corramos pero ellos igual venan detrs de nosotros () porque ellos venan, si no hayamos corrido hacia al monte nos iban agarrar tambin, yo estaba descalza de short pero igual nos fuimos con ellos con mi hijito87 (M-51) () ah el beb de dos meses se me desmay por dos oportunidades, tuvimos que hacer lo imposible, no tenamos nada ah adentro, nosotros tambin gasificados, pero gracias a Dios y la Virgen el nio recupero pronto, y ah volvi nuevamente la polica, nos abri la puerta a patadas como se dice, y me sacaron ah, no me dejaron ni levantar un paal, una leche, le dije al nio, le dije no soy su madre, no, no me tuvieron ni una consideracin, le dije soy personal de salud yo, pueden ser ustedes los pacientes, yo estoy para atenderlos, tampoco me tuvieron la consideracin, lo que hicieron fue agarrarnos, sacarnos custodiados como si furamos unos maleantes, lo que yo haca era llamar a la prensa, estaban todos los telfonos, estaban bloqueados, no s, no haba tampoco una buena, un buen, fuimos casi al final los que agarraron y nos condujeron ah a la flota, a una flota, no? que ni siquiera tena las condiciones, ah el nio, estuve ms de 4 horas, el nio sin tomar leche, lo que hice fue darle mi pecho porque el nio lloraba y

lloraba, ah el nio, bueno no, no paraba de llorar porque no saciaba su hambre y ah cuando ya llegamos a Yucumo lo que hicimos fue un grupo de mujeres gritar, hacer un berrinche para que al fin nos dejen ir a comprar leche. (13-A) Ante esta situacin, algunos se acercaron a la polica y lograron la autorizacin para la bsqueda de sus mujeres e hijos que se encontraban perdidos88. El operativo, de similar manera, no consider la presencia y situacin particular de varias personas adulta-mayores89, como se desprende del testimonio transcrito a continuacin: () yo ya soy un hombre viejito, no tengo ningn problema, - no estamos estropeando!- nos dijo, -Estamos hablando con manera, con cario- le dije, -No carajo!., bum, bum tiroteo con su carabina, cuando vinieron los dems, me metieron palo, me dej nomas, yo ya no dije nada, calmado con sus palos, me brincaron a m cuatro pacos, me agarraron y all me echaron gas en mi boca, ah me prendieron, trate de desprenderme, forzudo el viejo, forzudo, como ser el joven, mi mano dura , varias veces me quisieron bajar, me amarraron las manos, vamos para adelante, no, porque, con qu motivo, no he hecho nada, la costilla , la pierna, mi pecho, ah me call()As mi quebradura se ha descompuesto, de ac tambin, la paleta, yo creo que se me est pasando el dolor, lo que me est fatigando es la paleta y mi pecho (23-B) En el caso de los dirigentes, estos fueron identificados y golpeados con particular violencia, situacin que se puede inferir del siguiente testimonio: () a m me han agarrado como animal creyendo que yo era el dirigente del CIDOB, Alberto Chvez, nos han golpeado, mire mi dedo, nos han dado con laque, usted puede ver la espalda, () mire como me han amarrado y me han pegado harto, como unos 15 policas me tuvieron boca abajo y me amarraron, me decan Vos sos Adolfo Chvez, indio de mircoles, sos vos!- me decan, entonces yo les dije -No sean cobardes!-, me han sacado mi billetera, mi telfono, ah identifquenme quien soy, -Soy un marchista! () y -Cllate! Me dijo, ac me dieron otro golpe con la culata del fusil, porque estos fueron de UMOPAR, no fueron los policas, los policas estaban adelante con gases, atrs haba otro cordn con puro UMOPAR en el monte, haber estamos viendo todas estas cosas, las denuncias para hacerlas () (M-4) Con referencia a Celso Padilla, ste fue golpeado violentamente90. Al respecto un testimonio refiere: () lo que me agarr fue a mi por defenderlo al hermano que es el presidente del consejo () de la APG Nacional de Camiri, a don Celso Padilla yo de ver que lo estropeaban en medio me met ah a por defenderlo ah donde llegu yo () (M-32) Cuando Fernando Vargas fue apaleado, le pusieron de rodillas y lo patearon en la espalda91, le sacaron los pantalones abusivamente y le quitaron sus documentos92. En un

testimonio, Fernando Vargas refiere que haban cuatro personas que estaran en la lista negra de los policas: Adolfo Chvez, Celso Padilla, Pedro Nuni y Fernando Vargas. Cuando lo agarraron el da del operativo, le indicaron que lo queran a l y lo maniataron93: () entonces llega la polica () y ah haba una orden: a este desgraciado hay que matarlo, a este desgraciado hay que matarlo. Despus viene otro y dice: deshganle la cara, deshganle la cara a punta de patadas. Yo lo que haca era cubrirme la cara y quedarme boca abajo sobre el piso para que no me patearan la cara. Despus de que me patearon un montn vino otro tipo y dijo quin es el que tiene aqu (...) no se me volcaron, me pusieron bocarriba (...) este ya no me lo maltraten- dijeron y ah fue donde me agarraron, me tiraron al carro, me pusieron boca abajo en el carro y uno se me par encima de m, me puso ah el pie y el otro se par donde me pusieron las esposas (...) y me trajeron as, no s si fue pa aqu o pa all, pero el hecho fue que se movi el carro. (M-1 (t)) La represin tambin alcanz a las dirigentes mujeres, como Miriam Yubanure: Me empezaron a amarrar los pies por que yo quera disparar, quera patear para poder zafarme y disparar, me amarraron entre eso tengo aqu todava rasguaduras donde me pusieron las soguitas que me amarraron y entre eso este bueno y ya me amarraron igual mis manos de aqu de mi colita otra vez as me levantaron de la cabeza dicindome -Ella es la dirigente, ellos son los que estn moviendo esta gente, ellos son los incitadores!- decan () (M-20) 2.4. HECHOS POSTERIORES A LA INTERVENCIN POLICIAL 2.4.1. Traslado a San Borja A medida que la polica reduca y dominaba a las personas del campamento, comenz a organizarlas y dividirlas en grupos, los hombres por un lado y las mujeres por otro, procedieron a conducirlas con rumbo a la carretera94 y no se les permita recoger sus pertenencias.95 Un grupo fue introducido por la fuerza a los buses, ante la negativa, les aplicaban golpes96. Los cuatro buses97 estaban organizados y numerados previamente98. Otros fueron conducidos a las camionetas99 con rumbo a Yucumo100, en varios casos con las manos atadas y boca abajo101. Al interior de uno de los buses se encontraba el Cnl. Taboada102.

Testimonio M-49. Testimonio M-1. 94 Testimonio M-18. 95 Testimonio M-11. 96 Testimonio M-8. 97 Testimonio M-8, M-4, M-9. 98 Testimonio M-10. 99 Testimonio M-11. 100 Testimonio M-18. 101 Testimonios M-18 y M-8. 102 Testimonio M-1 (t).

En muchos casos los policas insultaron, empujaron y golpearon a los marchistas103 sin importarles que algunos estuviesen heridos104 o clamen por sus hijos105, impidindoles llevar sus pertenencias, agua y alimentos106. Arriban a dicha ciudad al promediar las nueve de la noche107. La desesperacin de los pasajeros de los buses al no saber sobre sus familiares se evidencia en el siguiente testimonio: () ah la pille a la seora, a la doctora con mi bebe, -Flaco, flaco, aqu est tu bebe!- me dice, ah le pregunte -Y a mi mujer no la vio?- no, me dijo, creo que la vi buscando a la otra chica, yo me preocupe ya, nos subieron a la flota, de ah le dije que me dejaran ir a buscar a mi hija, que me desaten, no queran desatarme, a mi hija la tengo perdida a la mayorcita, nada, nada. (M-16) Mientras tanto, los marchistas que evadieron la represin policial y se dirigieron al monte, no lograron retornar a San Borja, sino hasta el amanecer debido a que la polica estaba rondando la zona y recorriendo la carretera hasta altas horas de la noche108. () Despus de todo eso lleg a las 7:30 los vehculos de derechos humanos haban varios vehculos ah logramos salir nos rescataron a nosotros porque tenamos miedo porque haban policas que han patrullado toda la noche la carretera iban agarrando gente () (P-11). En el camino, no se les permita el uso de los telfonos a los marchistas, tal cual se relata: () y de ah nos dijeron que no usemos y nos prohibieron hasta usar el telfono que no usemos el telfono porque nos los iban a quitar. Si no mas ah cuando me agarraron, me amarraron lo primero que hicieron fue quitarme el telfono -Qutale el telfono!- le dijo, nos lo sacaban los telfonos, nos lo quitaron la mayora de la gente no tenan telfono porque se los sacaban y este y ah este le dijo: -no quiero que utilicen porque no quiero que se comunique con nadie!- y entonces le grite de la flota -Y que somos sus rehenes o qu!, -Son pues as los voy a tratar como rehn!- gritaba el polica, uno que se llama Taboada, bien lo tengo porque yo les lea sus nombres y que era el Comandante. (M-21; PS-4) Al llegar a San Borja, los policas que se encontraban a cargo de los buses, divisaron una multitud que estaba bloqueando, gritando y quemando llantas109. Reaccin que se debi a que muchos de los pobladores vieron a los marchistas maniatados y vendados, como describe el siguiente relato: () ah estaban todos los presos atados como bichos estaban maniatados como animales vendados para que no puedan gritar, sea peor que animales, no es la

Testimonio M-9. Testimonio M-20, M-5 (b). 105 Testimonio M-5, M-10, M-4 (b), P-8, M-1. 106 Testimonio M-25, M-8, M-9. 107 Testimonio M-9, M-25, M-5. 108 Testimonio PS-2, P-9. 109 Testimonio M-9, M-19, M-25, M-20, PS-4.

primera vez que yo veo estas cosas que ocurran as, haban 20 policas en la terminal sobre la carretera que sale a la calle la terminal ah haban ya con sus cosas y entonces la gente les deca queremos que suelten a nuestros hermanos borjanos y hay tambin los indgenas que estn ah, como no saban exactamente si verdicamente estaban en la flota o eran pasajeros nomas no haba una informacin exacta, entonces dijeron ellos -no vamos a pasar a San Borja y vamos a dejar a esta gente!- deca un polica y otro que era un comndate, bien agresivo el hombre, entonces ya la gente les dijo -aqu no van a entrar y como borjanos los vamos a parar, pero aqu podemos morir pero ustedes no entran!- y ya la gente empez a decir -aqu no van hacer lo que les d la gana!- ya las mujeres, empezaron a agarrar piedras, lo que encontraban, ladrillos y les tiraron a cada uno los policas y los tumbaron, ah fue donde se produjo el gas lacrimgeno (). (AL-4) Esto atemoriz a los policas110 provocando una discusin entre ellos111. Aprovechando estas circunstancias, jvenes de San Borja lograron bajar a algunos marchistas de los buses, llevndolos a la iglesia del pueblo112 y en su caso al hospital. Ante esta situacin, la polica dispuso el retorno a Yucumo113 al promediar las 21:15 y 21:30114. Una vez que los buses procedieron a retornar hacia Yucumo, los comunarios de la Embocada bloquearon el camino a esta localidad, siendo gasificados por los policas115 dejando as la va expedita. Pararon en el campamento donde estaban los marchistas, recogiendo a ms personas, especialmente a mujeres y nios116. Es ah donde marchistas y aprehendidos piden a los policas que les quiten sus ataduras pues muchos estaban con las manos entumecidas, ya que haban transcurrido prcticamente 6 horas117. As como chanchos los traan, todos encimados en las camionetas, un desastre (M-18; M-16) Arribaron a la localidad de Yucumo al promediar las 23:00, permaneciendo en el lugar por el lapso de 15 minutos a media hora, presuntamente, para curar a los heridos 118 atendindolos en el campamento de la ABC119. En ese lapso de tiempo los policas cargaron combustible y los trasladaron rumbo a Rurrenabaque.120 2.4.2. Hechos en Rurrenabaque Al partir de Yucumo, gran parte de los marchistas, no saban a donde los llevaban121.

Testimonio M-43, M-9. Testimonio M-21, P-10, PS-4. 112 Testimonio PS-2. 113 Testimonio M-9. 114 Testimonio M-9, M19, M-21. 115 Testimonio M-16, M-25, M-19. 116 Testimonio M-16, M-18. 117 Testimonio P-10, M-1(b). 118 Testimonio M-25 119 Testimonio M-25, P-10. 120 Testimonio M-10, M-11, AL-3, M19, M-59. 121 Testimonios M-21, M-19, P-3, P-4.

Toda la noche estuvieron yendo y viniendo con nosotros (), y cuando pasbamos junto a otra flota, las mujeres gritaban y lloraban -donde nos llevan!-, nuestros hijos () (M-21) Estos hechos se prolongaron hasta que llegaron al aeropuerto de Rurrenabaque, al promediar las 04.00am, donde los retuvieron en los buses hasta el amanecer122 aproximadamente hasta las 07.00am123, sin que muchos de ellos puedan identificar aun el lugar donde se encontraban. Mientras tanto en Rurrenabaque, la poblacin anoticiada de los hechos comienza a organizarse para liberar a los marchistas, ya que se confirm la salida de los buses hacia su localidad, movilizndose en primera instancia los pueblos Tacana, Tsimane Mosetn y la poblacin en general.124 () Cuando ya estaban en Yucumo, dijeron que estaban yendo hacia Rurrenabaque. Entonces la gente estaba toda reunida, Tumupasa haciendo vigilia de todo lo que estaba pasando. Se haba organizado para salir hacia Yucumo, pero () la gente ya no est ah, qu vamos a hacer. Tomamos la decisin de salir, lastimosamente tenamos un problema de comunicacin. ENTEL, como diez horas antes o ms, cort la comunicacin y no haba seal. Solo podamos comunicarnos con telfono fijo, y bueno, tenamos una limitacin en la comunicacin ese momento. Eran alrededor de las cuatro y media cuando nos informaron que haban llegado a Rurrenabaque y estaban en el aeropuerto. (P-3) Aproximadamente a las 7 de la maana, los policas les permitieron bajar de los buses y prepararon caf con pan125. Despus nos trajeron agua por que los nios gritaban por agua gritaban pidiendo agua y despus trajeron soda, sardina y nada yo en ese instante, nada les reciba (M-21) Pero tampoco la polica permita que la poblacin de Rurrenabaque pueda dotarles de agua y alimentos126. La representante de la Cruz Roja en Rurrenabaque exigi ingresar a la pista de aterrizaje, pedido que fue atendido despus de 40 minutos, periodo en que pudo ingresar a realizar las suturas y curaciones127 de una nia y un adulto mayor que estaban heridos, lo que enardeci mas a los pobladores. cmo estaba herida, la nia! (...) estara entre sus ocho aos y once. Una herida donde se le ha abierto la boca, estaba con gusanos. El otro seor, mayor de edad, de un promedio de cuarenta aos o cincuenta aos tena la cabeza abierta de un golpe, de un toletazo, y toda la ropa, el cuerpo y incluso la cara manchada de sangre, y que no le dieron opcin por lo menos lavarse la cara despus de haberlo herido. Entonces se ha podido hacer una lectura del tremendo abuso, y eso significaba sentirnos impotentes pero al mismo tiempo con una enorme bronca y

de no permitir que se los lleven. Yo creo que todo ese accionar de ver y analizar ha sido que hagamos esa estrategia de tomar el aeropuerto para que no salga el avin, no?.(P-4) Por otra parte algunos de los marchistas lograron escuchar que vendra un Hrcules a llevarlos a todos128 hacia Trinidad; otros hacia Venezuela129 a que les den palo. Paralelamente, aterrizaron aviones del TAM130 hecho que moviliz a la Polica a organizar a los marchistas para subirlos al avin: Ya haban estado listos en la avioneta, estaban listos ah, una avioneta grandota era y de ah ellos haban ido donde todo estaba todo alambrado, es todo corralado, ah empezaron a botar los gases. (M-14) Espontneamente los marchistas comenzaron a entonar el Himno Nacional131. El arribo de los aviones del TAM enerv ms a la poblacin, segn describen los relatos132. Ah fue la reaccin de la gente. De aqu no se los van a llevar. No llevan a nadie, por encima de nosotros se los llevan, no vamos a permitir-. Fue eso, el impulso de la gente ya de rabia, fue que los fuimos apartando a los policas, porque ellos estaban de frente a frente. Pero la gente a la fuerza y la rabia, ellos se iban retrocediendo, as que ah fue su debilidad de ellos, que nosotros y estbamos alborotados como se dice. As que nos fuimos noms con ellos y tuvieron que correr incluso porque ya nos vieron con palos, con todo lo que tenamos ya. As que avanzamos hasta cierto este, pero haba alguien que los impulse para que nos saquen nosotros. As que no bamos a permitir siempre, por encima de nosotros, que estbamos furiosos ya. As que cualquier cosa nos pasa. Yo no pens ni en mi familia, no?, solo pens en ayudar a esa gente. As que fuimos noms, y estaba llegando ese otro avin, alguien inform que nos gasifiquen, as que nos gasificaron. Claro, con ver eso retrocedimos un poco, y me lleg uno por la espalda y otro por delante (P-3) As que nos hallamos impotentes. Por esta puerta que se entra al aeropuerto, nos hallamos impotentes de poder entrar y que no nos podamos comunicar. Por tras del aeropuerto, por un potrero nos entramos entre el monte, y ah fue que comenzamos, con un grupo reducido. Realmente nosotros no cremos que habamos hecho eso, y comenzamos a reunir palos, hierbas y todo lo que pillamos lo ponamos sobre la franja que iba a asentar el avin. Haba uno que comunicaba que habamos entrado y le dijimos que por favor no vaya a asentar, as que l comunic a la torre que no entre, porque habamos estado nosotros adentro. As que fuimos avanzando, reuniendo madera, palos, haba turriles, llantas, todo eso pusimos, hasta piedras. Todo lo que haba pusimos. El avin y estaba por aterrizar, vimos que se dio la vuelta y se volvi ir. Ah nos sentimos ya con ms fuerza, no?, que estbamos haciendo bien. No bamos a permitir que el avin asiente, porque si asentaba, a la fuerza se los iban a llevar. Y eso no bamos a

permitir nosotros. As que nos apegamos noms a donde estaban los taxistas. Entre el monte se haban entrado, ya vimos que haban motos que salan nuestro encuentro y nos sentimos ms, como se dice, con ms ayuda ms (P-3). La poblacin enardecida, ingres al aeropuerto aproximadamente a las 08:00 de la maana133 prendieron fuego, lanzaron petardos, quemaron llantas para impedir que los policas se lleven a los marchistas indgenas134. Al ver esta multitud de personas, los policas les lanzaron gases lacrimgenos135 y que en vez de dispersarse, avanzaron con ms fuerza136. Lastimosamente llegamos cuando los aviones estaban entrando, nosotros estbamos llegando. Haba poca gente, nuestros hermanos de aqu de Tumupasa (Poblacin Tacana) a las cuatro de la maana nos levantamos para que puedan ir al aeropuerto y para que puedan convocar a personas conocidas justamente para tratar de impedir. Cuando llegamos, nos contaron que no los dejaban pasar y estaban ah, entonces nosotros () unos vinieron en movilidades ms rpidas o en camin, no pudimos llegar todos juntos. Cuando llegamos vimos a los buses y los compaeros decidimos tomar el aeropuerto. Un grupo nos fuimos por la faja, otros por otro lado y logramos entrar e inmediatamente poner unos cuantos obstculos. Cuando estbamos ah lleg el segundo avin y la cosa era impedir. Entonces cuando logramos poner obstculos en la pista de aterrizaje fuimos () al otro grupo. Por suerte la poblacin de Rurrenabaque tambin haba llegado. Ah se dieron unos enfrentamientos. La gente de Tumupasa vinieron decididos a cualquier cosa. La cuestin era rescatar a nuestros hermanos. -Si tenemos que morir, morimos- dijeron. Se dieron las cosas, hubo otro ataque, pero finalmente logramos rescatar a todo ese grupo. Vinimos aproximadamente 70 personas de Tumupasa, ms la poblacin de Rurrenabaque y nuestros hermanos que viven aqu, logramos rescatar a nuestros hermanos, no?. (P-5) Entre tanto, el comandante del operativo, luego de una consulta, indic a los marchistas: Se van en avin o los llevamos en flota, o aqu se van como puedan137. Al encontrarse con la negativa de los marchista, ya que todos estaban por lanzarse al suelo y que los carguen uno por uno138 por ello decidieron liberarlos, encaminndolos por la parte posterior del aeropuerto139 y comunicndoles que tenan cinco minutos para salir140. Un marchista relata la orden del polica de la siguiente manera: -Si ustedes quieren quedarse aqu los vamos a dejar, qudense entonces qudense, vyanse pero se van a ir, pero por detrs, no van a salir por adelante, por esta puerta de atrs van a salir no por adelante y si quieren irse ahorita mismo vyanse, ya los vamos a dejar libres vyanse!- (M -25) Cuando los liberaron, los pobladores de Rurrenabaque los llevaron a la plaza141.

Testimonios M-18. Testimonios M-25, M-9, M-11. 135 Testimonios M-8, M-14. 136 Testimonios P-10. 137 Testimonios M-9. 138 Testimonios M-11, P-10. 139 Testimonios M-9, M-18. 140 Testimonios M-9, P-10, PS-1. 141 Testimonios M-18.

2.5. ACTUACIN DEL MINISTERIO PBLICO En forma posterior se hizo presente el Ministerio Pblico, inicialmente el Fiscal de Distrito de Beni y posteriormente un Fiscal de Recursos, el Fiscal de Rurrenabaque, y personal investigador as como el Mdico Forense (Dr. Prez Cuellar)142 quien procedi a examinar a las personas en el campamento. Asimismo, dos Fiscales habran tomado declaraciones143. En el Ministerio Pblico se iniciaron dos investigaciones. Una el da sbado (24 de septiembre) respecto de la cual se hizo un informe el da domingo a las 11 de la maana y, otra, sobre los hechos del da domingo (25 de septiembre) en atencin al instructivo del Fiscal General recibido el 26 a horas 12:30. Debido a esto, instruyeron al Fiscal de San Borja, Dr. Juan Ernesto Muoz Ortega la apertura de la investigacin.144 Esto demostrara que la Fiscala de Distrito de Beni no habra emitido requerimiento o instruccin para la intervencin a la marcha145. Habra una tercera investigacin iniciada en La Paz a denuncia de un Viceministro.146 III. ACCIONES DEFENSORIALES En cumplimiento del mandato constitucional de velar por la vigencia, promocin, difusin de los derechos humanos individuales y colectivos, y en estricta aplicacin de la Ley 1818 del Defensor del Pueblo, con relacin al denominado conflicto TIPNIS, la Defensora del Pueblo ha realizado una serie de acciones defensoriales con el objetivo de aportar al establecimiento del dilogo entre las partes, prevenir la escalada del conflicto, evitar enfrentamientos violentos, proteger a los grupos vulnerables implicados, alertar a instancias gubernamentales sobre el deber de garanta a su cargo, proveer ayuda humanitaria a damnificados, y denunciar la vulneracin de derechos humanos. 3.1. ACCIONES INICIALES Durante la gestin 2008147 el Defensor del Pueblo solicita a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informacin sobre el proyecto nacional Carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y del proceso de Consulta Pblica que se efecta en aplicacin de la Ley No. 1333 del Medio Ambiente, as como de las gestiones que la ABC hubiera asumido o coordinado para aplicar el Derecho a la Consulta a Pueblos Indgenas en el marco del Convenio N 169 de la OIT, ratificado por Ley No. 1257 de 11 de julio de 1991 y la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indgenas elevada a rango de Ley No. 3760 de 07 de noviembre de 2007, sobre la implementacin de este proyecto vial considerando que geogrficamente atraviesa el Territorio Indgena Parque Nacional Isiboro Scure (TIPNIS).

La entidad requerida inform148: que se ha concluido el proceso de contratacin del proyecto carretero Villa TunariSan Ignacio de Moxos bajo la modalidad llave en mano que el proyecto involucra a tres pueblos indgenas: Yuracar, Chimn y Moxeo El proceso de consulta an no fue iniciado, pues previamente debe emitirse la Orden de Proceder Durante la gestin 2010149 la Defensora del Pueblo emiti Recordatorio de Deberes al Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda sealando que cuando las decisiones del Estado afectan los intereses de los pueblos indgenas es necesario ejecutar procedimientos de consulta debido a la especial naturaleza de los intereses particulares que nacen precisamente del carcter de los modelos histricos y culturales de los pueblos indgenas. Seala igualmente que estos procedimientos de consulta a los pueblos indgenas tienen como objetivo acabar con el modelo histrico de exclusin del proceso de toma de decisiones que les afectan. 3.2. ACCIONES PREVIAS AL INICIO DE LA VIII MARCHA - Exhortacin a instancias de Gobierno.- En junio de 2011, antes del inicio de la VIII Marcha, cuando los pueblos indgenas alertan sobre un presunto avasallamiento de sus derechos a raz del proyecto carretero, la Defensora del Pueblo, exhort a travs de una nota al Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda150 a buscar un acuerdo con los indgenas del TIPNIS respecto a la implementacin del proyecto vial, solicitando se mantenga informada a la institucin sobre los avances de las negociaciones. Posteriormente, en fecha 8 de agosto, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena Villegas remiti notas a los Ministros de la Presidencia y de Obras Publicas, Servicios y Vivienda, recordando sobre la necesidad de realizar una adecuada interpretacin sobre el contenido y alcances del Convenio 169 de la OIT, en directa alusin al derecho a la consulta a los pueblos indgenas, a la vez de exhortarles a instalar como una poltica de trabajo que el derecho a la consulta y su aplicacin se celebren siempre antes de la adopcin de las decisiones sobre medidas que afecten a los pueblos indgenas y entender que comporta el establecimiento de un dilogo genuino entre las partes por la comunicacin y el entendimiento, el respeto mutuo y la buena fe y con el deseo sincero de llegar a un acuerdo comn151 - Exhortaciones a indgenas e interculturales.- Una vez revelado el conflicto en la agenda pblica, atendiendo a invitacin de dirigencia de los pueblos del TIPNIS, para asistir al Gran Cabildo y Encuentro de Corregidores del 24 al 28 de julio, el Defensor del Pueblo se reuni con indgenas del TIPNIS; con aproximadamente 20 de 64 comunidades que habitan en el TIPNIS a quienes escuch en sus demandas y propuestas. Nos interesa conocer las demandas de los indgenas, porque solamente teniendo conocimiento de la problemtica que ellos tienen podemos trabajar y en esa lnea hacer todos los esfuerzos a nuestro alcance para que se pueda cumplir el derecho a la consulta, menciona.

Asimismo, en aplicacin del deber de imparcialidad y la obligacin de escuchar a todas las partes en el conflicto, en fecha 2 de agosto, el Defensor del Pueblo, arriba al municipio de Villa Bolvar ubicado en el polgono 7 del TIPNIS, departamento de Cochabamba, con el objetivo de entrevistarse con los dirigentes de la regin a fin de conocer sus demandas y posturas acerca de la construccin de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. En la ocasin tiene oportunidad de conocer de viva voz de los protagonistas su demanda sobre la necesidad de contar con una carretera que vertebre los departamentos de Cochabamba y Beni. Das previos al inicio de la anunciada marcha indgena, el Defensor del Pueblo convoc al dilogo a las partes en conflicto -indgenas, interculturales y autoridades gubernamentales- luego de reunirse con representantes del TIPNIS en la comunidad San Pablo (Beni) y comunidad Villa Bolvar (Cochabamba), donde stos le pidieron convoque a un acercamiento. Oportunidad en la que la Mxima Autoridad Ejecutiva de la Defensora del Pueblo, hace la siguiente declaracin: Pedimos al Gobierno y a los pueblos indgenas avanzar en el dilogo para encontrar resultados fructferos como camino certero para la transformacin de un eventual conflicto en un escenario de comprensin, entendiendo el problema de manera estructural tomando en cuenta que adems del derecho a la consulta pueden haber otras alternativas, considerando que los pueblos indgenas tambin tienen derecho al desarrollo, que no implica la vulneracin de los derechos constitucionales152, manifest Villena. En sntesis, el conjunto de acciones de la Defensora del Pueblo previas al inicio de la VIII marcha, claramente priorizan el dilogo como instrumento para la resolucin de los conflictos, a la vez de abogar por el necesario respeto a las distintas nociones de desarrollo y el derecho a la consulta previa libre e informada que por mandato constitucional asiste a los pueblos indgenas. 3.3. ACCIONES A PARTIR DEL INICIO DE LA VIII MARCHA Desde el inicio de la VIII Marcha, iniciada el 15 de agosto de 2011153, que parte desde Trinidad con rumbo a La Paz, la Defensora del Pueblo realiz el acompaamiento permanente a su desarrollo con el objetivo principal de velar por el respeto de los derechos humanos de todos los involucrados en el conflicto. As, en el cumplimiento de sta tarea y tomando en cuenta la trayectoria prevista de la marcha, se asign a la representacin departamental de Beni, la Mesa Defensorial de Yungas y la Oficina Nacional, comprometiendo adems la participacin de las Representaciones Departamentales de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, y en general el esfuerzo conjunto de la integralidad de la institucin, a la cabeza del propio Defensor del Pueblo.

Exhortacin del Defensor del Pueblo emitida en fecha 10 de agosto de 2011. A la fecha del cierre del presente informe, la VIII Marcha, iniciada el 15 de agosto ha arribado a la ciudad de La Paz el mircoles 19 de octubre, siendo que sus miembros han empezado a retornar a sus domicilios una vez aprobada la Ley 180 de proteccin del TIPNIS, pudiendo sealarse entonces que la marcha ha concluido el martes 25 de octubre, tras 72 das de duracin.

En este sentido, al inicio de la VIII Marcha, precautelando por la seguridad de los nios como grupo de prioritaria atencin, la Defensora del Pueblo realiz una primera exhortacin a los dirigentes indgenas de velar por la seguridad y salud de los nios y mujeres embarazadas que participan de la marcha154. Paralelamente, en labor preventiva y avizorando la necesidad de acciones urgentes vinculadas a la atencin de salud, servicios bsicos y seguridad, en resguardo y prevencin de posibles vulneraciones a derechos humanos, el 23 de agosto de 2011 el Defensor del Pueblo remiti una serie de notas a reparticiones estatales y organizaciones de ayuda humanitaria competentes para la atencin de las mencionadas necesidades155: Comunicaciones a instituciones del nivel departamental: Gobernadores, SEDEGES y Comandos Departamentales de la Polica de La Paz y Beni, Comunicaciones a instituciones del nivel municipal: Alcaldes Municipales, Defensoras de la Niez y Adolescencia, Servicios Municipales de Salud, Servicios Legales Integrales(SLIMs), Oficialas de Desarrollo Humano e Intendencias de los Municipios de San Borja, Palos Blancos, Caranavi y Coroico Comunicaciones a organizaciones de asistencia humanitaria: filiales de la Cruz Roja de La Paz y Beni.

El objeto de las comunicaciones era la consulta sobre las acciones que cada uno de los destinatarios est tomando en el marco de sus respectivas competencias en previsin del paso o llegada de la marcha y su vinculacin con acciones de asistencia humanitaria y/o prevencin de daos en ocasin de su desarrollo. En fecha 24 de agosto156, el Defensor del Pueblo remiti una nota al Presidente Evo Morales, en la cual, a tiempo de ponderar la instruccin gubernamental para que los ministros de Obras Pblicas y Desarrollo Productivo y Economa Plural y otras autoridades atiendan a la instauracin de dilogo solicitado por dirigentes de la CIDOB en la localidad de San Borja, reiterando la importancia del dilogo como el mejor instrumento para profundizar la bsqueda de soluciones al proyecto carretero del TIPNIS, solicit que se extremen todos los esfuerzos viables hasta lograr que los acuerdos potencien el derecho al desarrollo en compatibilidad con los derechos de los pueblos indgenas. En fecha 25 de agosto el Defensor del Pueblo exhort pblicamente a las partes a Deponer toda actitud de intransigencia. Para que haya dilogo tiene que, necesariamente, dejarse de lado toda posicin de intransigencia para que el dilogo pueda avanzar157. Asimismo, tomando en cuenta los elementos interculturales involucrados en la marcha y la necesidad de iniciar una cabal comprensin de sus alcances, en fecha 27 de agosto el Defensor del Pueblo, pidi no estigmatizar ni tratar de hacer ver que se estaran utilizando a nios y mujeres embarazadas en la marcha indgena. Aclar que la participacin de ellos es parte de su cosmovisin. La institucin solicit respeto para hacia la cosmovisin indgena.

Declaracin del Defensor del Pueblo Notas DP-PE-2513/11 de 23 de agosto de 2011 156 Nota DP 2538/2011 de 24 de Ago. de 2011 157 Nota de prensa de la Defensora del Pueblo de fecha 25 de agosto

Al punto de completarse las dos primeras semanas de la VIII Marcha, entre el 29 y 30 de agosto, el Defensor del Pueblo viaj a San Borja, Beni, a dar encuentro a los marchistas y se traslad hasta la localidad de Totaizal. En la ocasin, los representantes del Comit de Marcha encomendaron a la autoridad propiciar el dilogo con el Gobierno con base a una agenda de cinco puntos. Asimismo, la dirigencia de la Marcha le hizo entrega de notas dirigidas al Presidente Evo Morales. Posteriormente, la Defensora del Pueblo realiz las gestiones encargadas ante el rgano Ejecutivo y se llev la respuesta al pleno de la marcha el 30 de agosto, comunicando la presencia de cuatro ministros y ministras, tres viceministros y autoridades de tres entidades descentralizadas involucradas en el conflicto158 La Comisin de la Marcha observ principalmente la ausencia de los ministros de Hidrocarburos, Medio Ambiente, del mircoles 31 por una distancia de 32 kilmetros hasta el Totaizal, una estancia prxima al municipio de San Borja. En fecha 31 de agosto y tomando en cuenta la delicada coyuntura, una comisin de Representantes Departamentales de la Defensora del Pueblo de Santa Cruz, Pando, Tarija y Chuquisaca llega hasta San Borja para sumarse al trabajo que la representacin departamental del Beni viene cumpliendo desde el inicio de la marcha: velar porque se respeten los derechos humanos de los involucrados en el conflicto. Paralelamente, el Defensor del Pueblo realiz acciones tendientes a constituir a la institucin en intermediaria vlida entre indgenas y Gobierno para el dilogo; a la vez que pide al Gobierno garantas para que la marcha pueda continuar su movilizacin Ante la previsin de enfrentamiento que el desarrollo del conflicto permite vislumbrar, el Defensor del Pueblo seal que el paso irrestricto por Yucumo va a ser un punto importante, y que la autoridad responsable de la seguridad del Estado debe estar en condiciones de proporcionar las garantas suficientes como para que la marcha prosiga sin mayores alteraciones. Finalmente, en estas agitadas jornadas, el Defensor del Pueblo visita a guaranes y a miembros de la CONAMAQ que integran la Marcha. Con la intencin de contribuir al restablecimiento del dilogo entre las partes, el 1 de septiembre el Defensor del Pueblo remiti otra nota al Presidente Evo Morales159 solicitndole se sirva concederle una audiencia con ste propsito a la vez de remitirle las dos notas recibidas de la dirigencia marchista en fechas 29 y 30 de agosto. El 2 de septiembre el dilogo es instalado en la localidad de San Borja. El Defensor del Pueblo, a tiempo de destacar este inicio de entendimiento entre indgenas y Gobierno, se hace presente en el lugar para acompaar el inicio de dilogo, al cual convoc continuamente. Pese a que en el mencionado dilogo la dirigencia indgena le solicit expresamente a Rolando Villena que sea el responsable de mediar y conducir el

El Gobierno dispone para el encuentro la asistencia de las mximas autoridades de las carteras de Obras Pblicas (Walter Delgadillo), Desarrollo Productivo y Economa Plural (Teresa Morales), Desarrollo Rural y Tierras, (Nemesia Achacollo), Autonomas (Claudia Pea), adems de tres viceministros por designar, adems del Presidente de la ABC (Luis Snchez), el Director Nacional de INRA (Julio Urapotina Aguararupa) y el Director de la ABT (Cliver Rocha Rojo). 159 Nota DP 2624/2011 de 1ro de Sep. e 2011

proceso, el Defensor agradeci el pedido y la confianza para moderar la reunin y concluy solicitando que el dilogo, aun sin resultados, contine con la moderacin de los marchistas. La solicitud no pudo ser satisfecha por expresa negativa de la otra parte en el conflicto, manifestada a travs de la ministra de Desarrollo Productivo y Economa Plural, Teresa Morales, quien expres que ello no era adecuado, conveniente ni necesario. El dilogo se extendi hasta el 3 de septiembre, y se interrumpi cuando los indgenas reclamaron conocer de manera pblica la posicin del Presidente del Estado respecto a la carretera y la existencia o inexistencia de alternativas al trazo del tramo II. A raz del fallecimiento del beb de 8 meses (Juan Uche Noe), hijo de una familia marchista, acaecido la tarde del domingo 4 de septiembre en el hospital de San Borja, presuntamente por falta de atencin oportuna, el 6 de septiembre el Defensor del Pueblo, instruy a la Representacin Departamental del Beni el inicio de una investigacin para conocer las causas del fallecimiento. Emergente de sta tragedia, el Defensor del Pueblo reiter la solicitud a la Cruz Roja Boliviana para que intensifique su presencia para atender a marchistas, sobre todos a nias, nios y a mujeres embarazadas. En la misma fecha, ante declaraciones de algn lder campesino que podran llevar a la escalada de violencia verbal por los trminos utilizados, el Defensor del Pueblo exigi que tales expresiones sean rectificadas y en general insta a deponer expresiones descalificantes entre las partes160. En la misma fecha el Ministro de Obras Pblicas, Walter Delgadillo, declar pblicamente, descalificando a la Defensora del Pueblo y a los organismos de derechos humanos internacionales y nacionales como potenciales mediadores afirmando que han perdido la capacidad de ser intermediarios en el conflicto pues habran perdido imparcialidad. En prevencin de posibles enfrentamientos toda vez que desde el 31 de agosto se haba instalado un bloqueo a la altura del puente San Lorenzo en Yucumo por parte de organizaciones de colonizadores, el 7 de septiembre, el Defensor del Pueblo remiti notas a las siguientes autoridades: Ministro de Gobierno, Comandante General de la Polica Boliviana y Comandantes Departamentales de la Polica Boliviana de La Paz y Beni161, expresando su preocupacin por la inexistencia de un plan de contingencia ante el paso de la marcha y eventuales situaciones de confrontacin a la altura de Yucumo e instando para que se extremen medidas de coordinacin institucional para evitar se produzcan daos. El 8 de septiembre, ante el anuncio de la apertura de una nueva posibilidad de dilogo entre las partes a partir de la presencia del Canciller del Estado, el Defensor del Pueblo celebr la seal gubernamental. No obstante, expres tambin su preocupacin ante noticias del refuerzo de bloqueo en Yucumo.

En fecha 06 de septiembre el dirigente de la CSUTCB, Roberto Coraite a tiempo de manifestar el respaldo de su organizacin al proyecto caminero, justifica la construccin de la carretera, para que los indgenas ya no sigan viviendo como salvajes 161 Notas DP 2678/2011, 2711/2011 y 2714/2011 de 07 de sep. de 2011

Durante el fin de semana del 10 y 11 de septiembre, por canales no regulares, la dirigencia de la marcha pidi, de manera pblica, la presencia de veedores internacionales, de la Defensora del Pueblo y otras organizaciones para que acompaen a la marcha cuando atraviese la poblacin de Yucumo, donde un grupo de colonizadores se encuentra bloqueando el sector con el propsito de evitar el paso de los indgenas. Atendiendo el pedido y en el marco de sus competencias, la Defensora del Pueblo continu con la presencia institucional permanente in situ a la evolucin del conflicto e insisti en los llamados al dilogo y la concertacin entre las partes. El 14 de septiembre, nuevamente ante la necesidad de precautelar el respeto de los Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo denunci la existencia de actitudes de provocacin por parte de colonizadores que bloquean la marcha indgena en Yucumo e invoc a dejar de lado esas actitudes que puedan afectar la instalacin del dilogo. Concretamente expresa que dos motorizados de la poblacin de Yucumo ingresaron al lugar donde se encuentra la marcha clara actitud de provocacin. Pide el respeto de la Constitucin con relacin al libre trnsito, es decir el derecho que tienen los marchistas de trasladarse libremente Exige a la polica resguardar a los marchistas y que sean imparciales al mismo tiempo. El Defensor insisti en que ese tipo de acciones llevarn a situaciones de una mayor polarizacin, por lo que reiter a quienes bloquean la carreta que une las poblaciones de Yucumo con San Borja, que tengan en cuenta las dificultades existentes para lograr acuerdos. En fecha 16 de septiembre, el Defensor del Pueblo pidi audiencia al Ministro de Gobierno a fin de exhortarle para que dentro de las competencias a su cargo evite los enfrentamientos entre indgenas y colonizadores, as como para ratificar la funcin de garanta correspondiente a la Polica Boliviana. En contacto con la prensa, el Defensor a tiempo de exhortar a la pacificacin, calific la actuacin de la polica durante el bloqueo en Yucumo como por lo menos ambiguo en alusin al comportamiento desigual de sta institucin frente a similares situaciones de bloqueo en distintos puntos del pas. En fecha 19 de septiembre, a partir de un anlisis del contenido y alcances del derecho a la Consulta de Pueblos Indgenas contenido en la Constitucin e Instrumentos Internacionales, el Defensor del Pueblo seal que, dado que no se ha cumplido el requisito previo y constitucional de consulta a los pueblos indgenas involucrados, el contrato entre el Estado y la empresa OAS se aparta de la constitucionalidad invocando a que tal actitud sea enmendada a la brevedad. En la cuarta semana de septiembre, la conflictividad vinculada a la VIII Marcha aument en intensidad debido a la serie de anuncios de bloqueos de adhesin en distintas partes del pas. As, el 21 de septiembre, ante la violenta represin policial ejercida en contra de intentos de bloqueo de carreteras en apoyo a la marcha, represin notoriamente excedida en sus alcances y medios, el Defensor del Pueblo orden la presencia de las representaciones distritales correspondientes en los lugares de los sucesos, a fin de precautelar el respeto de los derechos fundamentales, habindose desplegado a partir de la fecha personal no slo en Yucumo sino tambin en los lugares donde afloran las medidas de apoyo y consiguiente represin policial (Pando, carretera Cobija-Riberalta, comunidad Naranjal; Tarija, carretera N 9). En el caso de los sucesos acaecidos en la carretera Cobija-Riberalta, la Representacin Departamental de Pando despleg una serie de acciones de verificacin primeramente del estado de salud de heridos en la confrontacin, tanto policas como indgenas, y el

acopio de informacin sobre los sucesos. Habindose constatado un injustificado uso excesivo de la fuerza pblica por parte de efectivos de la Polica. Cabe destacar en este punto las acciones de la Mesa Defensorial de Yungas fueron oportuna y permitieron evitar brotes de violencia en acciones similares en otros lugares. Ante las mencionadas acciones de represin policial, en fecha 22 de septiembre el Defensor del Pueblo, a travs de la prensa, denunci el uso excesivo de la fuerza de la Polica en tareas de desbloqueo, conden acciones ilegales de limitacin u obstaculizacin de suministro de alimentos, agua y vituallas a los marchistas as como acciones ilegales de requisas y/o decomisos de bienes por particulares, remarcando adems la obligacin estatal de garantizar a toda la poblacin sin discriminacin el pleno goce de tales derechos fundamentales. El da domingo 25 de septiembre se produjeron los lamentables hechos de violenta intervencin policial a la VIII Marcha en la localidad de Limoncito. Ante estas violentas acciones policiales, en conferencia de prensa el Defensor del Pueblo llam al cese de la violencia, denunciando que el uso de la fuerza excesiva pone en riesgo a la democracia, condena violencia ejercida y gasificacin en contra de madres y nios pequeos, exigiendo condenar con todo el rigor de la ley a los autores. Reiter el carcter netamente pacfico y legtimo de la Marcha, conden la actitud de autoridades que han ordenado las acciones violentas. Denunci injerencia de terceros en la marcha. Y destac la madurez de la dirigencia en sentido de evitar enfrentamientos. A partir de la intervencin, la Defensora del Pueblo dispuso reforzar presencia permanente en la Marcha para garantizar respeto de los derechos humanos, por medio de la Representacin de Beni, la Mesa Defensorial de Yungas y la Representacin de La Paz Durante la accin policial violenta, la Defensora del Pueblo contaba con presencia institucional y tom conocimiento de fuente directa de lo sucedido, la misma que se refrenda con testimonios de los involucrados y las acciones de investigacin defensorial posteriores, que sustentan el presente informe. El Defensor del Pueblo instruy el mismo 25 de septiembre la elaboracin de un Informe Defensorial sobre la intervencin policial. La labor se inici el lunes 26 de septiembre con el despliegue de personal de la institucin encargado de recolectar indicio de prueba a travs de testimonios de los afectados, para coadyuvar al establecimiento de la verdad. Asimismo, el Defensor del Pueblo se reuni con el Ministro de Gobierno, quien asegur que la orden de intervencin no fue emitida desde el rgano Ejecutivo y que se actu en mrito a un requerimiento fiscal del Ministerio Pblico. En horas de la tarde el Defensor del Pueblo se traslad a la localidad de Rurrenabaque donde recogi de manera directa una serie de testimonios de las vctimas, lderes y autoridades. En fecha 27 de septiembre, ante convocatoria del Gobierno para que la Defensora del Pueblo forme parte de una Comisin Investigadora junto al Ministerio de Transparencia y la Organizacin de Naciones Unidas (ONU), el Defensor expres mediante nota dirigida al Ministro de la Presidencia, que el trabajo independiente que ya lleva adelante la institucin que preside, permitir guardar las necesarias garantas de imparcialidad y objetividad, por

lo que se considera pertinente no ser parte de la referida Comisin. El Defensor del Pueblo expres su seguridad de que los rganos e instituciones del Estado prestarn a la institucin la colaboracin requerida para la conclusin del informe. 3.4. ACCIONES DE INVESTIGACIN 3.4.1. Informe verbal del Ministro de Gobierno Sacha Llorenti El Defensor del Pueblo, Rolando Villena Villegas, se reuni con el entonces Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, en dos oportunidades. En la primera cita, el 16 de septiembre de 2011, la mxima Autoridad Ejecutiva de la Defensora del Pueblo, le manifest su preocupacin debido a comentarios de diversos medios de comunicacin sobre una inminente intervencin a la marcha, a lo que el ex Ministro de Gobierno asegur y se comprometi que no se llegar a tal extremo, aclarando que la presencia de efectivos policiales en el lugar tena el objetivo de evitar un enfrentamiento entre los colonizadores y marchistas. Posteriormente, luego de la intervencin policial del domingo 25 de septiembre de 2011, se realiz el segundo encuentro entre las sealadas autoridades (lunes 26 de septiembre), donde el titular de la cartera de Gobierno, manifest que en todo momento se intent evitar un enfrentamiento entre civiles a cualquier costo, agregando que le preocupaba la falta de pronunciamiento de parte del Defensor respecto a los sucesos acontecidos con el Ministro de Relaciones Exteriores y las lesiones sufridas por varios efectivos policiales a consecuencia de las agresiones indgenas. Al respecto, el Defensor seal que a partir de lo sucedido con el Canciller, estaba consciente que dicha actitud era reprochable, pero que de ninguna manera sera argumento para deslegitimizar la marcha indgena o provocar en base a ello, una intervencin. Posteriormente, el ex Ministro seal que a las 16.30 del 25 de septiembre de 2011, aproximadamente 60 marchistas se acercaron con flechas a los policas, sin tomar en cuenta la presencia de casi 1.000 colonizadores cerca del puente San Lorenzo, lo que mostraba un inminente riesgo de enfrentamiento y por lo que se realiz el operativo contndose con una orden fiscal para intervenir con carcter preventivo, indicando adems que sta fue una medida atinada para cuidar la integridad de las personas, a pesar del alto costo poltico que implicaba, habiendo actuado adems de la misma manera con los bloqueadores. Sobre este particular, el Defensor del Pueblo le replic que tena una versin opuesta a la sealada por la autoridad, ya que existan varios testimonios que coincidan en sealar que la intervencin fue realizada mientras los componentes de la marcha estaban descansando, algunos preparaban sus alimentos y los nios jugaban en el lugar. En lo referente a los excesos policiales, el ex Ministro de Gobierno manifest que stos seran investigados y que el Gobierno no tena la culpa de errores cometidos por terceros, debiendo a los malos policas instaurarles procesos. Finalmente, el ex titular del Ministerio de Gobierno fue enftico al indicar que no existan madres sin sus hijos, as como detenidos, agregando que ese da (26 de septiembre

de 2011) civiles tomaron el aeropuerto de Rurrenabaque, pero que el Gobierno no realiz ninguna otra accin para evitar hechos de violencia. 3.4.2. Informe de la Polica Boliviana En el marco de sus atribuciones, y para la investigacin de los hechos acaecidos motivo del presente informe, la Defensora del Pueblo, llev a cabo una serie de gestiones ante el Comando General de la Polica Boliviana. En ese sentido, el 4 de octubre, primero se envi un Requerimiento de Informe Escrito, que debi ser respondido hasta el 18 de octubre de 2011. No obstante, habiendo transcurrido el plazo legal mximo, no se obtuvo respuesta alguna. Posteriormente, en fecha 28 de noviembre se promovi una entrevista con el Comandante General de la Polica, Gral. Jorge Santiesteban Claure, para llamar su atencin sobre la omisin al cumplimiento de la obligacin constitucional de colaboracin a la Defensora del Pueblo y solicitar informacin verbal, misma que no fue proporcionada aduciendo que cualquier declaracin estara reflejada en el informe respectivo, a ser enviado a la Defensora del Pueblo, mximo hasta el 3 de noviembre de 2011. En ese orden de acontecimientos, el 3 de noviembre de 2011, se realizaron gestiones de seguimiento ante la Jefatura de Operaciones del Comando General de la Polica Boliviana, en esa instancia indicaron que la nota de respuesta se encontraba desde hace varios das en el Despacho del Comandante General, donde a su vez desconocan la misma. Transcurrido ms un mes de solicitud, el 3 de noviembre de 2011, el Comandante General de la Polica Boliviana, Gral. Jorge Santiesteban Claure, envi la nota Sgral. Cmdo. Gral. 1922/2011, pidiendo un plazo adicional para remitir su respuesta, debido a la recopilacin y sistematizacin que requera el informe solicitado. Frente a esta conducta renuente a colaborar, la Defensora del Pueblo conmin a dicha autoridad a cumplir sus deberes en un plazo de 24 horas y ordenar que el jueves 10 de noviembre del ao en curso, se hicieren presentes para brindar informacin en nuestra institucin los generales scar Muoz Colodro; Edwin Foronda Franco; Modesto Palacios Cruz y el Cnl. scar Chvez Ruedas. El 8 de noviembre de 2011, el Comandante General de la Polica Boliviana, Gral. Jorge Santiesteban Claure, remiti a la Defensora del Pueblo la nota 485/2011, adjuntando el informe del Inspector General de la Polica Boliviana, Gral. Edgar Paravicini Urquizo; el Informe N 101/2011, del Jefe del Departamento Nacional de Operaciones Tcnl. Franz Alvarado Hoyos; y la respuesta al Requerimiento elaborada por el Gral. scar Muoz Colodro. El contenido de la respuesta que es incompleta e infundada, no cuenta con la informacin requerida como los planes de operaciones realizados en los operativos policiales de intervencin y seguimiento a la marcha indgena; los mandamientos de aprehensin emitidos por autoridad competente, as como la nomina de los funcionarios policiales que intervinieron en los hechos. Finalmente, en la fecha prevista para escuchar la informacin de los funcionarios policiales precedentemente citados, ninguno de ellos se hizo presente y ante lo cual se les aplic el principio de presuncin de veracidad de los hechos que los involucran.

3.4.2.1. Contenido de los informes policiales El Informe del Inspector General de la Polica Boliviana, Gral. Edgar Paravicini Urquizo, responde a la pregunta referida al motivo del cerco policial y la negativa de acceso al agua y donde seala, que: La polica Boliviana se constituy a la localidad de Yucumo, a efectos de cumplir con su misin constitucin, no existi cerco policial ni se impidi el acceso al agua (Resaltado agregado). Por su parte, en cuanto a la pregunta de las unidades que participaron en los hechos acaecidos en Chaparina, el Jefe del Departamento Nacional de Operaciones Tcnl. Franz Alvarado Hoyos, se circunscribe a indicar que: 422 efectivos policiales, en sus diferentes grados y jerarquas (no adjunta planilla de los mismos), tomaron parte del operativo. Finalmente, en relacin a las dems respuestas al requerimiento defensorial, el Gral. scar Muoz Colodro, expresa lo siguiente: Respecto si el Ministerio de Gobierno y del Comandante General de la Polica Boliviana autorizaron realizar el operativo del 25 de septiembre de 2011, ste respondi que: las acciones policiales fueron decididas por el nivel superior. En lo que hace a la ejecucin del operativo, indica que como consecuencia de la toma del Canciller, los marchistas quedaron a una distancia menor de 200 metros de los bloqueadores de las comunidades interculturales y pobladores de Yucumo, por lo que (...) ese fue el momento en el conflicto que se evidenci un inminente peligro de enfrentamiento al que quedaron expuestos los marchistas por el TIPNIS (...), con el grave riesgo de que se produzcan hechos fatales imprevisibles, especialmente delitos contra la vida y la integridad corporal de las personas, teniendo en cuenta, que estos constituyen los mayores bienes que protege el Estado Boliviano. Destaca el Gral. Muoz, que desde un principio los miembros de la Polica Boliviana actuaron en el cumplimiento de sus deberes protegiendo a todas las personas en el rea de operaciones, en especial a la poblacin vulnerable (...). Asimismo, justifica la intervencin policial sealando que: Ante el peligro de enfrentamiento con consecuencias fatales, la presencia de mujeres embarazadas, nios, ancianos y la prdida de vidas en el desarrollo de la marcha atribuibles a la intransigencia de los marchistas indgenas, quienes expresaban su voluntad de arribar a la ciudad de La Paz, a cualquier costo social, poltico y econmico; ante la cercana de la marcha de los pueblos indgenas a distancia aproximada de 200 metros del grupo de personas de las Comunidades Interculturales y pobladores de Yucumo. Con la finalidad de resguardar la seguridad fsica, los derechos humanos y la vida de todas las personas involucradas en el conflicto, con la intencin de que los marchistas, retornen a sus Comunidades de origen, en vehculos que fueron designados para el efecto con anterioridad, precautelando en todo momento la vida y la integridad corporal de las personas, conforme establecen las normas; en ese entendido es que SE ESTABLECI UN CANAL HUMANITARIO CON EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL DE AUXILIO, dos unidades de ambulancia con mdicos, paramdicos y enfermeras coadyuvados por personal policial, para brindar atencin en salud a las madres y nios, mujeres

embarazadas y personas de la tercera edad, integrantes de la marcha de los pueblos indgenas. (Resaltado agregado). Este hecho provoc la reaccin de los marchistas de los pueblos indgenas, quienes protagonizaron un enfrentamiento con los efectivos policiales, PROCEDINDOSE AL USO DE ALGUNOS AGENTES QUMICOS, PARA DISUADIR Y DISPERSAR A LOS AGRESORES INDGENAS, quienes ocasionaron heridas de consideracin en los miembros de la Polica Boliviana, para lo cual utilizaron armas letales como ser: arcos, flechas, machetes, cuchillos, palos y otros, que fueron depositados como pruebas en las investigaciones iniciadas por la Fiscala del Beni. (Resaltado agregado). Con el afn de proteger la vida y la integridad fsica de las personas, en cumplimiento a instrucciones superiores, junto al Gral. Modesto Palacios Cruz, me constitu el da 25 de septiembre a la Localidad de Yucumo, lugar donde se encontraba el Sr. Marcos Farfn Farjat, Vice Ministro de Rgimen Interior y Polica, para dar cumplimiento a la disposicin de ejecutar las acciones policiales, mediante los grupos operativos que ya se encontraban en el lugar. Al respecto, destaca adems que: () LOS MARCHITAS FUERON PERSUADIDOS PARA RETORNAR HACIA SUS COMUNIDADES de origen ante el inminente riesgo de enfrentamiento con los interculturales, con riesgo de prdida de vidas humanas.

En relacin a las rdenes de aprehensin o detencin, destaca el Gral. Muoz que: No hubo personas aprehendidas ni detenidas, las acciones policiales estaban dirigidas a precautelar, preservar la vida y la integridad corporal de las personas y el respecto de los Derechos Humanos. En ese mismo sentido, la Polica () se limit a evitar enfrentamiento entre marchistas y la comunidad de interculturales precautelando por sobre todo la vida y la integridad corporal de las personas y el respecto de los Derechos Humanos. En cuanto a la razn por la que se empleo el uso excesivo de la fuerza, mediante el enmanillado y amordazamiento de las personas detenidas expresa el Polica Muoz, que segn los partes: NO HUBIERON PERSONAS DETENIDAS, EL USO RACIONAL DE LA FUERZA ESTUVO EN FUNCIN AL GRADO DE VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD EJERCIDA POR LOS MARCHISTAS () en todo caso, destaca que las acciones policiales precautelaron en todo momento la integridad fsica y la vida de las personas, respetando los Derechos Humanos. El Gral. Muoz seala en el informe que respecto a la separacin de madres y nios pequeos y de acuerdo a los partes recibidos ()no hubo separacin del binomio madre-hijo, al contrario la polica abri el canal humanitario para preservar la salud, la integridad y los Derechos Humanos, por la intransigencia de los marchistas de continuar la marcha, poniendo en riesgo su propia vida, ante el inminente enfrentamiento con las comunidades interculturales. Segn lo reportado por el entonces Subcomandante de la Polica: () no hubo decomiso de material de trabajo (cmaras, grabadoras y celulares) a los medios de comunicacin y en todo momento se respeto la libertad de prensa ().

3.4.3. Informe de la Fuerza Area Boliviana Mediante Requerimiento de Informe Escrito N 3311/2011, de 25 de octubre de 2011, se solicit al Comandante General de la Fuerza Area Boliviana, Gral. Brig. Ae. Tito Rger Gandarillas Salazar, aclaraciones sobre la participacin de la Fuerza a su cargo en el operativo del 25 de septiembre de 2011, adems de datos sobre el uso de aviones para el traslado de los marchistas. De esta manera, en fecha 4 de noviembre de 2011, la citada autoridad militar envi la nota DIR.GRAL.AS.JUR N 737/11, expresando por una parte que la Fuerza Area no tuvo ningn grado de participacin en el operativo, mientras que por otra destac que: ()No se instruy el uso de aviones para el traslado de marchistas exclusivamente, sino tambin para el traslado de personas que se encontraban en el lugar (), disponiendo las aeronaves Fokker F-27 (Matrcula FAB 90), Convair CV-580/CL 66 B (Matrcula FAB 74) y el avin Hrcules C -130 (Matrcula FAB 65). 3.4.4. Informe del Ministerio de la Presidencia En fecha 4 de octubre de 2011, se remiti el Requerimiento de Informe Escrito D.P 3017/2011, dirigido al Ministro de la Presidencia, Carlos Romero, solicitando que en el plazo de diez das se pronuncie respecto a la intervencin a la marcha indgena. As, mediante nota MPR PRES N 1113/2011, el Ministro Romero, sostiene que el Requerimiento de la Defensora de Pueblo fue remitido al Ministerio de Gobierno, con la finalidad de que en esa reparticin se elabore un informe tcnico evaluativo, el cual sera enviado en el plazo establecido. Vencido el plazo legal y tras realizar el seguimiento correspondiente, se inform que el Requerimiento fue asignado a la abogada Gisela Prez. Sin embargo, despus de insistir en reiteradas oportunidades ante la citada persona, sta manifest que el tema no era de su conocimiento. Ante la falta de colaboracin de la autoridad requerida, se emiti una conminatoria al Ministro de la Presidencia, en cumplimiento al artculo 223 de la Constitucin Poltica del Estado y el artculo 23 de la Ley 1818, misma que lejos de ser contestada en el fondo mereci la nota MPR DESP N 1332/2011, de 9 de noviembre del ao en curso, mediante la cual reitera lo sealado anteriormente en cuanto a que el Ministerio de Gobierno se encontraba elaborando un informe tcnico evaluativo, el cual una vez concluido sera remitido a la Defensora del Pueblo. Finalmente, aclarar que hasta la fecha de conclusin del presente informe el Ministro de la Presidencia, Carlos Romero Bonifaz, no respondi al Requerimiento de Informe Escrito D.P 3017/2011. 3.4.5. Informe del Ministerio de Gobierno En fecha 28 de septiembre de 2011, la Defensora del Pueblo, con la finalidad de conocer la versin oficial del Ministerio de Gobierno, solicit a su titular mediante Requerimiento de Informe Escrito DP 3019/2011, pronunciamiento sobre los hechos acaecidos en ocasin de la intervencin policial a la marcha indgena; sobre las acciones que se adoptaron en esa Cartera de Estado y los datos sobre la orden de ejecucin, entre otros.

Ante la falta de respuesta, el 1 de noviembre de 2011, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena Villegas acudi al despacho del Ministro Wilfredo Chvez, para llamar su atencin sobre la omisin al cumplimiento de la obligacin constitucional de colaboracin a nuestra institucin y solicitar informacin verbal. Al respecto, el Ministro sostuvo que el informe extraado sera enviado a la Defensora del Pueblo, mximo hasta el 3 de noviembre de 2011 y donde ratificaran los extremos expuestos verbalmente respecto a la participacin de esa reparticin en la marcha indgena y la responsabilidad del ex Ministro Sacha Llorenti, y del ex Viceministro Marcos Farfn Farjat. Sin embargo, cabe manifestar que una vez vencido el plazo de respuesta y hasta la fecha de conclusin del presente informe el Ministro de Gobierno, Wilfredo Chvez, no respondi al Requerimiento de Informe Escrito DP 3019/2011. Por otra parte, al haber recibido documentos que involucran a varios funcionarios del Ministerio de Gobierno (incluyendo Consultores de Lnea), se solicit a stos constituirse en las oficinas de la Defensora del Pueblo el 21 de noviembre de 2011. No obstante, ninguna de las notas fue atendida. Es de resaltar que en el caso la ciudadana Karolina Vertiz Arancibia, se le solicit apersonarse el 21 de noviembre de 2011 al Despacho del Defensor del Pueblo a lo que respondi solicitando que se le extienda una solicitud personal y no adjunta a los miembros del equipo de la USCAT. En ese sentido, en la misma fecha se le extendi la nota requerida y dicha funcionaria se neg a recibir la misma. 3.4.6. Informe del Ministerio Pblico En lo que hace al Ministerio Pblico, la Defensora del Pueblo, remiti la nota DP 3021/2011 de 28 de septiembre de 2011, dirigida al Fiscal General del Estado Plurinacional, Mario Uribe, quien a travs de su Secretario General, Lic. Vctor Hugo Cuellar otorg una respuesta mediante CITE FGR/Stria/ No 8845/2011 de 21 de octubre de 2011, adjuntando informes de las Fiscalas Departamentales de La Paz y Beni. La sealada misiva en sus partes relevantes seala que: El Seor Fiscal General de la Repblica Dr. Mario Uribe Melendres, no ha emitido requerimiento o comunicacin alguna para proceder a la intervencin de la marcha indgena, por el contrario, se emitieron diversos instructivos tendientes a la apertura de una investigacin al respecto. Por su parte el, Fiscal de Distrito del Beni, Hugo Vargas Palenque, mediante nota FDB-OF No 614/11 de 13 de octubre de 2011, dirigida a la precitada autoridad mxima del Ministerio Publico, manifest que no cursaba en esa reparticin denuncia alguna contra los marchistas, aclarando adems que no exista un requerimiento emitido por su parte ni de fiscal a su cargo para que la polica intervenga en los hechos suscitados en fecha 25 de septiembre, informando adems que no hubo participacin de algn representante del Ministerio Pblico en el momento de la intervencin policial. De la misma forma, mediante el Fiscal General, la Fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yaiquez sobre el particular manifest en informe de 26 de septiembre de 2011, que en fecha 24 de septiembre de 2011, Fiscal de materia de turno, Edwin Sarmiento Valdivia, tom conocimiento del arribo de personas que haban sufrido lesiones por agresin de los marchistas del TIPNIS en el lugar denominado San Lorenzo aproximadamente a 5

kilmetros de la localidad de Yucumo y ante la noticia fehaciente de la comisin de delitos de orden pblico y la trascendencia de los hechos el sealado representante, formul las primeras diligencias investigativas emitiendo el Requerimiento del 24 de septiembre de 2011, en el que impetra a la Fiscal Departamental de La Paz que en la va de Cooperacin Directa conforme el artculo 136 del Cdigo de Procedimiento Penal, se solicita al Fiscal Departamental del Beni se designe en comisin a un Fiscal o Fiscales de Materia en ese Departamento, para proceder a efectuar el REGISTRO DEL LUGAR DEL HECHO, a objeto de colectar elementos de conviccin relacionados. Finalmente, la sealada autoridad del Ministerio Pblico de La Paz, aclar que el requerimiento precitado fue el nico inherente que fue emitido dentro del proceso invocado. Ahora bien, respecto al requerimiento realizado a la Fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yaiquez, para la extensin de copias de declaraciones de autoridades pblicas relacionadas con el caso, esta autoridad evadi constantemente el cumplimiento de sus deberes con una actitud dilatoria y renuente a colaborar solicitando en, primera instancia, memoriales y notas que faciliten su cooperacin, para posteriormente rehuir las llamadas y solicitudes del Defensor, emitiendo provedos para descargar responsabilidad en sus subalternos. 3.4.7. Informe del ex Viceministro de Rgimen Interior y Polica, Marcos Farfn En fecha 14 de noviembre de 2011, el ex Viceministro de Rgimen Interior y Polica del Ministerio de Gobierno, Marcos Farfn Farjat se entrevist con el Defensor del Pueblo, Rolando Villena Villegas, adjuntando informe y documentacin relativa a la investigacin llevada a cabo por la institucin sobre la intervencin policial a la marcha indgena del 25 de septiembre de 2011. Segn el informe presentado por la ex autoridad gubernamental, se tiene que ste recibi aproximadamente a las 14:30 del sbado 24 de septiembre de 2011, una llamada telefnica del ex Ministro de Gobierno, Sacha Sergio Llorenti Soliz, quien le instruy trasladarse inmediatamente a la localidad de Yucumo en una avin de la Fuerza Area Boliviana, con el fin de coordinar con el mando del contingente policial la evacuacin de los marchista al amanecer del domingo 25. Horas despus, habiendo arribado a Yucumo se contact el Director General de Rgimen Interior, Boris Villegas, comunicndose ambos posteriormente con el Gral. Edwin Foronda, responsable en ese momento del contingente policial, acordando reunirse a las 21.00 de ese mismo da para la presentacin del plan de evacuacin indgena () que tendran preparado los policas. A la hora antes sealada, tanto l como Boris Villegas se reunieron con la plana mayor integrada por el General Foronda, el Cnl. Chvez y cerca otros nueve oficiales mas. En la cita, Marcos Farfn seal a los Jefes y Oficiales policiales que se estaba tramitando un requerimiento fiscal por secuestro y tentativa de homicidio de Canciller y del polica herido, respectivamente y que, en cumplimiento de ese requerimiento exista la orden superior de intervenir la marcha al amanecer del da siguiente, para proceder luego a la evacuacin de los indgenas y devolverlos a sus comunidades. La precitada instruccin - indica Farfn - habra sido tomada con mucha reticencia por los oficiales presentes, por problemas tcticos y logsticos, aspecto que fue transmitido al Ministro Llorenti quien fue enftico y taxativo en reiterar que el operativo deba

ejecutarse segn lo planificado, en ese entendido los oficiales policiales aceptaron disciplinadamente ejecutar el mismo. Aproximadamente a horas 0:05 a.m. el Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, le comunica que una vez evaluada la situacin, se posponga el operativo policial para el lunes 26 de septiembre, transmitiendo esa orden tanto al Gral. Foronda como a Boris Villegas. As, en horas de la maana del domingo 25 de septiembre de 2011, se dirigi junto con el Director General de Rgimen Interior, al cuartel de UMOPAR, con el fin de reunirse con el Gral. Foronda, quien le manifest que estaban realizando los requerimientos logsticos para el operativo, aunque el plan aun no estaba concluido acordando reunirse a las 18:00 para ultimar los detalles, contar con la informacin necesaria y los vehculos requeridos. Posteriormente, a medio da del domingo se apersonaron al hotel donde se encontraba alojado los Generales scar Muoz y Modesto Palacios, los cuales indicaron que haban llegado de La Paz, confirmando ambos la reunin de las 18:00, sin embargo, aproximadamente a las 16:00, los sealados Jefes Policiales, nuevamente tomaron contacto directo con l, indicando que tenan informes de inteligencia de que los arqueros y lanceros indgenas estaban en apronte, intentando romper la barrera policial y que se hallaban apartados del grueso de la marcha, lo que constitua un momento propicio intervenirla al atardecer del mismo da 25, extremo que no fue aceptado. Momentos despus, cuando se encontraba en una reunin con los colonizadores, recibi una llamada del Gral. Muoz, quien le indic que la situacin se haba precipitado, que se produjo un enfrentamiento entre policas y marchistas y que estaban procediendo a la intervencin, a lo que le pregunt, si contaba con alguna orden, respondiendo aquel que si, de La Paz. Debido a la informacin recibida, se comunic con el Ministro de Gobierno, quien le solicit que lo tenga al tanto del operativo cada diez minutos. Una vez finalizada la intervencin, luego de varias comunicaciones telefnicas, Sacha Llorenti le instruy que realice declaraciones a los medios de comunicacin, lo que no le pareci prudente, por lo que el titular de la cartera de Gobierno, le solicito hablar con el Gral. Muoz, para que el declare ante los medios y le indique lo que tiene que hablar. Horas ms tarde, debido a la imposibilidad de que lo buses pasaran la localidad de San Borja, inform de tal situacin al Ministro Llorenti, quien le dijo que estaba gestionando aviones para que de Rurrenabaque trasladen a los indgenas a sus lugares de origen y que el contingente policial junto a los marchistas deban llegar al aeropuerto antes de las 06:00. En razn de los sucesos acontecidos en la poblacin indicada, tuvo que retornar a La Paz. Entre la documentacin presentada a la Defensora del Pueblo por el ex Viceministro de Rgimen Interior y Polica, se encuentra el informe Especfico 03/2011 de fecha 29 de septiembre de 2011, de Karolina Vertiz Arancibia, Consultora de Lnea de Revisin, Anlisis y Seguimiento de Documentos Legales en Temas Inherentes a Conflictos Sociales, dirigido al Director General de Rgimen Interior, Boris Villegas Rocabado. En su informe, Vertiz manifiesta que por instrucciones de la antes mencionada autoridad se constituy en Yucumo el 16 de septiembre de 2011 para desarrollar labores

humanitarias, alerta temprana, relevamiento de informacin y gestin de conflictos, conjuntamente a los seores Jorge Arzabe, Adalit Rivero y Ernesto Castro. El 27 de septiembre de 2011, la funcionaria del Ministerio de Gobierno, Karolina Vertiz Arancibia le inform que, el da de la intervencin en momento en que ella se encontraba en el cuartel de UMOPAR, a horas 10:00 a.m. se apersonaron los Generales Muoz y Palacios, relevando del mando al Gral. Foronda y convocando a una reunin de todo el efectivo con el fin de impartir la orden de que el operativo se realizara ese da a Hrs. 16:00, dando las instruccin tcticas y operativas de cmo procedera la polica, agregando que el uso de masqun que sirvi para amordazar y maniatar indgenas, estaba previsto de antemano.

En ese orden de acontecimientos, en fecha 25 de septiembre de 2011, la precitada funcionaria, en su informe manifiesta que en horas de la maana recibi una llamada del Dr. Boris Villegas, quien le solicit apersonarse a su hotel, donde se encontraba con el Dr. Marcos Farfn, Viceministro de Rgimen Interior y Polica, as como Willy Tola, conductor de un vehculo del Ministerio de Gobierno, que haba transportado Bs. 30.000 desde La Paz. En la reunin el Dr. Villegas le orden hacerse cargo de ese dinero y cooperar con el personal administrativo en la contratacin de 4 buses que se encontraban en el campamento de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Horas despus, Karolina Vertiz tom contacto con el Director General de Rgimen Interior, apersonndose ambos al cuartel de UMOPAR, lugar donde tuvieron un acercamiento con el Tcnl. Henry Terrazas, encargado de Planificacin y Operaciones del contingente policial, instruyndole Villegas que con el dinero entregado cubra todos los requerimientos de la Polica. Es as, que el sealado oficial, le solicita la compra de Alimentos para 76 efectivos, 1.000 litros de combustible, 1.200 litros de agua, 20 tenazas cortafro y 10 docenas de cinta adhesiva masqun, ejecutndose la solicitud tal como se demuestra de la factura de compra No. 01135 de 25 de septiembre de 2011 de la Ferretera Alan162 y las gestiones realizadas para obtener agua destinada al contingente policial163. Posteriormente, precisa que se dirigi al campamento de la ABC donde tomo contacto con los dueos de los buses los seores Rubn Alcn Cusi, Ren Sullca Garca, Modesta Villn Solares y Moiss Quispe Mena, quienes se encontraban en ese lugar para llegar a un acuerdo en el costo de los servicios de transporte, para el contrato de buses con destino a la ciudad de Trinidad, los mismos me manifestaron que fueron trados dos de

Factura Ferretera Alan No 01135, de propiedad de la Sra. Ana Elizabeth Rodriguez Vichini muestra el siguiente detalle: 11 tenazas Uyustools Bs. 418 9 tenazas Tramontina Bs. 405 10 docenas de Cinta Adhesiva Bs. 720 Total Bs. 1.543 163 Cumpliendo con el requerimiento de la Polica Boliviana segu comprando y buscando las cosas que me haba pedido el Tcnl. Henry Terrazas con ese fin de comunique con el Dr. Boris Villegas Director General de Rgimen Interior para consultarle donde se hallaban las botellas de agua porque era uno de los requerimientos que haban solicitado la Polica Boliviana, me muestra el lugar donde se encontraba el agua; yo le solicite la ayuda del chofer de la Camioneta del Ministerio de Gobierno, del seor Diego Prez y su acompaante y de mi compaero de grupo USCAT Marco Coss, con quienes cargamos los 100 paquetes y fuimos a hacer la entrega del agua al Tcnl. Henry Terrazas

Trinidad y dos de San Borja y que para este traslado el monto sera de 7.000 bolivianos por Bus acordndose finalmente la suma de Bs. 3.800, motivo por el cual facciona los contratos respectivos, contando adems con la autorizacin de la suscripcin de los mismos en representacin del Ministerio. De todas las adquisiciones de bienes y servicios que haba realizado hasta ese momento, el seor Ramiro Delgado, jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno le recomend que tenga recibos y comprobantes, esa misma instruccin la recibi del seor Edwin Contreras, Responsable de Bienes y Servicios, quien adems le solicit coordine sus actividades con el seor Diego Prez, auxiliar de esa misma unidad que se encontraba en Yucumo. A horas 15.30 aproximadamente, Karolina Vertiz indica que se encontraba en Yucumo cuando recibi la llamada del Cap. Clavijo, ayudante de rdenes del Gral. scar Muoz quien le pregunt si se encontraban listos los 10 buses, a lo que le respondi que solo haba contratado cuatro. El sealado oficial le solicit que los mismos se dirijan al punto de bloqueo de los colonizadores. Minutos despus recibi la llamada del Dr. Marcos Farfn, Viceministro de Rgimen Interior y Polica, quien le indic que necesitaban los buses. Es as, que se dirigi junto con stos al punto de bloqueo de los colonizadores y luego observ el operativo policial de intervencin al campamento de los marchistas. Por orden del Dr. Boris Villegas, Karolina Vertiz, el grupo USCAT y personal administrativo del Ministerio de Gobierno se trasladaron, junto con los indgenas y el contingente policial hasta la localidad de Rurrenabaque, donde la primera, recibi instrucciones del Director de Rgimen Interior de esperar la llegada de aviones. Finalmente, luego de los hechos acontecidos en Rurrenabaque, la sealada funcionaria retorn, junto con otro personal de USCAT a la localidad de Yucumo. IV. VIOLACIN DE DERECHOS HUMANOS 4.1. DERECHO A LA INTEGRIDAD El derecho a la integridad personal, es aquel derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de sta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensin, bien sea en su aspecto fsico como mental. El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad fsica, psquica y moral. La integridad fsica implica la preservacin de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. La integridad psquica es la conservacin de todas las habilidades motrices, emocionales, psicolgicas e intelectuales y la integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. El derecho a la integridad se encuentra reconocido en diversos Instrumentos Internacionales de los derechos humanos como la Declaracin Universal de Derechos Humanos en su artculo 5, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Polticos en su artculo 7, la Convencin Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San Jos de Costa Rica en su artculo 5, la Convencin Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en su artculo 2 y la Convencin contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en sus Artculos 1, 2 y 16.

Acorde a lo manifestado, ste derecho goza tambin de un reconocimiento en la Constitucin Poltica del Estado, la cual expresa en su artculo 15, que toda persona tiene derecho a la integridad fsica, psicolgica y sexual, por lo cual nadie puede ser torturado, ni sufrir tratos crueles, inhumanos, degradantes y humillantes. Asimismo, el artculo 114. I, del mismo texto, determina la prohibicin de todo forma de tortura, coaccin, exaccin o cualquier forma de violencia fisca y moral. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha manifestado sobre el derecho a la integridad personal que: A su vez, la actual Constitucin Poltica del Estado (CPE) de manera mucho ms desarrollada, consagra en el art. 114, el siguiente texto: I. Queda prohibida toda forma de tortura, desaparicin, confinamiento, coaccin, exaccin, o cualquier forma de violencia fsica o moral. Las servidoras pblicas y los servidores pblicos o las autoridades pblicas que las apliquen, instiguen, o consientan, sern destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por ley. II. Las declaraciones, acciones u omisiones obtenidas o realizadas mediante el empleo de tortura, coaccin, exaccin o cualquier forma de violencia, son nulas de pleno derecho. Esta norma est relacionada con el derecho a la vida, a la integridad fsica, psicolgica y sexual, prevista en el art. 15 de la CPE, en la que expresamente se seala que, Nadie ser torturado ni sufrir tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes, y en pargrafo el III sostiene que: El Estado adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de gnero y generacional, as como toda accin u omisin que, tenga por objeto degradar la condicin humana, causar muerte, dolor y sufrimiento fsico, sexual o psicolgico, tanto en el mbito pblico como privado Dichas normas, consagran el derecho proclamado por el art. 5 de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos (DUDH) que establece que: Nadie ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; derecho fundamental reiterado en el art. 5.2 de la Convencin Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San Jos de Costa Rica () Dichas acciones, conforme a la garanta jurisdiccional contenida en el art. 114 de la CPE, no encuentran amparo en un Estado Constitucional de Derecho, sustentado en el respeto a los derechos y garantas constitucionales y, por lo mismo, son nulas, no pudiendo generar o fundar derechos de terceras personas, pues de hacerlo se quebrantara la base del sistema constitucional y se permitira que las acciones de hecho, lesivas de derechos y garantas, no slo desconozcan los fines y funciones del Estado, entre ellos el de garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitucin, sino tambin las garantas reguladoras de derechos, entre ellas, la que sostiene que en el ejercicio de los derechos, nadie ser obligado a hacer lo que la Constitucin y las leyes no manden, ni privarse de lo que stas no prohban (art. 14.IV). Las vas de hecho, por otra parte, han merecido tutela por el Tribunal Constitucional, en diferentes Sentencias Constitucionales, cuando los demandados actuaron al margen de las normas constitucionales, pues consider que tales acciones no pueden hallar amparo legal bajo circunstancia alguna, y sus autores, como los que cooperan o contribuyen a lograr los resultados perseguidos con esas

acciones, as sean esperados desde la expectativa social, se sitan dentro de la ilegalidad y se hacen acreedores -autores y cmplices- a las consecuencias jurdicas de sus actos, en la forma en que el orden jurdico lo establece; pues, el Estado de Derecho, si bien establece un control judicial de la administracin y una sujecin de los poderes pblicos a la ley, cualquier accin antijurdica debe ser enjuiciada conforme al procedimiento que establece la ley, no pudiendo reprimir o sancionar tales actos con acciones de hecho, que tambin caen en la antijuricidad164 (SSCC 1502/2002-R, 0387/2007-R, 0487/2000-R, 1187/2006-R, 0678/2004-R entre otras). (Resaltado agregado) De tal forma que el derecho a la integridad, definido y reconocido tanto por la Constitucin Poltica del Estado y los tratados que forman parte del bloque de constitucionalidad, establecen claramente la obligacin de respeto y sobre todo de garanta por parte del Estado, que es el primer llamado a proteger ste derecho de sus ciudadanos, en su dimensin fsica, moral y psicolgica. En el mbito del Sistema Interamericano, la Corte ha sostenido que: la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes estn estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La prohibicin de la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes es absoluta e inderogable.165 Destacando adems que cualquier tipo de castigo y ms el corporal es incompatible con las garantas internacionales contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. As, el Comit de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha concluido que la prohibicin de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contenida en el artculo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos debe extenderse al castigo corporal, incluidos los castigos excesivos impuestos por la comisin de un delito o como medida educativa o disciplinaria. Adems en cuanto a la violacin del derecho a la integridad personal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sealado que ste no se circunscribe solamente a la vctima; sino que extiende sus efectos como afectados directamente a los familiares ms cercanos166, porque stos han sido objeto de sufrimientos, no slo por la muerte o agresin; sino por la falta de esclarecimiento en la bsqueda de la verdad, vale decir que, en la atencin de las investigaciones para determinar las causas y los responsables de los hechos, stas conductas se enmarcan dentro de las previsiones del artculo 5 de la Convencin. 4.1.1. Prohibicin de tortura De acuerdo a la Convencin Interamericana para prevenir y sancionar la tortura se entender como tortura la aplicacin sobre una persona de mtodos tendientes a anular la

TCB, Sentencia Constitucional 0876/10-R, de 10 de agosto. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia de 11 de marzo de 2005. 166 Cfr. Caso Bmaca Velsquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, prr. 160; Caso Escu Zapata Vs. Colombia, supra nota 309, prr. 77 y Caso Anzualdo Castro Vs. Per, supra nota 30, prr 105. (Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. supra nota. prr 119).

personalidad de la vctima o a disminuir su capacidad fsica y mental, aunque no causen dolor fsico o angustia fsica (Art. 2). Asimismo, reitera que no estarn comprendidos en el concepto de tortura, las penas o sufrimientos fsicos o mentales que sean nicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a stas, pero precisa que, tales medidas no deben incluir la realizacin de los actos o la aplicacin de los mtodos considerados como tortura por la propia Convencin (Art. 2). Por su parte la Convencin contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Art. 1), entiende por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona, por parte de un funcionario pblico u otra persona en el ejercicio de funciones pblicas, a instigacin suya, o con su consentimiento o aquiescencia, dolores o sufrimientos graves, ya sean fsicos o mentales, con diversas finalidades como castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o cualquier razn basada en algn tipo de discriminacin, entre otros. Tomando en consideracin lo sealado hasta el momento, los elementos que permiten calificar la tortura son: a) Elemento material: Comprende los actos que intencionalmente ocasionan a una persona dolores o sufrimientos, los cuales, para configurar un caso de tortura, deben ser necesariamente graves. b) Finalidad: La enumeracin efectuada por los instrumentos internacionales de los derechos humanos sobre el fin que se persigue con la tortura es amplia y no cerrada. Como ya se seal lneas arriba, la tortura principalmente se realiza con el objeto de obtener de la vctima o de un tercero una confesin o informacin; castigarla por un acto cometido o que se sospecha haya cometido; intimidar o coaccionarla; o por cualquier otra razn basada en algn tipo de discriminacin. Este afn intimidatorio, cuando es aplicado a un grupo humano determinado tambin tiene un objetivo mediato cual es el crear un estado de inseguridad y terror, de esta manera, disuadir a otras personas, bajo el temor de sufrir igual agresin a su integridad personal. c) Calificacin del victimario: Los criterios respecto a quien comete la tortura se refieren bsicamente a: funcionarios pblicos u otra persona en ejercicio de funciones pblicas; cualquier persona o grupos de personas que acta a instigacin de un funcionario pblico o de otra persona en ejercicio de funciones pblicas; cualquier persona o grupo de personas que acta con el consentimiento o aquiescencia de uno o ms funcionarios pblicos o de personas en ejercicio de funciones pblicas. d) Condicin de la vctima: Al analizar un virtual caso de tortura resulta necesario tomar en cuenta la condicin de la vctima. As, lo que sera considerado un trato cruel en una persona normal, puede ser tortura si la vctima es mujer, menor de edad, anciano, fsicamente dbil o padece una enfermedad.

Aplicacin al caso concreto En el informe que nos ocupa y de acuerdo a los testimonios recolectados, se puede establecer que las acciones policiales realizadas el 25 de septiembre del 2011, afectaron las diversas dimensiones que componen el derecho a la integridad personal, as se tiene que: La integridad fsica, fue menoscabada al ocasionar lesiones fsicas de diversa magnitud e ndole registradas en relatos como los siguientes: Vctima: Nos tendieron una emboscada y ah nos empezaron a apalear a golpear se rean en mi cara y me golpeaban como a criminales nos agarraban, as nos manearon como a chanchos, yo creo que ni a un criminal se le hace as tanto (M-5) Hombres: me intentaron daar la mano por querer agarrarme, me volaron un diente, o sea me tumbaron al suelo, me agarraron me torcieron la mano atrs me estrangularon y a lo que quise gritar me volaron el diente () con una patada, o sea yo grite y me tiraron una patada porque yo ya estaba en el suelo y me lo vol, parece que me amarraron mal y me desat y otra vez le brinqu al polica para salir y otra vez me dieron con el palo aqu en la cabeza y me agarraron entre cuatro y me comenzaron a patear. (M- 36) Adultos Mayores: yo ya soy un hombre viejito, no tengo ningn problema, - no estamos estropeando!- nos dijo, -Estamos hablando con manera, con cario- le dije, -No carajo!., bum, bum tiroteo con su carabina, cuando vinieron los dems, me metieron palo, me dej nomas, yo ya no dije nada, calmado con sus palos, me brincaron a m cuatro pacos, me agarraron y all me echaron gas en mi boca, ah me prendieron, trate de desprenderme, forzudo el viejo, forzudo, como ser el joven, mi mano dura , varias veces me quisieron bajar, me amarraron las manos, vamos para adelante, no, porque, con qu motivo, no he hecho nada, la costilla , la pierna, mi pecho, ah me call(). (23-B) Mujeres: En ese momento, como una jaura de perros endemoniados se vinieron y comenzaron a agarrar a las mujeres, yo me retir y de lejitos miraba como las agarraban a las pobres mujeres, a Nazareth Flores a doa Dolores Muiba, a Don Ernesto No el fundador de este movimiento, anciano, lo tumbaron, a la licenciada Lizeth, a una seora Miriam (no recuerdo el apellido), se vio en la TV como la llevaron a una velocidad tremenda, en un acto brutal, criminal que no tiene nombre. (M-49) Nios: Yo corr porque al ver a mi hijito que botaba por su naricita espuma y por su boca echaba espuma, la gente que corran, nios como corran, como lloraban y gritaban y ms all le dije a ella, -mi hijo se est muriendo!167 (M-51); ah el bebe de dos meses se me desmay por dos oportunidades, tuvimos que hacer lo imposible (...) En ese mismo sentido, se tiene constancia de las lesiones fsicas, a partir de los certificados mdicos forenses correspondientes, como el expedido para el ciudadano

Celso Padilla Mercado, donde los doctores Rafael Vargas y Hugo Cuellar determinan 75 das de impedimento, debido a una T.A.C. de columna dorso lumbar; se observa fractura de trazo vertical en la apfisis transversa en el lado derecho, as como diversas contusiones en torso y extremidades (Certificado N 044620, de 01 de octubre de 2011). Tratndose de nios y nias, las agresiones fsicas mencionadas, llegaron a provocar que algunos pierdan el conocimiento, tal como se registr en el relato de una nia de 11 aos, al cual seala que: Los policas me queran secuestrar y me han pegado todo a m, me amarraron y luego me botaron al coche y me rasmillaron mi cadera. Mi mam estaba ah, yo me desmaye ah abajo en el pozo del puente, estaba inconsciente creo que tres horas, me amarraron, me botaron, y en la flota aparec. (M-24) Es de destacar que adems dichas agresiones, fueron realizadas en un acto de total desproporcin y menospreci por la humanidad de la gente, atacando inclusive a personas indefensas, neutralizadas o aquellas que no oponan resistencia, como refiere el siguiente testimonio: En primer lugar creo que los hermanos, no hubo resistencia, en primer lugar mi persona no ha mantenido esa resistencia ante, ante los seores policas, luego de que me echaron gas a los ojos, a la cara y a mis espalda tambin. (M-27). La integridad psquica y moral: stas fueron afectadas considerando que las agresiones fsicas eran acompaadas de agresiones verbales mediante insultos, acusaciones, amenazas, gritos, manipulaciones, silencios, indiferencias y desprecios, todas ellas ejecutadas por la polica desde una posicin de poder y encaminadas a desvalorizar, producir dao psquico, destruir la autoestima y reducir la confianza personal de las vctimas, como ilustran las declaraciones siguientes: Si, ellos gritaban y nos trataban que nosotros ramos unos indios de mierda y que no respetbamos al Gobierno. -As tienes que respetar mierda, indio de mierda, a este Gobierno!-, as me ha gritado, vamos a terminar con ustedes sabandijas de la tierra, as nos dijo. (M-44) () nos decan -Estos perros indgenas, los vamos a matar!-, de esa manera se expresaban, -Maten a estos mierdas!-, los agarraban, los llevaban arrastrando, no haba caso de defendernos, queramos nosotros ir a defender a nuestros compaeros, nos regaban de balines y de gases lacrimgenos () (M-46) En algunos casos la violencia psicolgica, fue ejercida de tal manera, que dej secuelas en el tiempo, conforme persista la misma, as se tienen testimonios como los que se exponen: () se escuchaban los gritos, fue completamente aterrador, porque los nios gritaban, los bebs, las nias, las mujeres, se escuchaban los palazos().168 Nos amenazaban de todo, nos decan Slgase porque lo vamos a azotar! Los otros hermanos han sido azotados cruelmente (). (M-49)

() me escap de ellos y ya me escond, me siguieron pasaron as y yo me escond y yo los miraba a ellos y ellos pasaban unos 6 policas, -salgan desgraciados salgan vamos, aqu hay uno, djalo as!- decan ellos y yo les escuchaba y pum lo sacaron ah y le dijeron -ya cante!- y yo escuchaba que le sonaban a l () (M-58) () Despus de todo eso lleg a las 07.30 los vehculos de derechos humanos haban varios vehculos ah logramos salir nos rescataron a nosotros porque tenamos miedo porque haban policas que han patrullado toda la noche la carretera iban agarrando gente () (P-11). El maltrato psicolgico no slo fue por accin; sino adems por omisin, ya que existiendo nios lactantes, heridos, mujeres embarazadas y adultos mayores, no se les prest a stos la atencin debida, mantenindolos en estado de angustia y zozobra, tal como demuestran las siguientes narraciones: Toda la noche estuvieron yendo y viniendo con nosotros (), y cuando pasbamos junto a otra flota, las mujeres gritaban y lloraban -donde nos llevan!-, nuestros hijos () (M-21) () estuve ms de 4 horas, el nio sin tomar leche, lo que hice fue darle mi pecho porque el nio lloraba y lloraba, ah el nio, bueno no, no paraba de llorar porque no saciaba su hambre y ah cuando ya llegamos a Yucumo lo que hicimos fue un grupo de mujeres gritar, hacer un berrinche para que al fin nos dejen ir a comprar leche. (13-A) El otro seor, mayor de edad, () tena la cabeza abierta de un golpe, de un toletazo, y toda la ropa, el cuerpo y incluso la cara manchada de sangre, y que no le dieron opcin por lo menos lavarse la cara despus de haberlo herido. (P-4) Adems de lo sealado, fue vulnerada la integridad psquica y moral a tiempo que se profirieron contra las vctimas frases cargadas de violencia en las cuales se les reprenda por su condicin de indgenas, como se manifest precedentemente, o cuando se les trataba de hacer sentir culpables por la determinacin de marchar, dicindoles: mala madre, eres una perra, por qu traes a tus hijos aqu () no pensaste en tu hijo, eres una perra169. Durante la bsqueda de los que haban escapado al monte les gritaban: por qu no se paran perras putas. Hganse las machitas ahora ().170 De la misma manera, se puso en detrimento la integridad moral cuando se agreda a dirigentes tratando que se arrepientan o sepan que seran castigados por su condicin de lderes, como a Fernando Vargas a quien lo apalearon, le pusieron de rodillas y lo patearon en la espalda171, le sacaron los pantalones abusivamente y le quitaron sus documentos172 o como se describe tambin en la siguiente declaracin:

() (Un polica) me dijo: -Este cabrn de mierda, este hijo de puta es el que instruy a su gente y ahora que todava decs parador y como parador le vamos a dar ahora su patada, as me dijo directamente! () (M-32) De la misma forma, se incurri en un dao moral al desconocer la condicin y calidad de seres humanos y tratar a los detenidos sin respetar su dignidad, tal como reconocen las vctimas al expresar que: As como chanchos los traan, todos encimados en las camionetas, un desastre (M-18; M-16) Ahora bien, todas las declaraciones anteriormente vertidas concordantes y que son con las imgenes difundidas pblicamente, rebasan de sobre manera las afirmaciones inverosmiles del Gral. scar Muoz Colodro, en cuanto a que: () desde un principio los miembros de la Polica Boliviana actuaron en el cumplimiento de sus deberes protegiendo a todas las personas en el rea de operaciones, en especial a la poblacin vulnerable (...). () precautelando en todo momento la vida y la integridad corporal de las personas, conforme establecen las normas; en ese entendido es que SE ESTABLECI UN CANAL HUMANITARIO CON EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL DE AUXILIO (Resaltado agregado). Con el afn de proteger la vida y la integridad fsica de las personas, en cumplimiento a instrucciones superiores, junto al Gral. Modesto Palacios Cruz, me constitu el da 25 de septiembre a la Localidad de Yucumo (...). () LOS MARCHISTAS FUERON PERSUADIDOS PARA RETORNAR HACIA SUS COMUNIDADES(...) (Resaltado agregado). () el uso racional de la fuerza estuvo en funcin la grado de violencia y agresividad ejercida por los marchistas (). Aseveraciones, que alejadas completamente de la verdad, resultan indignantes a los derechos individuales de ciudadanas y ciudadanos indgenas vctimas de tales agresiones las y que por supuesto mellan la imagen de la Polica Boliviana. Tratos crueles, inhumanos y degradantes Muchas de las agresiones fsicas, psquicas y morales provocadas por los efectivos policiales en la intervencin del 25 de septiembre del 2011 y que fueron descritas en los prrafos que anteceden, tenan por objeto producir en las vctimas, no slo dolor fsico, sin adems sentimientos de miedo, angustia, inferioridad, humillacin, de tal forma que mediante dichos actos, se quiebre su resistencia fsica o moral, como cuando se amordaz a mujeres y hombres; se persigui mujeres con hijos pequeos, obligndolas a internarse en el monte173; se les impidi a los detenidos llevar sus pertenencias, agua y

alimentos174; se separ por la fuerza a madres detenidas de sus hijos, dejando a stos ltimos en la intemperie175; se mantuvo nios lactantes sin comer por ms de cuatro horas176; se empuj y golpe a marchistas177 sin importarles adems que algunos estuviesen heridos178, se les despoj de prendas de vestir, mientras los detenidos estaban indefensos y neutralizados. De esta forma, se puede afirmar que dichos abusos fsicos y mentales se traducen inequvocamente en tratos crueles, inhumanos y degradantes que violan el derecho a la integridad Tortura En cuanto al derecho a la integridad, cabe manifestar que en los sucesos del 25 de septiembre de 2011, algunas de las acciones policiales no slo se habran constituido en una serie de tratos crueles, inhumanos y degradantes; los testimonios dan cuenta que adems hubieron actos de tortura, en cuyos hechos se confluyeron elementos de la misma como detallamos a continuacin: El elemento material, que comprende los actos que intencionalmente ocasionan a una persona dolores o sufrimientos graves, se comprueban por la planificacin, voluntad, conocimiento y ejecucin de una operacin policial que ira ms all de una simple detencin; buscando la imposicin de castigos destinados a causar dolores o sufrimientos intensos fsica, psicolgica y moralmente. Ello mediante el uso excesivo de la fuerza, incluso contra nios. As la descripcin de estos trgicos acontecimientos, se ven reflejados en declaraciones como las siguientes: () Si, slo a mi me dieron y yo me cubra pero ellos fueron recogiendo palos todo lo que encontraban en el camino para darme y lo que haca era cubrirme y tengo todo mire y mis piernas mire. () Y muchas otras que me han dado me han azotado mucho y ah me dieron con el palo en la cabeza y ah fue todo. (M-5) () y lo que hicieron los policas era que nos tendamos al suelo los compaeros y ah aprovechaban de pegarlos, nosotros hemos visto todo eso, y de esa manera hemos tratado de escapar, la polica lo que agarraba era patearles y sellarles la boca, y enmanillares en algunos casos con la misma cinta, las manos, la mano atrs, los pies (). (M-38) () despus a la seora Judith con cable la huasquearon, grave la huasquearon con cable yo vi () Judith Rivero Vicepresidente de la CENAMIB con cable la huasquearon yo lo vi a ella () (M-51) NIA DE 11 AOS: LOS POLICAS ME QUERAN SECUESTRAR Y ME HAN PEGADO TODO A M, ME AMARRARON Y LUEGO ME BOTARON AL COCHE

con una polerita apenas lo dems desnudo estaba, le hemos ayudado, colaborado porque la seora ya no poda, ella estaba llorando.(P-9) 174 Testimonio M-25, M-8, M-9. 175 Testimonio M-57. 176 Testimonio 13-A 177 Testimonio M-9. 178 Testimonio M-20, M-5 (b).

Y ME RASMILLARON MI CADERA. MI MAM ESTABA AH, YO ME DESMAY AH ABAJO EN EL POZO DEL PUENTE, ESTABA INCONSCIENTE CREO QUE TRES HORAS, ME AMARRARON, ME BOTARON, Y EN LA FLOTA APAREC. (M-24) () a m me han agarrado como animal creyendo que yo era el dirigente del CIDOB, Adolfo Chvez, nos han golpeado, mire mi dedo, nos han dado con laque, usted puede ver la espalda, () mire como me han amarrado y me han pegado harto, como unos 15 policas me tuvieron boca abajo y me amarraron, me decan Vos sos Adolfo Chvez, indio de mircoles, sos vos! (M-4) () entonces llega la polica () y ah haba una orden: a este desgraciado hay que matarlo, a este desgraciado hay que matarlo. Despus viene otro y dice: deshganle la cara, deshganle la cara a punta de patadas. Yo lo que haca era cubrirme la cara y quedarme boca abajo sobre el piso para que no me patearan la cara. Despus de que me patearon un montn vino otro tipo y dijo quin es el que tiene aqu (...) no se me volcaron, me pusieron bocarriba (...) este ya no me lo maltraten- dijeron y ah fue donde me agarraron, me tiraron al carro, me pusieron boca abajo en el carro y uno se me par encima de m, me puso ah el pie y el otro se par donde me pusieron las esposas(...).(M-1 (t)) En lo que respecta a la finalidad, es decir la realizacin de actos para castigarla, intimidarla, coaccionarla o discriminarla, por los testimonios recogidos se puede argumentar que sta se cumpli. Por una parte se logr castigar a las vctimas, por el hecho de participar en la marcha indgena y por el presunto secuestro al Ministro de Relaciones Exteriores. Asimismo, el objetivo de las fuerzas policiales fue de intimidar y coaccionar a los marchistas en su propsito de llegar a la ciudad de La Paz; finalmente, infligir agresiones y provocar lesiones a personas en su condicin de indgenas y con ribetes discriminatorios. En este ltimo acto, los policas calificaban a los indgenas por su condicin en inferiores, llamndolos: indios de mierda, sabandijas de la tierra, perros indgenas, Maten a estos mierdas. Todo ello en un afn intimidatorio, sobre las personas y el grupo y ocasionando un estado de terror e inseguridad. La calificacin del victimario, referida a los criterios respecto a quien comete la tortura y que pueden implicar a funcionarios pblicos o personas particulares en ejercicio de funciones pblicas, que actan a instigacin o con aquiescencia de un funcionario pblico. En ese caso, es evidente que las acciones descritas fueron cometidas por efectivos policiales en ejercicio de sus funciones y en el marco de un operativo ilegal e injustificado En cuanto a la condicin de vctima, en el precitado operativo policial se aplicaron las medidas de coaccin y violencia como castigo e intimidacin contra personas que por su condicin se encontraban en situacin de mayor vulnerabilidad como los nios, nias y mujeres, ms si stas ltimas se hallaban en estado de gestacin o eran madres de nios lactantes. En mrito a todo lo anteriormente sealado, el Estado vulner el derecho a la integridad reconocido en diversos Instrumentos Internacionales de los Derechos Humanos, como el Art. 5 de la Declaracin Universal de Derechos Humanos; el Art. 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Polticos; el Art. 5 de la Convencin Americana sobre Derechos

Humanos, el Art. 2 de la Convencin Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y los Arts. 1, 2 y 16 de la Convencin contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Adems de la violacin de los Arts. 15 y 114.I de la Constitucin Poltica del Estado. 4.2. LIBERTAD PERSONAL La libertad personal es tan intrnseca al ser humano que, como derecho inalienable puede ejercerse frente al resto de la humanidad sin ms limitacin que el respeto ajeno en su mismo derecho. Ahora bien, la libertad personal como un derecho humano y un bien invaluable tan importante de la persona, podra ser restringida, slo si se toman todas las seguridades del caso para hacerlo dentro del marco de la ley, y en los lmites estrictamente necesarios, sin que las autoridades estatales cometan excesos, de manera que no se menoscabe la condicin humana de quien se ver afectado con la determinacin179. Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos en su artculo 9 establece que, nadie puede ser detenido en forma arbitraria, sino por las causales establecidas por ley y con arreglo a procedimiento. Por su parte, el Conjunto de Principios para la Proteccin de Todas las Personas sometidas a cualquier forma de detencin de la ONU, determina en su numeral 2) que: El arresto, la detencin o la prisin slo se llevarn a cabo en estricto cumplimiento de la ley (...), agrega en su principio dcimo que Toda persona arrestada ser informada en el momento de su arresto de la razn por la que se procede a l y notificada sin demora de la acusacin formulada contra ella, como reglas de actuacin para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se determina que, deben hacer constar la razn del arresto y la identidad de stos. A su vez, la Convencin Americana de Derechos Humanos en su artculo 7 expresa que, nadie puede ser privado de su libertad fsica, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Polticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detencin y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella, esta normativa tiene un carcter de proteccin a favor de todo ciudadano que, sea afectado en su derecho a la libertad personal. Por su parte, la Constitucin Poltica del Estado, establece en el artculo 23 pargrafos I y III que nadie puede ser detenido, arrestado, ni puesto en prisin, sino en los casos y segn las formas establecidas por ley, siendo stas las que estn desarrolladas dentro de la normativa interna por el Cdigo de Procedimiento Penal, que le otorga facultades al Ministerio Pblico como rgano encargado de la persecucin penal y a la Polica en ejercicio de sus atribuciones y auxilio a la actividad investigativa, el ejecutar mandamientos judiciales de aprehensin, segn las previsiones del artculo 296 del mencionado cuerpo adjetivo. As en el momento de la aprehensin los funcionarios policiales deben identificarse a travs de su credencial indicando su nombre y apellido, cerciorndose de la identidad de la persona contra quien se procede, informar en el

Si bien este derecho admite ciertas limitaciones condicionadas a que estas se encuentren previstas en las normas internacionales de derechos humanos, en la Constitucin y en la Ley, adems tienen que ser razonables y proporcionales.

momento de la aprehensin el motivo de sta, haciendo mencin a su derecho de guardar silencio y contar con defensa tcnica. De acuerdo a la normativa analizada se establece que, es obligacin de los funcionarios policiales seguir normas y procedimientos determinados en los instrumentos internacionales y la norma procesal penal que, garanticen que los derechos de las personas sern respetados en todo momento, en especial cuando se va a ejecutar un acto que vulnere la libertad de las personas, con el fin de que el individuo conozca los motivos de su detencin, a los funcionarios que estn procediendo al acto, y evidenciar que no haya error en cuanto a su persona. En consecuencia, la privacin de la libertad personal slo puede efectuarse en los casos, con las formas y por el tiempo previsto en la Constitucin y la Ley. En caso contrario, estaremos ante una medida de carcter ilegal, que se encuentra prohibida. Inclusive muchas veces puede existir una restriccin de libertad, que a pesar de ser justificable legalmente puede ser arbitraria, en este entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, seala que nadie puede ser sometido a detencin o encarcelamiento por causas o mtodos que, aunque legales, puedan ser reputados como incompatibles con los derechos humanos por ser irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Las formas previstas para privar a una persona de libertad, no solo se refieren a la existencia de una orden que disponga la medida, tambin implica el cumplimiento de otras condiciones, como ser que, la restriccin sea llevada a cabo en establecimientos oficiales. 4.2.1. Obligacin de custodia de personas detenidas Sobre este particular, es preciso sealar que si bien existe una facultad del Estado de restringir el derecho a la libertad, tambin se le impone al mismo una serie de obligaciones, como la de custodiar los dems derechos de las personas privadas de libertad, pues la persona que haya sido privada de libertad o sujeta a una detencin arbitraria sigue gozando de los derechos inherentes a su condicin, tal como ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al disponer que: 126. Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detencin compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal180. Es as, que la vulnerabilidad de la persona privada de libertad se agrava cuando la detencin es ilegal o arbitraria, dejando al detenido en completa indefensin y con el riesgo de que se le vulneren otros derechos, principalmente la integridad y el trato digno181. De igual forma la Corte Interamericana ha determinado algunas reglas mnimas de tratamiento para las personas que se encuentren en custodia manifestando que estas solo pueden ser incomunicadas de forma excepcional, debido a los sufrimientos morales y perturbaciones psquicas que pueden pasar por este hecho.

Asimismo, el mismo privado de libertad tiene derecho, as como terceras personas, los que lo representan e inclusive quienes ejercen custodia de ser informados de los motivos, razones y lugar de su detencin, lo cual constituye un mecanismo para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privacin de libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo182 y adems contribuye, a mitigar el impacto de la detencin arbitraria en la medida de lo posible. Otra medida inmediata es el control judicial con el fin de garantizar los derechos de la persona detenida y se decida respecto a su situacin procesal. Finalmente todo detenido debera contar con revisin y asistencia mdica. En ese mismo sentido, la normativa internacional de proteccin de los derechos humanos ha determinado en instrumentos tales como el Cdigo de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, que Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarn la plena proteccin de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarn medidas inmediatas para proporcionar atencin mdica cuando se precise. Por su parte, los Principios Bsicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, establecen que: 15. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no emplearn la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden en los establecimientos o cuando corra peligro la integridad fsica de las personas De esta forma, es cierto que el Estado se convierte en garante de las condiciones de la persona que se encuentra detenida y en custodia lo que llega a concretarse en el hecho de que las autoridades eviten por todo los medios a su alcance, que las personas detenidas o presas sufran algn dao, durante el tiempo en que permanezcan en tal condicin o, dicho de otra forma, el Estado tiene el deber de preservarlas de los daos que con ocasin de su situacin puedan ocurrirles. En efecto, el carcter particular de esta situacin implica la asuncin de todos los riesgos que, en esa materia, se creen como consecuencia de tal circunstancia. Aplicacin al caso concreto En el caso que nos ocupa, considerando que la libertad fsica es un derecho fundamental, la posibilidad de restringir el mismo o limitarlo, se circunscribe al cumplimiento de ciertos presupuestos, como son las causales y formas establecidas por ley, entre ellas la existencia de una orden emitida por autoridad competente, excepto en los casos de la comisin de un delito flagrante. Ahora bien, en cuanto al presupuesto de la existencia de una orden emanada por autoridad competente, es evidente que ste aspecto fue omitido pues la intervencin del 25 de septiembre del 2011, no fue realizada en virtud a un mandato u orden judicial que determine la restriccin del derecho. As, el texto del Requerimiento del Ministerio Pblico, emitido por el Fiscal de Materia del Distrito de La Paz, Edwin Sarmiento, en el proceso

seguido183, de oficio por el Ministerio Pblico por los delitos lesiones graves y leves y otros en contra de posibles autores, seala que: (...) se dispuso el inicio de las investigaciones por el delito de LESIONES GRAVES Y LEVES Y OTRO EN CONTRA DE LOS AUTORES. Ahora bien, con el objeto de recolectar elementos de conviccin relacionados con el presente hecho que permitan su esclarecimiento, tengo a bien solicitar a su autoridad en COOPERACIN DIRECTA, conforme previene el Art. 136 del Cdigo de Procedimiento Penal, solicite al seor Fiscal de Distrito del Departamento del Beni designe en comisin a un Fiscal de Materia y/o Fiscales de Materia que realicen lo siguiente: (resaltado agregado) Proceda a efectuar el registro del lugar del hecho, con el objeto de recolectar elementos de conviccin relacionados con la presente investigacin para su total esclarecimiento, conforme refiere el Art. 174 del Cdigo de Procedimiento Penal, debiendo en dicha tarea precautelar la vida, la integridad fsica y la seguridad de las personas, fundamentalmente de nios, nias y mujeres embarazadas, as como los dems derechos y garantas consagrados en la Constitucin Poltica del Estado, a tal efecto remitir las actas y elementos de conviccin pertinentes ante el suscrito Fiscal. (Resaltado agregado). El Requerimiento del Ministerio Pblico muestra que no existe ninguna peticin de captura de persona identificadas e individualizadas por la supuesta comisin de un hecho ilcito, ms al contrario, se solicita a raz de la apertura de una investigacin y como diligencias preliminares efectuar nicamente el registro del lugar del hecho, con el objeto de recolectar elementos de conviccin, precautelando por la vida, la integridad fsica y la seguridad de las personas, fundamentalmente de nios, nias y mujeres embarazadas, as como los dems derechos y garantas consagrados en la Constitucin Poltica del Estado. Pero a ms de lo sealado, aclarar que el citado Requerimiento emitido por el Fiscal de Materia del Distrito de La Paz, Edwin Sarmiento, no fue acatado, pues la Fiscala de Distrito del Beni, no habra emitido requerimiento o instruccin para la intervencin a la marcha184, tal como se desprende de la Nota FDB-OF No 614/11 de 13 de octubre del 2011, que seala: 3.- No existe ningn requerimiento por parte del Fiscal General o del suscrito para que la polica intervenga en los hechos suscitados en fecha 25 de septiembre de 2011, agregando adems 4.- Durante la intervencin suscitada en fecha 25 de septiembre de 2011 no se encontraba ningn miembro del Ministerio en el campamento de los marchistas indgenas.(resaltado agregado) Por otra parte, cabe analizar si los marchistas estaban ejecutando un acto delictivo flagrante que permita a la Polica aplicar la excepcin de proceder a la detencin arbitraria sin orden previa de autoridad competente. Tal como exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional expresada en sentencias como la SC 1855/2004-R, la de disponer que:

() los arts. 227.1 y 229 del CPP, facultan a la Polica Nacional y a los particulares a practicar la aprehensin en caso de flagrancia; es decir, cuando se presenten las circunstancias descritas por el art. 230 del CPP. Conforme a esas normas, se tiene que slo en caso de flagrancia se pueden obviar las formalidades para la aprehensin previstas en la Constitucin Poltica del Estado y en el Cdigo de Procedimiento Penal; en consecuencia, en los dems casos se debe cumplir, inexcusablemente, el procedimiento que para el efecto establece la norma adjetiva penal, ya sea citando previamente al imputado para que preste su declaracin, como prev el art. 224 del CPP, o emitiendo una resolucin debidamente fundamentada, cuando se presenten los requisitos contenidos en el art. 226 del CPP, requirindose, en ambos supuestos, que exista al menos una denuncia o investigacin abierta contra esa persona. Entendimiento asumido por la SC 957/2004-R, de 17 de junio. As, de la relacin de testimonios se tiene que el da de la intervencin, es decir, el 25 de septiembre del 2011, las personas que conformaban la marcha se abocaron a realizar diversas actividades185, como la preparacin de alimentos para el almuerzo186, lavado de ropa187, aseo personal y bao188, mientras otros descansaban189 y sus hijos jugaban en el campamento190, adems varios marchistas haban salido a carnear una vaca191 y repartir alimentos192, no existiendo en consecuencia ningn acto que permita evidenciar que exista el autor o autores de un hecho delictivo que haya sido sorprendido en el momento de la comisin del mismo, en el intento o en persecucin inmediatamente despus de la ejecucin de algn ilcito. No siendo en consecuencia legal y mucho menos cierto, la argumentacin del Gral. scar Muoz, al expresar que se ESTABLECI UN CANAL HUMANITARIO CON EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL DE AUXILIO (...) y para lo cual () LOS MARCHITAS FUERON PERSUADIDOS PARA RETORNAR HACIA SUS COMUNIDADES () (Resaltado agregado). Sino que por el contrario, se procedi a una violenta detencin arbitraria de gente que estaba indefensa y contra la cual no pesaba ninguna orden o mandamiento emanado por autoridad competente. Ahora bien, en cuanto a lo expresado por el Gral. Muoz respecto a que No hubo personas aprehendidas ni detenidas, las acciones policiales estaban dirigidas a precautelar, preservar la vida y la integridad corporal de las personas y el respecto de los Derechos Humanos y que la Polica () se limit a evitar enfrentamiento entre marchistas y la comunidad de interculturales precautelando por sobre todo la vida y la integridad corporal de las personas y el respecto de los Derechos Humanos. Aclarar que el hecho adems de no ser evidente, estara tratando de esconder las violaciones perpetradas infiriendo que no hay aprehensin, ni detencin porque no hay orden. Ello sin considerar que sus actos constituyen en trminos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en una detencin arbitraria o la ilegal privacin de libertad.

Testimonios M-9, M-46. Testimonio M-46. 187 Testimonios M-11, M25, M-20, M-38. 188 Testimonios M-27, M-60, PS-4. 189 Testimonios M-25, M-19, M-18, M-36, M-30, M-35, M-27, M-20, 23 B, M-8, M-38. 190 Testimonios M-11, P-9. 191 Testimonios M-36, M-35, M25, M-10, M-25, P-9. 192 Testimonio M-46.

En ese mismo entendido, est demostrado que el 24 de septiembre del 2011, la Polica Boliviana se constituy en la terminal terrestre de Trinidad, a fin de contratar servicios de empresas de transporte masivo como fueron las flotas193 del Sindicato de Transportes Isiboro Scure194, otras de la Cooperativa de Transportes195, adems de dos provenientes de San Borja196. En ese mismo sentido, el 25 de septiembre del 2011 al amanecer varios policas se desplazaron en vehculos camuflados con hojas de caa197, quienes a su vez ingresaron por la parte posterior donde acampaban los marchistas198, permaneciendo en el lugar. Ambos actos muestran que la intervencin policial no fue una accin de tipo reactivo y en mrito a circunstancias coyunturales, que hayan obligado a la Polica a actuar; sino por el contrario, fue en ejecucin a una orden especfica, planificada con anterioridad, comandada y que tena por objeto, capturar a toda persona que se encuentre en el campamento, sin importar la funcin que ste cumpliendo o la relacin con los hechos que motivaron dicha intervencin. A ello se suman otros indicios, una serie de testimonios claros que refieren que el 25 de septiembre del 2011, varios policas iniciaron un cerco al campamento desde la madrugada y el desplazamiento de camionetas por la tarde199 con ms efectivos policiales200, quienes posteriormente ingresaron por el frente del campamento201, iniciando el operativo aproximadamente a horas 17:00 con la detonacin de gases202 y la represin violenta contra toda la gente. Al respecto de este tipo de hechos, la Corte interamericana se ha referido en el Caso Servelln Garca y otros contra Honduras, Sentencia de 21 de septiembre de 2006, manifestando que: () una detencin masiva y programada de personas sin causa legal, en la que el Estado detiene masivamente a personas que la autoridad supone que podran representar un riesgo o peligro a la seguridad de los dems, sin indicios fundados de la comisin de un delito, constituye una detencin ilegal y arbitraria. En ese mismo orden de ideas, cabe precisar que la violacin del derecho a la libertad fsica, no slo se comprueba por la inexistencia de una orden emanada por autoridad competente o la comisin de un delito flagrante; sino tambin porque no se respetaron las formas establecidas en la normativa constitucional y legal vigente para proceder a una detencin legal, pues en la citada accin policial, se cometieron excesos que

Testimonios P-1, P-2. Testimonio P-2. 195 Testimonio P-1. 196 Testimonio P-1. 197 Testimonio M-49. 198 Testimonios M-10, PS-4. 199 Testimonio M-17. 200 Testimonios M-11, M-10, M-9, M-21, M-32, M-8. 201 Testimonio M-17. 202 Testimonios M-31, M-36, M-19, M-18, M-36, M-26, M-11, M-10.

menoscabaron la condicin humana de quienes se vieron afectados con la misma203. As, entre otros, se pudo constatar la detencin indiscriminada de hombres, mujeres, muchas de ellas gestantes o madres de nios lactantes, adultos mayores204, llegando inclusive a detener y golpear deliberadamente al personal de salud que prestaba sus servicios humanitarios a los marchistas, como es el caso del mdico Alejandro Tintaya (PS-3). Mucho ms grave fue la detencin despiadada de madres con lactantes en los brazos, nios, nias, mujeres embarazadas, personas adultos mayores205, como se puede apreciar en el siguiente testimonio de una nia de once aos: Los policas me queran secuestrar y me han pegado todo a m, me amarraron y luego me botaron al coche y me rasmillaron mi cadera. Mi mam estaba ah, yo me desmaye ah abajo en el pozo del puente, estaba inconsciente creo que tres horas, me amarraron, me votaron, y en la flota aparec. (M-24) Muchas personas detenidas fueron maniatadas206 y a otras adems se les amordazaba con cinta adhesiva207, tal como refieren los testimonios (M-21), (M-49), (M-51), (23-B), (M-34), al sealar, entre otras cosas, que: La polica entr con gases, desde la carretera vi como maltrataron a los compaeros les amarraron las manos y los pies con masqun y diurex gruesos y los hicieron ir como a conejos saltando para sacarlos a la carretera. (PS-2) () y lo que hicieron los Policas era que nos tendamos al suelo los compaeros y ah aprovechaban de pegarlos, nosotros hemos visto todo eso, y de esa manera hemos tratado de escapar, la polica lo que agarraba era patearles y sellarles la boca, y enmanillares en algunos casos con la misma cinta, las manos, la mano atrs, los pies (). (M-38) En algunos casos, inclusive se procedi primero a detener a personas y luego verificar su identidad, resultando ms grave que a pesar de haberse identificado, stas vctimas fueron golpeadas y privadas de libertad, tal como seala el testimonio siguiente: () a m me han agarrado como animal creyendo que yo era el dirigente del CIDOB, Alberto Chvez, nos han golpeado, mire mi dedo, nos han dado con laque, usted puede ver la espalda, () mire como me han amarrado y me han pegado harto, como unos 15 policas me tuvieron boca abajo y me amarraron, me decan Vos sos Adolfo Chvez, indio de mircoles, sos vos!- me decan, entonces yo les dije -No sean cobardes!-, me han sacado mi billetera, mi telfono, ah identifquenme quien soy, -Soy un marchista! () y -Callate!. me dijo, ac me dieron otro golpe con la culata del fusil, porque estos fueron de UMOPAR, no fueron los policas, los policas estaban adelante con gases, atrs haba otro

Si bien este derecho admite ciertas limitaciones condicionadas a que estas se encuentren previstas en las normas internacionales de derechos humanos, en la Constitucin y en la Ley, adems tienen que ser razonables y proporcionales. 204 Testimonios M-45, M-62. 205 Testimonio M-32. 206 Testimonios M-9, M-10, M-38, M-43, M-36, M-1 (t), M-49, P-9. 207 Testimonios M-8 y PS-4. Por otro lado, de acuerdo con un testimonio, la vicepresidenta del CEBIP fue maltratada, maniatada y silenciada con un diurex en la boca. (M-8)

cordn con puro UMOPAR en el monte, haber estamos viendo todas estas cosas, las denuncias para hacerlas () (M-4) Finalmente, existe una vulneracin a la libertad fsica, pues el Estado adems de proceder a una detencin ilegal y arbitraria, incumpli las obligaciones de custodia de las personas ya detenidas, tratando a stas en condiciones incompatibles con su dignidad personal208. As, muchos de ellos fueron trasladados por varias horas en camionetas209 con las manos atadas, amordazadas y con la boca abajo210. Otros, fueron incomunicados impidindoles que puedan informar de su paradero o buscar datos sobre sus familias, tal como seala en siguiente testimonio: () y de ah nos dijeron que no usemos y nos prohibieron hasta usar el telfono que no usemos el telfono porque nos los iban a quitar. Si no mas ah cuando me agarraron, me amarraron lo primero que hicieron fue quitarme el telfono -Qutale el telfono!- le dijo, nos lo sacaban los telfonos, nos lo quitaron la mayora de la gente no tenan telfono porque se los sacaban y este y ah este le dijo: -no quiero que utilicen porque no quiero que se comunique con nadie!- y entonces le grite de la flota -Y que somos sus rehenes o qu!, -Son pues as los voy a tratar como rehn!- gritaba el polica, uno que se llama Taboada, bien lo tengo porque yo les lea sus nombres y que era el Comandante. (M-21; PS-4) Aspecto, que constituye una violacin de los estndares mnimos exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al sealar que stas solo pueden ser incomunicadas de forma excepcional, debido a los sufrimientos morales y perturbaciones psquicas que pueden pasar por este hecho. Otra forma de incumplimiento a las obligaciones de custodia de personas detenidas, se produce al impedir que los marchistas hayan accedido a revisin y asistencia mdica, desde el momento del operativo y slo ante la insistencia de la poblacin y en determinados casos, lo cual se desprende de los testimonios que expresan claramente: La representante de la Cruz Roja en Rurrenabaque exigi ingresar a la pista de aterrizaje, pedido que fue atendido despus de 40 minutos, periodo en que pudo ingresar a realizar las suturas y curaciones211 de una nia y un adulto mayor que estaban heridos, lo que enardeci mas a los pobladores. cmo estaba herida, la nia! (...) estara entre sus ocho aos y once. Una herida donde se le ha abierto la boca, estaba con gusanos. El otro seor, mayor de edad, de un promedio de cuarenta aos o cincuenta aos tena la cabeza abierta de un golpe, de un toletazo, y toda la ropa, el cuerpo y incluso la cara manchada de sangre, y que no le dieron opcin por lo menos lavarse la cara despus de haberlo herido. Entonces se ha podido hacer una lectura del tremendo abuso, y eso significaba sentirnos impotentes pero al mismo tiempo con una enorme bronca y de no permitir que se los lleven. Yo creo que todo ese accionar de ver y analizar ha sido que hagamos esa estrategia de tomar el aeropuerto para que no salga el avin, no?.(P-4)

De esta forma, el Estado como garante de las condiciones de las personas que se encuentran detenidas y en custodia, no fue concretado ya que las autoridades policiales omitieron que se asista mdicamente a varios heridos y se mantuvo a los mismos maniatados por varias horas, como relata el siguiente testimonio: Es ah donde marchistas y aprehendidos piden a los policas que les quiten sus ataduras pues muchos estaban con las manos entumecidas, ya que haban transcurrido prcticamente 6 horas212. Cabe aclarar que cuando el Gral. Muoz seala de forma reiterada que no hubieron personas detenidas, a sabiendas de que los hechos ocurridos fueron difundidos ampliamente y existe una serie de testimonios que reflejan aquello, entendemos que el citado funcionario policial pretende utilizar de mala fe y de forma excluyente el trmino detencin, como el acto emergente de una orden judicial. No obstante, se debe tomar en cuenta que a lo largo del presente informe el trmino detencin ilegal o arbitraria, subsume tanto las conductas descritas en los innumerables testimonios, como en la informacin pblica difundida al respecto. En consecuencia, el Estado ha vulnerado los Arts. 3 y 9 de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos; Arts. 9, 10 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos; Art. 7 de la Convencin Americana de los Derechos Humanos; el Art. 23 de la Constitucin Poltica del Estado; y los Arts. 221, 227, 296 del Cdigo de Procedimiento Penal. 4.3. LIBERTAD DE LOCOMOCIN (libre trnsito) La doctrina constitucional coincide que la libertad de locomocin (llamada tambin libertad de trnsito) contiene cuatro dimensiones como son: entrar en territorio nacional, permanecer en territorio nacional, transitar en territorio nacional y salir del territorio nacional. Dimensiones que se encuentran previstas en los diferentes Instrumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como el Art. 13 de la Declaracin Universal de Derechos Humanos, el 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos o el Art. 22 de la Convencin de Americana de Derechos Humanos. En ese mismo sentido, nuestra Constitucin Poltica del Estado, incorpora esas cuatro dimensiones en el Art. 21.7, al disponer que las bolivianas y bolivianos tienen derecho a la libertad de residencia, permanencia y circulacin en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del pas. Aspecto consolidado por el Mximo intrprete de la Constitucin en sentencias como la SC 0577/2011-R, de 3 de mayo de 2011, al manifestar que el derecho fundamental de locomocin o de libre trnsito, entendido ste como la libertad del hombre de poder mantenerse, circular, transitar, salir de su radio de accin, cuando l as lo quiera y pretenda, consagrado por el art. 21.7 de la CPE, es decir, el derecho a la libertad de residencia, permanencia y circulacin en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del pas.

En cuanto al derecho al libre trnsito, cabe manifestar que ste presupone tanto el cambiar de residencia o domicilio dentro del pas, como circular o movilizarse libremente por el territorio nacional, componente ltimo que adems conlleva la posibilidad de los ciudadanos de trasladarse de un lugar a otro en forma individual o colectiva y que puede manifestarse perfectamente a travs de marchas como una expresin de protesta, amparados en el reconocimiento otorgado por la Constitucin Poltica del Estado, la cual reconoce en el prembulo que: El pueblo boliviano, de composicin plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevacin indgena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberacin, en las marchas indgenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mrtires, construimos un nuevo Estado. Aplicacin al caso concreto En el caso ahora analizado, ante la determinacin estatal de construir una carretera que una las poblaciones de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, pasando por Eterazama, Isinuta, Puerto Patio, Santsima Trinidad, Puerto Santo Domingo, Puerto Esperanza, Monte Grande, El Retiro y San Ignacio de Moxos, los pueblos que habitan principalmente esa regin, constituidos como sociedades que descienden de grupos pre coloniales y que tienen una continuidad histrica, conexin territorial, instituciones sociales, econmicas, culturales y polticas distintivas y especficas, que son propias, adems de la autoidentificacin colectiva de sus miembros, como son los chimanes, los yuracars y los moxeos, advirtieron que el proyecto carretero atravesara el ncleo del TIPNIS. En ese sentido, los tres pueblos indgenas por s mismos y a travs de sus organizaciones matrices, iniciaron una serie de protestas, rechazando la construccin de la carretera Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, especficamente en el tramo Isinuta-Monte Grande. No obstante, stos no fueron tomados en cuenta por las autoridades gubernamentales, quienes continuaron con el proceso de ejecucin del proyecto de desarrollo vial. En ese orden de acontecimientos, los precitados pueblos indgenas, realizaron el XXX Encuentro de Corregidores de la Sub Central del TIPNIS, donde determinaron el inicio de la VIII Gran Marcha Indgena por la Defensa del Territorio Indgena Parque Nacional Isiboro Scure TIPNIS, por los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indgenas, que partira desde Trinidad el 15 de agosto del 2011 y tendra como objetivo llegar a La Paz. As, una vez emprendida la marcha en la fecha sealada y tras cinco das de caminata, los marchistas llegaron a San Ignacio de Moxos donde se encontraron con un primer bloqueo realizado por campesinos y un grupo de cvicos que apoyaban la construccin de la carretera, quienes manifestaron que no permitiran la prosecucin de sta hasta que no se entablara el dilogo con las autoridades gubernamentales. Por lo que fracasado el primer intento de dilogo, la marcha se reinici el 23 de agosto de 2011, hasta llegar a la localidad de San Borja, donde permanecieron gestionando el conflicto sin tener ningn resultado y por lo que el 9 de septiembre de 2011, partieron rumbo a Yucumo, donde los pobladores determinaron instalar un bloqueo en el camino hacia La Paz y evitar el paso de la marcha si es que no se renunciaban a varios puntos de la demanda indgena.

Cabe destacar que a partir del 8 de septiembre del 2011, un contingente policial se traslad hasta la localidad de Yucumo presuntamente para evitar situaciones de violencia y resguardar a los marchistas. Sin embargo, de forma contraria los efectivos policiales instalaron un primer cerco a cinco kilmetros de La Embocada, en el sector denominado Limoncito y otros cercos prximos a Yucumo, bajo el argumento de que cumplan rdenes superiores del Gobierno de no dejar pasar un metro ms all de Limoncito a los marchistas (Informacin prestada a los indgenas por el Cnl. Alberto Aracena). Esta ltima declaracin, es abiertamente contraria a lo afirmado por el Inspector General de la Polica Boliviana, Gral. Edgar Paravicini Urquizo, en relacin a que La Polica Boliviana se constituy a la localidad de Yucumo, a efectos de cumplir con su misin constitucin, no existi cerco policial ni se impidi el acceso al agua (Resaltado agregado). Pues evidentemente la Polica, ms all de la denominacin, realiz un cerco, bloqueo o barrera destinada a impedir el ejercicio legal de un derecho. Ahora bien, en los hechos, por una parte se tiene la existencia de un grupo de indgenas, quienes determinan realizar una marcha como medida de protesta ante la decisin gubernamental de construir una carretera que inevitablemente deba atravesar el TIPNIS. Ello en uso a su derecho a la libre circulacin o trnsito y de forma pacfica. Y por otra parte, se encuentran los colonizadores de Yucumo, quienes deciden realizar un bloqueo a la marcha indgena en apoyo a la construccin del proyecto carretero y a fin de que los indgenas renuncien a varias reivindicaciones planteadas en su pliego de demanda. Adems de los actores sealados, el 8 de septiembre del 2011, ingresa al lugar un contingente de policas, los cuales instalaron un primer cerco a cinco kilmetros de La Embocada, en el sector denominado Limoncito y otros cercos prximos a Yucumo. Y de donde resulta evidente que el grupo de bloqueadores que se instal en inmediaciones de la carretera Yucumo-San Borja, con la consigna de condicionar e impedir el paso de la marcha indgena, realizan un acto contrario a derecho, que tiene por objeto limitar arbitrariamente el ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido como es la libertad de locomocin, vale decir la libertad de circular o movilizarse libremente por el territorio nacional en forma individual o colectiva y mediante una marcha pacfica. Siendo en ste caso adems rol constitucional de la Polica garantizar el ejercicio del derecho y no negociar el mismo o mucho peor constituirse del lado de los bloqueadores. Por lo que es preciso hacer referencia a que la libertad de circulacin, genera una serie de obligaciones para el Estado, como son las de garantizar jurdicamente el libre y pleno ejercicio de ste derecho, tal como refiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del Caso Velsquez Rodrguez contra Guatemala, al disponer que: 166. La segunda obligacin de los Estados Partes es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convencin a toda persona sujeta a su jurisdiccin. Esta obligacin implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a travs de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder pblico, de manera tal que sean capaces de asegurar jurdicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligacin los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violacin de los derechos reconocidos por la Convencin y procurar, adems, el restablecimiento, si es posible, del derecho

conculcado y, en su caso, la reparacin de los daos producidos por la violacin de los derechos humanos. En consecuencia, la intervencin estatal mediante la Polica Boliviana deba tener como finalidad asegurar el ejercicio de la libertad de trnsito o circulacin de los indgenas que se vea obstaculizado por una accin arbitraria y discrecional de un grupo de colonizadores y no constituirse en un medio para limitar derechos apoyando acciones ilegales. Sobre todo considerando que la marcha tena un carcter pacfico. Adems de lo indicado, al trasladar marchitas detenidos arbitrariamente por varias horas, como seala el testimonio siguiente:213 Toda la noche estuvieron yendo y viniendo con nosotros (), y cuando pasbamos junto a otra flota, las mujeres gritaban y lloraban -donde nos llevan!-, nuestros hijos () (M-21) Para luego llevarlos al aeropuerto de Rurrenabaque, donde escucharon de parte los policas que vendra un avin Hrcules a llevarlos a algunos 214 hacia Trinidad y otros hacia Venezuela215 para que ah les den palo. Aspecto que cobrara mayor fuerza cuando al promediar las siete de la maana arribaron aviones del TAM216 y se movilizaron los efectivos policiales para subirlos en dichas aeronaves, como sostiene el siguiente relato: Ya haban estado listos en la avioneta, estaban listos ah, una avioneta grandota era y de ah ellos haban ido donde todo estaba todo alambrado, es todo corralado, ah empezaron a botar los gases. (M-14) Ello, constituye una violacin de la libertad de locomocin, en su dimensin negativa, vale decir en la abstencin de trasladar a una persona de un lugar a otro contra su voluntad. Misma que adems se agrava si es que se desconoce el lugar de la detencin, pues ello se enmarcara en un acto de confinamiento, prohibido por el Art. 114.I de la Constitucin Poltica del Estado. De esta forma, las acciones estatales vulneraron el derecho a la libertad de locomocin en su componente de liberad de trnsito, establecido en el Art. 13 de la Declaracin Universal de Derechos Humanos; el 12 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Polticos; Art. 22 de la Convencin de Americana de Derechos Humanos y el Art. 21.7, de la Constitucin Poltica del Estado. 4.4. DIGNIDAD La dignidad humana es el fundamento de los derechos que se reconocen al ser humano, como valor central da lugar al derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a la seguridad y el derecho a la solidaridad que, son dimensiones bsicas de la persona y en cuanto tales, se convierten en derechos contenidos en la

normativa interna de los pases y los instrumentos internacionales que, determinan la existencia y legitimidad de todos los derechos reconocidos. Sin embargo, no constituyen categoras axiolgicas cerradas y estticas, sino que se hallan abiertas a las continuas y sucesivas necesidades que, los seres humanos experimentan en el devenir de la historia, de ah surge, tambin la intrnseca unin existente entre el objeto de los derechos y el fundamento de los mismos, la dignidad humana. La dignidad humana tiene un fundamento ontolgico anclado en el mismo ser de la persona y que puede, si, manifestarse accidentalmente a travs de sus actos. La dignidad no depende nicamente de su obrar sino que se funda primariamente en su ser. Por eso, la dignidad afecta a la persona en su intimidad, en su ltima radicalidad. Entre sus caractersticas se puede sealar que es absoluta, no slo en su sentido estricto de no disolverse en nada y no estar ligada a otra realidad; sino tambin al ser fundamento para todo lo dems, lo cual se explica porque la persona es fin en s misma, no simple medio para lograr algo. En ese mismo sentido, la dignidad tiene un carcter teleolgico, lo cual significa que la misma se lleva a cabo en y a travs de la naturaleza humana como origen y como fin. En ese mismo sentido, la dignidad de la persona, dignidad en el ser y dignidad en los fines implica un deber ser- no extrao al dinamismo de su ser personal. El ser humano comporta un merecimiento, una exigencia que se traduce en que los actos que realiza respecto de si mismo o respecto de otros, son actos que deben adecuarse a las exigencia de su ser personal. Esta intensidad del acto de ser es una exigencia de perfeccin que fundamenta todo deber. El deber no es, por tanto, una mera formalidad una simple expresin del lenguaje, un imperativo que surge de la abstraccin, una accin necesaria incondicionada; es una modalidad del ser personal de un alguien que tiene un carcter debitorio porque su ser le exige ser mejor. En el marco de la Constitucin Poltica del Estado, la dignidad se encuentra prevista transversalmente tanto como un valor supremo (Art. 8.II), as como fin y funcin del Estado (Art.9.2), adems de garanta normativa (Art. 22), al prescribir que La dignidad y la libertad de las personas son inviolables y respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. Al respecto, el Tribunal Constitucional como mximo intrprete de la Constitucin ha sealado en sentencias como la SC 0338/2003-R, de 19 de marzo del 2005, que la dignidad: () tiene toda persona por su sola condicin de humano, para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecucin de fines extraos, o ajenos a su realizacin personal. La dignidad es la percepcin de la propia condicin humana, y de las prerrogativas que de ella derivan; por ello la restriccin, supresin o amenaza de este derecho, supone el desconocimiento de la condicin humana y del fin propio de cada persona, para la consecucin de fines ajenos a su realizacin personal, en ese sentido ese desconocimiento deber estar debidamente demostrado. Entonces, si el derecho radica en el reconocimiento de la propia condicin humana y de las prerrogativas que de ella derivan, cualquier acto u omisin que, restrinja, suprima o amenace al mismo, supone el desconocimiento de dicha condicin y del fin propio de cada persona, para la consecucin de fines ajenos a su realizacin personal.

Aplicacin al caso concreto En el presente caso, es evidente como la Polica Boliviana, sin ningn respaldo o justificativo legal217, procedi a realizar una represin violenta e indiscriminada, contra bebs, nios, nias, familias, mujeres gestantes218 y madres as como adultos mayores219, tal como se evidencia de los siguientes testimonios: Bebs: Yo corr porque al ver a mi hijito que botaba por su naricita espuma y por su boca echaba espuma yo corr, (...) Despus ella lleg, pareca muerto y me dijo - esta muerto ta- me dijo, - vamos escapmonos- y le ech vinagre pero pareca muerto, de ah respir, venan detrs echando gases, nos caamos, nos levantamos, as corramos pero ellos igual venan detrs de nosotros () porque ellos venan, si no hayamos corrido hacia al monte nos iban agarrar tambin, yo estaba descalza de short pero igual nos fuimos con ellos con mi hijito220 (M-51) Nias: Relato de una nia de 11 aos: Los policas me queran secuestrar y me han pegado todo a m, me amarraron y luego me botaron al coche y me rasmillaron mi cadera. Mi mam estaba ah, yo me desmaye ah abajo en el pozo del puente, estaba inconsciente creo que tres horas, me amarraron, me votaron, y en la flota aparec. (M-24) Madres: () El gas a la cara sin compasin, nos echaron el gas a la cara a las mujeres. Los nios, las mujeres iban llorando que sus nios no tenia ah, unas mujeres estaban sin sus hijos, gritaban -Me falta mi hijo, me falta mi hijo!-, varias en la flota donde bamos nosotros, haban hartas mujeres que no tenan a sus nios que los haban dejado pues no se saba dnde estaban y se fueron por todas las flotas buscando otras mujeres, gritaban por sus maridos que no saban tambin donde estaban (). (M-21) Familias: (...) empezaron a largar los gases y tambin los balines empezaron a lanzar, y lo vimos que venan a carrera, entonces de ah nomas agarr a mi hijo y nos corrimos junto a mi esposo, l alz a mi otro hijo mas menorcito y nos corrimos, y mi hija como ella es curiosa, ms, ella haba corrido adelante a ver cuando ella venia a carrera tambin y nos alcanzo y entonces juntos corrimos al monte, y as empezamos a correr, y los gases casi nos llega, nos caa de todos lados y mi hija me deca -Mami, te va lograr, te va lograr!- y yo por mi estado en que estoy no corra muy bien (...) (M-56) Adultos mayores: (...) yo ya soy un hombre viejito, (...), me metieron palo, me dej nomas, yo ya no dije nada, calmado con sus palos, me brincaron a m cuatro pacos, me agarraron y all me echaron gas en mi boca, ah me prendieron, trate de desprenderme, forzudo el viejo, forzudo, como ser el joven, mi mano dura, varias veces me quisieron bajar, me amarraron las manos, vamos para adelante, no, porque, con qu motivo, no he hecho nada, la costilla , la pierna, mi pecho, ah me call (23-B)

Ver ilegalidad de la detencin en el punto correspondiente a privacin a la libertad fsica. Testimonio M-32. 219 Testimonios M-45, M-62. 220 El testimonio de Barbara Villar afirma el hecho en igual sentido.(PS-4).

De esta manera, los actos de coaccin indiscriminados, brutales, desproporcionados y alevosos, cometidos contra seres humanos indefensos, demuestran un total desprecio de la condicin humana que violan la dignidad como tal. As la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia, ratifica stos extremos al sealar en la SC 0338/2003-R, de 19 de marzo del 2005, que: () la restriccin, supresin o amenaza de este derecho, supone el desconocimiento de la condicin humana y del fin propio de cada persona, para la consecucin de fines ajenos a su realizacin personal, en ese sentido ese desconocimiento deber estar debidamente demostrado. El citado desprecio a la dignidad humana, no slo es emergente de las acciones descritas; sino adems de los trminos estigmatizantes y conductas discriminadoras demostradas por los funcionarios policiales contra las personas integrantes de la marcha a quienes se referan con los siguientes calificativos: () -Estos perros indgenas, los vamos a matar!-, -Maten a estos mierdas! (M-46); (...) -mala madre, eres una perra, por qu traes a tus hijos aqu () no pensaste en tu hijo, eres una perra()221; (...) -por qu no se paran perras putas. Hganse las machitas ahora ().222. En ese mismo orden, el desconocimiento de la persona y su dignidad, se ve tambin reflejado cuando los policas realizaron acciones como las siguientes: Quitar las ropas y mantener en esas condiciones a varios detenidos, tal como sucedi con el seor Fernando Vargas, quien fue apaleado, le pusieron de rodillas, lo patearon en la espalda223, le sacaron los pantalones abusivamente. Privar de alimentos a los nios lactantes a pesar del clamor de sus madres las cuales declararon (...) ah el nio, estuve ms de 4 horas, el nio sin tomar leche, lo que hice fue darle mi pecho porque el nio lloraba y lloraba, ah el nio, bueno no, no paraba de llorar porque no saciaba su hambre y ah cuando ya llegamos a Yucumo lo que hicimos fue un grupo de mujeres gritar, hacer un berrinche para que al fin nos dejen ir a comprar leche. (13-A). Impedir que la poblacin de Rurrenabaque pueda dotarles de agua y alimentos a las personas privadas de libertad224. Trasladar a algunos detenidos en camionetas maniatados, amordazados, con la boca abajo, colocados uno encima de otro, pisndoles la cara o desmayados.

sujecin al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana225. Entre otros, destacar que la forma de represin, detencin, tratamiento de personas privadas de libertad, amenazas, insultos y otros actos descritos en el presente informe, no slo violan una serie de derechos bsicos del ser humano (integridad fsica, libertad fsica y de locomocin, libertad de expresin, salud, entre otros); sino que adems afectan con ello directamente a la dignidad humana como fundamento de todos los derechos humanos. De la misma manera, resaltar que el aislamiento y la incomunicacin al cual fueron sometidas las personas detenidas mientras eran transportadas con destino desconocido, como se ven reflejadas en las siguientes declaraciones: () y de ah nos dijeron que no usemos y nos prohibieron hasta usar el telfono que no usemos el telfono porque nos los iban a quitar. Si no mas ah cuando me agarraron, me amarraron lo primero que hicieron fue quitarme el telfono -Qutale el telfono!- le dijo, nos lo sacaban los telfonos, nos lo quitaron la mayora de la gente no tenan telfono porque se los sacaban y este y ah este le dijo: -no quiero que utilicen porque no quiero que se comunique con nadie!- y entonces le grite de la flota -Y que somos sus rehenes o qu!, -Son pues as los voy a tratar como rehn!- gritaba el polica, uno que se llama Taboada, bien lo tengo porque yo les lea sus nombres y que era el Comandante. (M-21; PS-4) Toda la noche estuvieron yendo y viniendo con nosotros (), y cuando pasbamos junto a otra flota, las mujeres gritaban y lloraban -donde nos llevan!-, nuestros hijos (). (M-21) No slo determinan un tratamiento cruel e inhumano; sino que implican la violacin a la dignidad, tal como describe la Corte Interamericana en sentencias como la siguiente: () el aislamiento prolongado y la incomunicacin coactiva a los que se ve sometida la vctima representan, por s mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano ()226 Finalmente, resulta contrario a la dignidad, realizar acciones sin medir la magnitud de las consecuencias sobre los afectados, quienes para no ser objeto de la represin policial, se vieron obligados a esconderse en el monte227 en condiciones infrahumanas, encontrndose en riesgo la vida de nias, nios, hombres, mujeres, en algunos casos mujeres embarazadas228. En mrito a todo lo sealado, el Estado mediante las acciones de la Polica Boliviana, ha vulnerado la dignidad reconocida transversalmente en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, como la Declaracin Universal de Derechos Humanos (Art. 1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos (Art. 10) y la Convencin Americana

Sentencia de fondo; Caso Velsquez Rodriguez contra Honduras; Prr. 154. Sentencia de fondo; Caso Velsquez Rodrguez contra Honduras; Prr. 156. 227 Testimonio M-59. 228 Testimonios M-3, M-1, M-7, M-8, M-15, M-25.

sobre Derechos Humanos (Art. 11). De la misma manera, desconoci la inviolabilidad de la dignidad as como sus obligaciones de respeto y proteccin de la misma establecida en el Art. 22 de la Constitucin Poltica del Estado, incumpliendo los fines y funciones el Estado sealados en el Art. 9.2 de la norma suprema y apartndose en consecuencia de ste valor supremo expresado en el Art. 8.II Constitucional. 4.5. DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDGENAS Respecto a los derechos de los pueblos indgenas, es preciso sealar que stos gozan de todas las prerrogativas y garantas en el orden civil, poltico, econmico, social y cultural reconocido en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y la normativa local. Sin embargo, existen algunos que desde la perspectiva del grupo cobran una especial singularidad, sobre todo por las condiciones de marginacin y discriminacin histricas que han sufrido y del nivel especial de afectacin que soportan por las violaciones de sus derechos. As, la redaccin del Art. 30 de la Constitucin Poltica del Estado, reconoce, entre otros el derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones; los derechos territoriales que se extienden sobre la superficie terrestre, y sobre los recursos naturales que estn sobre dicha superficie y en el subsuelo con la debida consideracin por las especificidades de los recursos hdricos y del subsuelo229, incluyendo adems, espacios utilizados para sus actividades culturales o de subsistencia, tales como las vas de acceso; el derecho a la consulta y participacin; jurisdiccin; educacin as como el derecho a la autonoma. 4.5.1. Derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indgenas La consulta previa, libre e informada a los pueblos indgenas es un proceso previsto para hacer efectivo el derecho a la participacin de los pueblos indgenas en todos los asuntos que puedan afectar a sus personas, a sus bienes o a sus derechos individuales y/o colectivos.230 De acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, la consulta a los pueblos indgenas es el proceso por el cual los gobiernos consultan a pueblos indgenas y tribales sobre las distintas propuestas legislativas, medidas administrativas, propuestas de poltica y programas que les puedan afectar directamente, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr su consentimiento. Esta consulta tendr lugar siempre que se estudie, planifique o aplique cualquier medida susceptible de afectar directamente a los pueblos interesados. Por lo tanto, la consulta a los pueblos indgenas se constituye en un mecanismo de dilogo y construccin intercultural que implica el abandono de toda nocin de tutelaje estatal e inicia un tipo de relacionamiento entre iguales fundado en el reconocimiento de los derechos indgenas a la libre determinacin, el autogobierno y su capacidad de decidir el sistema y su modelo de desarrollo. En esta misma lnea, la doctrina argumenta que Los derechos de decisin autnoma o libre determinacin del desarrollo, participacin, consulta previa y consentimiento previo, libre e informado hacen parte de un corpus de derechos colectivos enmarcado en nuevos principios de

COMISIN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; Derechos de los Pueblos Indgenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales; Ob. Cit.; Prr. 29 230 OBSERVATORIO BOLIVIANO DE LOS RECURSOS NATURALES; Especial Consulta Previa; Boletn Noviembre 2010; Pg. 6; La Paz Bolivia.

relacin entre los Estados y los pueblos indgenas, los cuales rompen con la tradicin tutelar anterior.231 Entre los objetivos que se buscan a travs de la consulta a los pueblos indgenas, podemos citar los siguientes: Poner fin al modelo histrico de exclusin de los pueblos indgenas en el proceso de adopcin de decisiones estatales. Asimismo, reparar la desigual participacin y discriminacin de los pueblos indgenas en las decisiones polticas administrativas y legislativas que les afectan. Respetar y garantizar que los pueblos puedan prosperar como comunidades en las tierras a las que culturalmente estn arraigados. La generacin de espacios para que los pueblos indgenas puedan participar en las polticas de desarrollo nacional o regional que les puedan afectar. El establecimiento de un dilogo en condiciones simtricas entre los pueblos indgenas y el Estado en virtud al reconocimiento de su existencia precolonial. Lograr el consentimiento libre e informado o de los pueblos indgenas sobre el asunto objeto de consulta.

La consulta previa, libre e informada a los pueblos indgenas no es un acto singular, sino un proceso de dilogo y negociacin que implica la buena fe de ambas partes y la finalidad de alcanzar un acuerdo mutuo. Los procedimientos de consulta, en tanto forma de garantizar el derecho de los pueblos indgenas a participar en los asuntos susceptibles de afectarles, no deben limitarse nicamente a una notificacin o a un trmite de cuantificacin de daos, tampoco pueden agotarse en el cumplimiento de requisitos meramente formales. La obligacin estatal de desarrollar procesos de consulta previa, libre e informada debe ser adoptada para todas aquellas medidas que puedan afectar derechos e intereses de los pueblos indgenas, y especialmente cuando se trate de asuntos como232: 1. El proceso de delimitacin, demarcacin y otorgamiento de ttulos colectivos sobre sus territorios; 2. El proceso de otorgamiento a los miembros del pueblo del reconocimiento legal de su capacidad jurdica colectiva, correspondiente a la comunidad que ellos integran; 3. El proceso de adopcin de medidas legislativas, administrativas o de otra ndole que sean necesarias para reconocer, proteger, garantizar y dar efecto legal al derecho de los integrantes del pueblo al territorio que tradicionalmente han ocupado y utilizado; 4. El proceso de adopcin de medidas legislativas, administrativas u otras requeridas para reconocer y garantizar el derecho del pueblo a ser efectivamente consultado, de conformidad a sus tradiciones y costumbres; 5. En relacin de los estudios previos de impacto ambiental y social; y

YRIGOYEN Fajardo, Raquel; De la tutela indgena a la libre determinacin del Desarrollo, la participacin, la consulta y el consentimiento; trabajo contenido en el numero 40 de la Revista El Otro Derecho publicada por el INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SERVICIOS LEGALES ALTERNATIVOS ILSA, Bogot; junio 2009; pag 12 232 Corte IDH. ; Caso Saramaka Vs Surinam; Interpretacin de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185, prr.

6. En relacin con cualquier restriccin propuesta a los derechos de propiedad del pueblo particularmente respecto de los planes de desarrollo o inversin propuestos dentro de lo que afecten su territorio. 4.5.1.1. Principios del derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indgenas originarios campesinos. 4.5.1.1.1. Exclusiva en cuanto a sus destinatarios El derecho a la consulta a los pueblos indgenas se aplica de manera exclusiva a los grupos humanos reputados genricamente como pueblos indgenas. As, la determinacin de lo que debe entenderse como pueblo indgena, es proporcionada por el Convenio 169 de la OIT, el cual establece en su artculo 1.1.(b) que dicho tratado se aplicar a los pueblos en pases independientes, considerados indgenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el pas o en una regin geogrfica a la que pertenece el pas en la poca de la conquista o la colonizacin o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situacin jurdica, conservan todas sus propias instituciones sociales, econmicas, culturales y polticas, o parte de ellas. Por su parte, el artculo 1.2 del mismo instrumento internacional establece que: La conciencia de su identidad indgena o tribal deber considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. En ese mismo sentido, la Declaracin de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indgenas en su Art. 33.1 establece que: Los pueblos indgenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Realizando una interpretacin de los contenidos de ambos instrumentos internacionales, la opinin consultiva de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos ha establecido el requisito de existencia de elementos objetivos y elementos subjetivos para la cabal determinacin de la categora de pueblo indgena, aade: los elementos objetivos incluyen: (i) la continuidad histrica, v.g. se trata de sociedades que descienden de los grupos anteriores a la conquista o colonizacin; (ii) la conexin territorial, en el sentido de que sus antepasados habitaban el pas o la regin; y (iii) instituciones sociales, econmicas, culturales y polticas distintivas y especficas, que son propias y se retienen en todo o en parte. El elemento subjetivo corresponde a la autoidentificacin colectiva en tanto pueblo indgena233 Otras instancias internacionales han aplicado criterios similares. Un estudio del Grupo de Trabajo de la ONU sobre poblaciones indgenas concluy que los factores relevantes para comprender el concepto de indgena incluyen: (i) prioridad en el tiempo, con respecto a la ocupacin y uso de un territorio especfico; (ii) la perpetuacin voluntaria de la especificidad cultural, que puede incluir los aspectos de lenguaje, organizacin social, religin y valores espirituales, modos de produccin, formas e instituciones jurdicas; (iii) la auto-identificacin, as como el reconocimiento por otros grupos, o por las autoridades estatales, en tanto una colectividad diferenciada; y (iv) una experiencia de subyugacin,

COMISIN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Informe especial Derechos de los pueblos indgenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales; Punto 28; OEA/Ser.L/VII.doc 56/09.; de 30 de diciembre de 2009.

marginalizacin, desposesin, exclusin o discriminacin, ya sea que estas condiciones persistan o no.234 De igual forma, la doctrina apoya esta orientacin tendiente a delimitar el contenido del concepto pueblo indgena afirmando que: Se identifica como pueblos indgenas a aquellos que descienden de pueblos que preexisten a los Estados actuales (hecho histrico) y que en la actualidad conservan en todo o en parte sus instituciones sociales, polticas, culturales, o modos de vida (vigencia actual). El criterio subjetivo se refiere a la autoconciencia que tienen los pueblos de su propia identidad indgena, esto es, que descienden de pueblos originarios y que tienen instituciones propias235. En cuanto a la necesidad de la concurrencia simultnea de todos los requisitos arriba expuestos, se puede afirmar que el derecho a la consulta slo se aplica a aquellas poblaciones que renan fundamentalmente tres requisitos: 1) Descender de pueblos originarios que habitaban antes de la conquista o en la colonia; 2) Conservar total o parcialmente las costumbres; y 3) Auto percibirse como parte de un pueblo con una identidad especifica diferente a la de los dems pueblos () A los que no renan estos requisitos, por ms que vivan en el campo o sean afectados por las industrias extractivas, no les asiste el derecho a la consulta236. Por su parte, la Constitucin Poltica del Estado, siguiendo la lneas precitadas establece en el artculo 30 que: Es nacin y pueblo indgena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradicin histrica, instituciones, territorialidad y cosmovisin, cuya existencia es anterior a la invasin colonial espaola. 4.5.1.1.2. Previa La consulta previa, libre e informada a los pueblos indgenas no cumplira su objetivo de constituirse en un mecanismo que posibilite a los pueblos indgenas realmente incidir con su opinin sobre asuntos que les podran afectar, si es que la misma fuese desarrollada con posterioridad a la planificacin de cualquier medida legislativa, administrativa o de cualquier ndole y que potencialmente pudiere causarles perjuicio. As, de nada valdra llevar adelante bajo la denominacin de consulta, un procedimiento que tenga como nico objetivo ratificar una decisin asumida o un proyecto ya diseado, quedando entonces claro que un requisito indispensable del procedimiento de aquella, es su oportunidad en el tiempo. Al respecto, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos ha sealado que: la consulta, para ser previa, debe llevarse a cabo durante la fase exploratoria o de planificacin del proyecto, plan o medida correspondiente, con suficiente antelacin al

comienzo de sus actividades de ejecucin237. Este criterio de oportunidad otorga el tiempo necesario para la discusin interna dentro de las comunidades a fin de que estas se encuentren en la capacidad de brindar una adecuada respuesta al Estado y puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de adopcin de decisiones238. Este es el sentido del artculo 15 del Convenio 169 de la OIT, el cual requiere a los Estados que lleven a cabo consultas con los pueblos indgenas antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospeccin o explotacin de los recursos existentes en sus tierras 239. El carcter previo de la consulta en estos supuestos se ve tambin confirmado por la Declaracin de Naciones Unidas sobre Pueblos Indgenas, que aclara que la consulta debe realizarse antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras y territorios y otros recursos, particularmente en relacin con el desarrollo, la utilizacin o la explotacin de los recursos240 En ese mismo orden de ideas, la Constitucin Poltica del Estado recoge este indispensable principio cuando en el num. 15 del Art. 30 establece que los pueblos indgenas tienen derecho a ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Entendiendo as, que la utilizacin del trmino prever implica la nocin de anticipacin de un acontecimiento futuro an no verificado. Por tanto, en merito a todo lo anteriormente mencionado, el carcter previo es un principio esencial que hace a la naturaleza misma de la consulta; consiguientemente, la extemporaneidad en su realizacin, torna intil todo el procedimiento, ya que imposibilita recoger de manera oportuna la opinin de los pueblos indgenas y su influencia en la toma de decisiones, impidiendo adems un adecuado dilogo intercultural. 4.5.1.1.3. Informada El objetivo de lograr un consentimiento no viciado como finalidad ltima de la consulta previa, libre e informada a los pueblos indgenas, conlleva el presupuesto del manejo completo, oportuno, veraz y culturalmente adecuado de la informacin mnima necesaria para lograr acuerdos libres. Vale decir, el procedimiento de consulta necesariamente deber iniciar con la ejecucin de una etapa previa de informacin sobre los aspectos positivos y negativos de la medida, de manera que la decisin cumpla el requisito de constituirse en un verdadero ejercicio del derecho de autodeterminacin sin vicio alguno. En este sentido, la informacin con la que deban contar los pueblos indgenas para poder emitir una decisin vlida deber cumplir los siguientes requisitos: Previa, la informacin deber ser otorgada con tiempo suficiente para que pueda ser analizada, reflexionada, compartida y an consultada en su contenido si as los pueblos indgenas lo creyeren conveniente.

Comisin Interamericana de Derechos Humanos, Informe especial Derechos de los pueblos indgenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, punto 302, Ob. Cit. 238 ONU- Consejo de Derechos Humanos Informe del Relator Especial sobre la situacin de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indgenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, parr. 65 239 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, parr. 131 240 Declaracin de Naciones Unidas articulo 32.2.

Suficiente, lo que significa que la calidad y cantidad de informacin (en datos tcnicos relevantes y pertinentes) debe ser un verdadero insumo til para la toma de la decisin. Culturalmente adecuada, vale decir que la informacin provista deber ser entendible por ellos de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, mediante procedimientos culturalmente idneos, por ejemplo por el mnimo requisito de hallarse en el idioma propio del pueblo241 y en el formato que sea ms acorde con su cultura.

En ese mismo sentido, la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas en su artculo 19 seala: Los Estados celebraran consultas () a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Sobre ste punto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos coincide en identificar los anteriores requisitos de la informacin que debieran proveerse a los pueblos indgenas dentro de un proceso de consulta. As, el sealado Tribunal manifiesta que la consulta debe ser informada en el sentido de que los pueblos indgenas tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversin propuesto con conocimiento y de forma voluntaria242. Agregando que este deber requiere que el Estado acepte y brinde informacin243 , e implica una comunicacin constante entre las partes244. Al respecto, el Relator Especial sobre la situacin de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indgenas, de la ONU ha sealado que: () para que los pueblos indgenas interesados puedan adoptar decisiones libres e informadas sobre el proyecto en consideracin es necesario que reciban informacin objetiva y completa sobre todos los aspectos del proyecto que los afecta, incluidas las repercusiones del proyecto sobre su vida y su entorno. A este respecto, es esencial que el Estado haga estudios sobre el impacto ambiental y social a fin de que se puedan conocer todas las consecuencias que cabe prever. Los grupos indgenas interesados deben conocer esos estudios de impacto en las primeras etapas de las consultas, tener tiempo suficiente para entender las conclusiones de los estudios y poder presentar sus observaciones y recibir informacin acerca de cualquier preocupacin que planteen. 245

Comisin Interamericana de Derechos Humanos MC 382/10 Comunidades Indgenas de la cuenca del Rio Xingu, Par , Brasil 1 de abril de 2011. Garantizar que en forma previa a la realizacin de dichos procesos de consulta, las comunidades indgenas beneficiadas tengan acceso a un Estudio de Social y Ambiental del Proyecto, en un formato accesible , incluyendo la traduccin a los idiomas indgenas respectivos 242 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, prr. 133 243 Ibdem supra 244 Ibidem supra 245 ONU Consejo de Derechos Humanos Informe del Relator Especial sobre la situacin de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indgenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, prr. 53.

4.5.1.1.4. De buena fe En opinin de la Comisin Interamericana, el requisito de la buena fe busca establecer una garanta frente a los procesos de consulta meramente formales246. En este sentido queda claro que los citados procedimientos estn diseados para propender por la obtencin del consentimiento libre e informado de los pueblos y no limitarse nicamente a una notificacin o trmite de cuantificacin de daos247. Al respecto, cabe destacar que es una preocupacin de la Comisin Interamericana el hecho de que la buena fe tambin es incompatible con prcticas tales como los intentos de desintegracin de la cohesin social de las comunidades afectadas, sea a travs de la corrupcin de los lderes comunales o del establecimiento de liderazgos paralelos, sea a travs de negociaciones con miembros individuales de las comunidades que son contrarias a los estndares internacionales248 Igualmente, merece destacarse la opinin de la doctrina especializada, sobre acciones concretas realizadas por los Estados que violentaran en los hechos el requisito de la buena fe afirmando que sta no existe si el Estado ya tiene una decisin adoptada antes del proceso de consulta249. En ese mismo sentido el Relator Especial sobre la situacin de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indgenas ha observado, que en muchos casos, los procedimientos de consulta no son efectivos ni gozan de la confianza de los pueblos indgenas porque no son incluidos debidamente en las deliberaciones que dan lugar a la definicin y aplicacin de los procedimientos adecuados.250 4.5.1.1.5. Por medio de sus instituciones La consulta previa, libre e informada a los pueblos indgenas a la hora de su realizacin y en consideracin a la naturaleza colectiva del derecho, debe ejecutarse tomando en cuenta a las instituciones representativas propias de los pueblos indgenas a ser consultados, quienes adems debern designar a sus representantes de conformidad a sus propios sistemas y procedimientos. En ese sentido se pronunci la Comisin Interamericana cuando establece: la representacin de estos pueblos durante los procesos de consulta debe ser la que determine el propio pueblo afectado de conformidad con su tradicin, y habiendo tenido en cuenta la voluntad de la totalidad del pueblo canalizada a travs de los mecanismos consuetudinarios correspondientes251

Comisin Interamericana de Derechos Humanos, Informe especial Derechos de los pueblos indgenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales; punto 317; Ob. Cit. 247 CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusin Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, prr. 248. 248 Informe Especial de la Comisin Interamericana de DDHH, punto 319 249 IRIGOYEN, Fajardo Raquel articulo en La otra mirada; Pg. 50; Ob. Cit. 250 ONU Consejo de Derechos Humanos Informe del Relator Especial sobre la situacin de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indgenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, prr. 51 251 Comisin Interamericana de Derechos Humanos, Informe especial Derechos de los pueblos indgenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales; punto 287; Ob. Cit.

Al respecto, en nuestro pas, la Constitucin Poltica del Estado en el nm. 15 del Art. 30 expresamente ordena que los pueblos indgenas tienen el derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a travs de sus instituciones. Por su parte, la Corte Interamericana ha sealado que los pueblos indgenas deben determinar, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, cules miembros () estarn involucrados en dichas consultas252, y quines les representarn ante el Estado para estos propsitos. 4.5.1.1.6. Finalidad de bsqueda de un acuerdo o consentimiento libre El Estado inicia un proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indgenas con el objetivo de obtener un acuerdo o el consentimiento de parte de los pueblos indgenas respecto a las medidas legislativas, administrativas o de otra ndole que puedan afectarles. En ese sentido, de ninguna manera la consulta puede ser tomada como un mero requisito formal y por tanto estril en cuanto a sus efectos. Acorde a lo sealado, el proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indgenas en todos los casos debe tener el objetivo de alcanzar un acuerdo, o de recibir el consentimiento informado de los pueblos indgenas a los planes de desarrollo o inversin o las concesiones extractivas que puedan afectar su derecho de propiedad sobre las tierras, territorios y recursos naturales. Para los fines sealados precedentemente, se requiere del cumplimiento de ciertas condiciones como son las siguientes: Existencia, accesibilidad y disponibilidad de informacin clara, adecuada, oportuna y suficiente, la misma no puede circunscribirse a una audiencia informativa en la que slo se ponga en conocimiento de los pueblos indgenas la medida decidida, ni en un mero acto de votacin. Establecimiento de un verdadero proceso de dilogo y negociacin con la consiguiente inversin de tiempo, recursos y esfuerzos por parte del Estado. Impulso por parte del Estado, al constituirse en una obligacin ineludible e indelegable a terceros. Realizacin mediante las organizaciones representativas de los pueblos indgenas, en consideracin a la naturaleza colectiva del derecho y respetando las estructuras organizacionales propias. Obtencin, a travs del procedimiento, de una decisin consciente, exenta de coacciones, amenazas, error o cualquier otro acto que vicie el consentimiento.

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretacin de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185, prr. 15.

carcter previo a la ejecucin de planes o proyectos que puedan afectar sus derechos de propiedad sobre las tierras, territorios y recursos naturales253. As, el sistema interamericano entiende que el fundamento para la exigencia del consentimiento reside en la seriedad de afectacin a derechos de los pueblos indgenas con planes, proyectos, obras o programas de gran envergadura. En este sentido, la Corte Interamericana enfatiz que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversin a gran escala que podran afectar la integridad de las tierras y recursos naturales del pueblo () el Estado tiene la obligacin, no slo de consultar (), sino tambin de obtener su consentimiento libre, informado y previo, segn sus costumbres y tradiciones254 En ese mismo orden de ideas, el Relator de las NNUU sobre Pueblos Indgenas ha expresado que: iempre que se lleven a cabo en reas ocupadas por pueblos indgenas, es probable que estas comunidades tengan que atravesar cambios sociales y econmicos profundos que las autoridades competentes no son capaces de entender, mucho menos anticipar. os efectos principales comprenden la prdida de territorios y tierra tradicional, el desalojo, la migracin y el posible reasentamiento, agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia fsica y cultural, la destruccin y contaminacin del ambiente tradicional, la desorganizacin social y comunitaria, los negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duracin , en algunos casos, abuso y violencia255. Frente a sta evidencia, el Relator explica: El requisito del consentimiento debe interpretarse como una salvaguarda reforzada de los derechos de los pueblos indgenas, dada su conexin directa con el derecho a la vida, a la identidad cultural y a otros derechos humanos esenciales, en relacin con la ejecucin de planes de desarrollo o inversin que afecten al contenido bsico de dichos derechos. El deber de obtencin del consentimiento responde, por lo tanto, a una lgica de proporcionalidad en relacin con el derecho de propiedad indgena y otros derechos conexos256. En relacin al requisito del consentimiento, es pertinente y necesario asumir la opinin vertida por la Comisin Interamericana en su informe del 2007 sobre el estado de los derechos humanos en Bolivia, cuando a tiempo de reclamar la insuficiente implementacin de procesos de consulta, afirma: el procedimiento de consultas en el

Comisin Interamericana de Derechos Humanos, Informe especial Derechos de los pueblos indgenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales; punto 329; Ob. Cit. 254 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretacin de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185, prr. 17. 255 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, prr. 135. 256 El Relator Especial de la ONU ha explicado en esta lnea que la solidez o importancia de la finalidad de lograr el consentimiento vara segn las circunstancias y los intereses indgenas que estn en juego. Un efecto directo y considerable en la vida o los territorios de los pueblos indgenas establece una presuncin slida de que la medida propuesta no deber adoptarse sin el consentimiento de los pueblos indgenas. En determinados contextos, la presuncin puede convertirse en una prohibicin de la medida o el proyecto si no existe el consentimiento de los indgenas. La Declaracin reconoce dos situaciones en que el Estado tiene la obligacin de obtener el consentimiento de los pueblos indgenas interesados, fuera de la obligacin general de que las consultas tengan por finalidad procurar el consentimiento. Esas situaciones incluyen el caso en que el proyecto d lugar al traslado del grupo fuera de sus tierras tradicionales y los casos relacionados con el almacenamiento o vertimiento de desechos txicos en las tierras indgenas (arts. 10 y 29, prr. 2, respectivamente). ONU Consejo de Derechos Humanos Informe del Relator Especial sobre la situacin de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indgenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, par. 47.

sentido de garantizar el derecho a la participacin de los pueblos indgenas en los asuntos susceptibles de afectarles, tiene un alcance mucho ms amplio y debe propender por la obtencin del consentimiento libre e informado de los pueblos y no limitarse nicamente a una notificacin o a un trmite de cuantificacin de daos257. En relacin a los asuntos que merecen la obligatoria obtencin del consentimiento libre, informado y no viciado por parte de los consultados, el Sistema interamericano de proteccin de derechos humanos ha determinado los siguientes estndares258: 1. Planes o proyectos de desarrollo o inversin que impliquen el desplazamiento de los pueblos o comunidades indgenas de sus territorios tradicionales, es decir, su reubicacin permanente. El requisito del consentimiento en estos casos se establece en el Art. 10 de la Declaracin de Naciones Unidas: Los pueblos indgenas no sern desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios, No se proceder a ningn traslado sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indgenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnizacin justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opcin del regreso. 2. Casos en que la ejecucin de planes de inversin o desarrollo o de concesiones de explotacin de los recursos naturales privara a los pueblos indgenas de la capacidad de usar y gozar de sus tierras y de otros recursos naturales necesarios para su subsistencia. 3. Depsito o almacenamiento de materiales peligrosos en tierras o territorios indgenas, segn dispone el artculo 29 de la Declaracin de Naciones Unidas259. 4.5.1.1.7. De aplicacin obligatoria por parte del Estado El establecimiento de todo derecho implica el correlativo surgimiento de un deber de cumplimiento. En el caso del derecho a la consulta a los pueblos indgenas, corresponde al Estado la aplicacin de la misma, no pudiendo delegarla a instituciones o empresas privadas ni encargarla a los propios destinatarios. A su vez, en el cumplimiento de este deber, tomando en cuenta la naturaleza dialgica de la consulta previa, libre e informada a los pueblos indgenas, el Estado deber coordinar el procedimiento con stos desde la fase temprana de su formulacin, puesto que en muchos casos, esos procedimientos no son efectivos ni gozan de la confianza de los pueblos porque estos no son incluidos debidamente en las deliberaciones que dan lugar a la definicin y aplicacin de los indicados procedimientos.260. As por ejemplo, la aprobacin de una ley de consulta previa en cuya formulacin no hayan a su vez participado los indgenas por lo menos mediante sus representantes, no sera una medida vlida.

Informe 2007 sobre el estado de los derechos de los pueblos indgenas en Bolivia CIDH, par. 248. Informe Comisin Interamericana de Derechos Humanos, Informe especial Derechos de los pueblos indgenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales; punto 334; Ob. Cit. 259 Declaracin Universal de los Derechos Humanos. Art. 29.2 Los Estados adoptaran medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos, en las tierras o territorios de los pueblos indgenas, sin su consentimiento libre, previo e informado 260 ONU Consejo de Derechos Humanos Informe del Relator Especial sobre la situacin de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indgenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, prr. 51

Es importante a este respecto destacar que el incumplimiento a la obligacin de consulta por parte del Estado puede generarle responsabilidad internacional. En este sentido se pronunci la Comisin Interamericana de Derechos Humanos al sealar que: De la inobservancia de los principios que definen el contenido esencial del deber de consultar resulta el surgimiento de responsabilidad internacional (...) del Estado. De hecho, () la falta de aplicacin del deber de consulta y de otras garantas conexas fue el principal argumento de la Corte Interamericana para llegar a concluir que haba habido una violacin del derecho de propiedad () y determinar las correspondientes reparaciones.261 4.5.1.1.8. Carcter vinculante y el veto en planes de desarrollo de impacto mayor Una caracterstica de la consulta previa, libre e informada a los pueblos indgenas, es que el resultado de la misma es vinculante cuando se trata de los siguientes casos: 1. Traslados de las tierras que ocupan y su reubicacin. 2. Almacenamiento o eliminacin de materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indgenas 3. Planes de desarrollo o de inversin a gran escala que tendran un mayor impacto dentro del territorio. As en el caso boliviano, adems del carcter vinculante en los supuestos precitados, la imposibilidad de obtener el consentimiento concede a los pueblos indgenas, en los tres supuestos precedentemente citados la potestad de vetar el proyecto. Cabe aclarar que en el resto de los casos no comprendidos en las tres posibilidades anteriormente descritas, pero en los cuales se haya desarrollado procesos de consulta, cumpliendo todos los requisitos exigidos y an as no se hubiere conseguido un acuerdo o consentimiento, el Estado asume bajo su responsabilidad la decisin razonada de la realizacin de su medida, sin poder alegar el fracaso de la consulta como eximente de obligaciones de respeto, garanta y proteccin posterior. 4.5.1.2. Jurisprudencia aplicable a la consulta a pueblos indgenas En cuanto al derecho a la consulta a los pueblos indgenas la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual de acuerdo al Tribunal Constitucional de Bolivia se constituye en parte del bloque de constitucionalidad (SC 0110/2010-R, 10 de mayo de 2010)262, expresa en casos como Saramaka contra Surinam, que: 134. Primero, la Corte ha manifestado que al garantizar la participacin efectiva de los integrantes del pueblo Saramaka en los planes de desarrollo o inversin dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente, con

Comisin Interamericana de Derechos Humanos, Informe especial Derechos de los pueblos indgenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales; punto 297; Ob. Cit.

En efecto, el Pacto de San Jos de Costa Rica, como norma componente del bloque de constitucionalidad, esta constituido por tres partes esenciales, estrictamente vinculadas entre s: la primera, conformada por el prembulo, la segunda denominada dogmtica y la tercera referente a la parte orgnica. Precisamente, el Captulo VIII de este instrumento regula a la CIDH Interamericana de Derechos Humanos, en consecuencia, siguiendo un criterio de interpretacin constitucional sistmico, debe establecerse que este rgano y por ende las decisiones que de l emanan, forman parte tambin de este bloque de constitucionalidad.

dicha comunidad, segn sus costumbres y tradiciones (supra prr. 129). Este deber requiere que el Estado acepte y brinde informacin, e implica una comunicacin constante entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a travs de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el pueblo Saramaka, de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversin y no nicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobacin de la comunidad, si ste fuera el caso. El aviso temprano proporciona un tiempo para la discusin interna dentro de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado. El Estado, asimismo, debe asegurarse que los miembros del pueblo Saramaka tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversin propuesto con conocimiento y de forma voluntaria. Por ltimo, la consulta debera tener en cuenta los mtodos tradicionales del pueblo Saramaka para la toma de decisiones263. 135. Asimismo, la Corte considera que, cuando se trate de planes de desarrollo o de inversin a gran escala que tendran un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligacin, no slo de consultar a los Saramakas, sino tambin debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de stos, segn sus costumbres y tradiciones. Acorde a lo anteriormente manifestado, resulta relevante lo expuesto a propsito por la Comisin Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las Comunidades Indgenas Maya en el Distrito de Toledo contra Belice, que: () los Estados deben llevar a cabo consultas efectivas y plenamente informadas con comunidades indgenas con relacin a hechos o decisiones que pudieran afectar sus territorios tradicionales. En dicho caso, la Comisin determin que un procedimiento de consentimiento pleno e informado requiere: como mnimo, que todos los integrantes de la comunidad estn plenamente enterados de la naturaleza y consecuencias del proceso y que estn provistos de una oportunidad efectiva para participar de manera individual o colectiva. 264 Adems de lo sealado, cabe citar a manera ilustrativa que la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, al tratar la solicitud de medidas cautelares en el Caso Comunidades Indgenas de la cuenca del Ro Xingu, Par, ha solicitado al Gobierno del Brasil que:

Asimismo, en Comunidades Indgenas Maya en el Distrito de Toledo vs. Belice, la Comisin Interamericana observ que los Estados deben llevar a cabo consultas efectivas y plenamente informadas con comunidades indgenas con relacin a hechos o decisiones que pudieran afectar sus territorios tradicionales. En dicho caso, la Comisin determin que un procedimiento de consentimiento pleno e informado requiere como mnimo, que todos los integrantes de la comunidad estn plenamente enterados de la naturaleza y consecuencias del proceso que estn provistos de una oportunidad efectiva para participar de manera individual o colectiva. Cfr. Comisin Interamericana de Derechos Humanos, Informe 40/04, Fondo. Caso 12.052. Comunidades Indgenas Maya en el Distrito de Toledo, supra nota 84, prr. 142. Cfr. tambin, los Principio del Ecuador, Principio 5. 264 Comisin Interamericana de Derechos Humanos: Informe 40/04 (Fondo). Caso 12.052. Comunidades Indgenas Maya en el Distrito de Toledo, supra nota 84, prr. 142. Citada por la Comisin en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam loc. cit., pie de pgina 130.

() suspender inmediatamente el proceso de licencia del proyecto de la Planta Hidroelctrica Belo Monte e impedir la realizacin de cualquier obra material de ejecucin hasta que se observen las siguientes condiciones mnimas: (1) realizar procesos de consulta, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Brasil, en el sentido de que la consulta sea previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, y con el objetivo de llegar a un acuerdo, en relacin con cada una de las comunidades indgenas afectadas, beneficiarias de las presentes medidas cautelares; (2) garantizar que, en forma previa a la realizacin de dichos procesos de consulta, para asegurar que la consulta sea informada, las comunidades indgenas beneficiarias tengan acceso a un Estudio de Impacto Social y Ambiental del proyecto, en un formato accesible, incluyendo la traduccin a los idiomas indgenas respectivos () En el mbito de la jurisprudencia nacional, el Tribunal Constitucional de Bolivia ha sentado un precedente mucho ms garantista y preciso sobre el contenido al derecho a la consulta a los pueblos indgenas, al sealar en la SC 2003/2010-R, de 25 de octubre de 2010, que: El derecho a la consulta previa fue reconocido a los pueblos indgenas en el Convenio 169 de la OIT, cuyo art. 6.1 estableci que al aplicar las disposiciones del Convenio 169, los gobiernos debern: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a travs de sus instancias representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. El art. 6.2 del Convenio seal que: Las consultas llevadas a cabo en aplicacin de este Convenio debern efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. () Dichas normas fueron ampliadas y precisadas en la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, que en el art. 19 establece que: Los Estados celebrarn consultas y cooperarn de buena fe con los pueblos indgenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado. Adems, el art. 32 de la Declaracin, especficamente respecto a las tierras y territorios, sostiene: 1. Los pueblos indgenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilizacin de sus tierras o territorios y otros recursos. 2. Los Estados celebrarn consultas y cooperarn de buena fe con los pueblos indgenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relacin con el desarrollo, la utilizacin o la explotacin de recursos minerales, hdricos o de otro tipo.

3. Los Estados establecern mecanismos eficaces para la reparacin justa y equitativa por esas actividades, y se adoptarn medidas adecuadas para mitigar sus consecuencias nocivas de orden ambiental, econmico, social, cultural o espiritual. Por su parte, la Constitucin Poltica del Estado reconoce en el art. 30. 15), el derecho: A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a travs de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles, aadiendo posteriormente que se respetar y garantizar el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotacin de los recursos naturales no renovables en el territorios que habitan. En cuanto a los recursos naturales, el art. 403 de la CPE, reconoce la integralidad del territorio indgena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables, a la consulta previa e informada y a la participacin en los beneficios por la explotacin de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios. Ahora bien, a la luz de las normas constitucionales e internacionales sobre los derechos de los pueblos indgenas, que -como se tiene sealado- forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo establecido en el art. 410 de la CPE, se puede concluir que la consulta previa es un deber del Estado, tanto en el nivel central, como en las entidades territoriales autnomas, que debe realizarse a travs de las instituciones representativas de los pueblos indgenas. Esta consulta debe ser realizada de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias en los siguientes casos: a. Antes de adoptar o aplicar leyes o medidas que puedan afectar directamente a los pueblos indgenas (arts. 6.1. del Convenio 169, 19 de la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, 30.15 CPE); b. Antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros recursos (art. 32.2. de la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas); c. Antes de autorizar o emprender cualquier programa de prospeccin o explotacin de los recursos naturales que se encuentren en las tierras donde habitan pueblos indgenas (arts. 15.2 del Convenio 169, 32.2. de la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, 30.15 y 403 de la CPE); y, d. Antes de utilizar las tierras o territorios indgenas para actividades militares (art. 30 de la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas). (Resaltado agregado) La consulta referida debe ser desarrollada con la finalidad de lograr un acuerdo con los pueblos o su consentimiento libre, previo e informado. Ahora bien, cabe aclarar que este consentimiento se constituye en una finalidad de la consulta, pero no un derecho en s mismo, salvo en las dos situaciones previstas tanto en el Convenio 169 como en la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indgenas: 1. Traslados de las tierras que ocupan y su reubicacin (arts. 16.2 del Convenio 169 y 10 de la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas); y, 2. Almacenamiento o eliminacin de

materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indgenas (art. 29 de la Declaracin). A los dos supuestos anotados, debe aadirse un tercero, que fue establecido jurisprudencialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso del Pueblo Saramaka v. Surinam, en el que reconoci el derecho al consentimiento cuando () cuando se trate de planes de desarrollo o de inversin a gran escala que tendran un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligacin, no slo de consultar a los Saramakas, sino tambin debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de stos, segn sus costumbres y tradiciones. La Corte considera que la diferencia entre consulta y consentimiento en este contexto requiere de mayor anlisis. (Resaltado agregado) En la misma Sentencia, se seal que () el Relator Especial de la ONU sobre la situacin de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indgenas ha observado, de manera similar, que: iempre que se lleven a cabo en reas ocupadas por pueblos indgenas, es probable que estas comunidades tengan que atravesar cambios sociales y econmicos profundos que las autoridades competentes no son capaces de entender, mucho menos anticipar. os efectos principales comprenden la prdida de territorios y tierra tradicional, el desalojo, la migracin y el posible reasentamiento, agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia fsica y cultural, la destruccin y contaminacin del ambiente tradicional, la desorganizacin social y comunitaria, los negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duracin , en algunos casos, abuso y violencia. En consecuencia, el Relator Especial de la ONU determin que 's esencial el consentimiento libre, previo e informado para la proteccin de los derechos humanos de los pueblos indgenas en relacin con grandes proyectos de desarrollo' (Corte IDH. Caso del Pueblo Samaraka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007, Serie C No. 172. Conforme a lo anotado, para implementar los proyectos de los tres supuestos antes sealados, se debe obtener el consentimiento de los pueblos indgenas, lo que significa que en dichos casos los pueblos tienen la potestad de vetar el proyecto. Aplicacin al caso concreto En el presente caso, se debe tomar en cuenta que la construccin de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, provocara una ruptura de ciclos vitales para la reproduccin y sostenimiento de la diversidad. Asimismo, el desmonte y deforestacin provocaran el rebalse dejando slo a ambos lados una parte ms boscosa y montaosa al oeste y otra naturalmente menos boscosa y ms inundadiza al este. Adems e lo referido, la carretera, implicara la desestructuracin del modelo indgena debido a que se socavaran las condiciones ambientales necesarias para el modelo socio

econmico co adaptativo; alterando adems las condiciones de uso y ocupacin del territorio obstaculizando los desplazamientos poblacionales con fines culturales y econmicos; y se expondra a la zona de frontera al modelo econmico colono. Todos esos aspectos, supondran a su vez un cambio en la ocupacin espacial de la poblacin del TIPNIS, pues las comunidades indgenas se veran incentivadas a concentrarse en las cercanas o bordeando el tramo de la carretera, lo cual implicara un abandono de sus actividades permanentes y una emergente desestabilizacin de la relacin con la tierra-territorio, su cultura, su espiritualidad y su economa tnica, sobre todo en ste ltimo elemento porque ni las actividades agroforestales del chocolate, ni el aprovechamiento de saurios, ni la ganadera son susceptibles de trasladarse a la zona de la carretera. En ese mismo sentido, el acercamiento de los pueblos indgenas a la carretera significara un contacto directo y permanente con los colonos lo que influira negativamente en los ejes bsicos de la economa tnica (esto es, agricultura, caza, pesca y recoleccin) por el incentivo de plantacin, produccin y comercializacin de la hoja de coca, entre otros cultivos. De esta forma, es necesario considerar que: Las previsiones del Convenio 169 de la OIT y la Declaracin de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgena sealan que los Estados tienen el deber de implementar una consulta previa, libre, informada y de buena fe antes de adoptar o aplicar leyes o medidas que puedan afectar directamente a los pueblos indgenas o previamente a la aprobacin de cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros recursos. El desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que tratndose de casos que impliquen planes de desarrollo o de inversin a gran escala y que tendran un mayor impacto dentro del territorio de un pueblo indgena, es obligacin del Estado a travs de la consulta obtener el consentimiento libre e informado. Asimismo, el Tribunal Constitucional de Bolivia, ha expresado mediante la Sentencia Constitucional 0110/2010-R, 10 de mayo del 2010, que las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se constituyen en parte del bloque de constitucionalidad y en consecuencia son de aplicacin preferente de acuerdo al Art. 256.I de la Constitucin Poltica del Estado.

Por lo que primeramente se puede concluir manifestando que en el caso del Proyecto Carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, debi aplicarse por parte del Estado la consulta previa libre e informada a los pueblos indgenas del TIPNIS, realizada en el momento en que se determin, atravesar el TIPNIS. Cabe aclarar que cuando el Gobierno determin realizar el proceso de consulta, la construccin de la carretera ya se haba iniciado, por lo que la misma no cumplira su carcter de previa, pues no existira en los hechos el criterio de oportunidad que otorga el tiempo necesario para la discusin interna dentro de las comunidades a fin de que stas se encuentren en la capacidad de brindar una adecuada respuesta al Estado y puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de adopcin de decisiones265.

ONU- Consejo de Derechos Humanos Informe del Relator Especial sobre la situacin de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indgenas, James Anaya . Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, Prr. 65

Por otra parte, en la consulta que debi ser realizada a los pueblos indgenas del TIPNIS, tendra que haberse considerado el componente de buena fe, como una garanta que busca la obtencin del consentimiento libre e informado. Sin embargo, dicho principio no podra haber sido cumplido despus de haber iniciado las obras en los tramos I (Villa Tunari-Isinuta) y III (Monte Grande-San Ignacio de Moxos), pues ello implicaba que la decisin estatal de conectar las localidades de Isinuta y Monte Grande atravesaran necesariamente el TIPNIS, sin haber obtenido el consentimiento de los pueblos afectados por esa medida. En la necesaria consulta a los pueblos indgenas del TIPNIS que deba haberse realizado en forma previa y de buena fe, era obligatoria la oportuna iniciativa del Estado. As, al haberse omitido este requisito, adoptando la decisin de construccin de la carretera en forma unilateral, se impidi la posibilidad de entablar procesos de dilogo y deliberacin encaminados a construir consensos. En mrito a todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir manifestado que el Estado vulner el derecho a la participacin reconocido en el Art. 21.1 de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos; los Arts. 5 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos y el Art. 23 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos y el Art. 11, Pr. II; Nm. 1, de la Constitucin Poltica del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, viol el derecho a la consulta a los pueblos indgenas, establecido en el Art. art. 6.1 del Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo, aprobada Ley 1257 de 11 de julio de 1991; Art. 19 de la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, incorporada a nuestro ordenamiento jurdico mediante Ley 3760 de 7 de noviembre de 2007; y el Numeral 15 del pargrafo II del Art. 30 de la Constitucin Poltica del Estado Plurinacional de Bolivia. V. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PARTE DEL ESTADO De acuerdo al Art. 1.1 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, se establece que Los Estados Partes en esta Convencin se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est sujeta a su jurisdiccin, sin discriminacin alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religin, opiniones polticas o de cualquier otra ndole, origen nacional o social, posicin econmica, nacimiento o cualquier otra condicin social. Lo cual de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es interpretada de la siguiente manera: 165. La primera obligacin asumida por los Estados Partes, en los trminos del citado artculo, es la de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convencin. El ejercicio de la funcin pblica tiene unos lmites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. Como ya lo ha dicho la Corte en otra ocasin, (...) la proteccin a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y polticos recogidos en la Convencin, parte de la afirmacin de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legtimamente menoscabados por el ejercicio del poder pblico. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que slo puede penetrar limitadamente.

(...) 166. La segunda obligacin de los Estados Partes es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convencin a toda persona sujeta a su jurisdiccin. Esta obligacin implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a travs de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder pblico, de manera tal que sean capaces de asegurar jurdicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligacin los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violacin de los derechos reconocidos por la Convencin y procurar, adems, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparacin de los daos producidos por la violacin de los derechos humanos. 167. La obligacin de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligacin, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garanta del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. La obligacin de respetar equivale a un deber de no hacer que corresponde a la existencia de lmites al ejercicio del poder estatal. Estos lmites son los derechos humanos, esferas individuales donde la funcin pblica no puede penetrar. Por lo tanto, los Estados, directa o indirectamente, no pueden violar estos atributos inherentes a la persona humana. 266 En ese orden de ideas, la obligacin de respetar exige que el Estado y sus agentes no violen los derechos humanos. Por su parte, la obligacin de garantizar consiste en el deber de los Estados de adoptar las medidas necesarias que permitan a todos los seres humanos el goce y ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos. Para tal fin el Estado debe efectuar las acciones necesarias para asegurar que todas las personas sujetas a la jurisdiccin del Estado estn en condiciones de ejercer y gozar sus derechos humanos267. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sealado que: Esta obligacin implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a travs de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder pblico, de manera tal que sean capaces de asegurar jurdicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligacin, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violacin de los derechos reconocidos por la Convencin. Adems ha establecido que la obligacin de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligacin, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garanta del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos268

COMISIN ANDINA DE JURISTAS; Proteccin de los Derechos Humanos de la Mujer estndares internacionales; Ed. Comisin Andina de Juristas; Pg. 25; Lima Per; 2000. 267 MEDINA CECILIA; El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Cuadernos de Anlisis Jurdico 6, Ed. Publicaciones Especiales, Pg. 43; Santiago Chile, 1996. 268 Sentencia de Fondo; Caso Velazquez Rodriguez c. Honduras; prr. 167.

La obligacin de prevenir implica que los estados deben adoptar () todas aquellas medidas de carcter jurdico, poltico, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos269. Por su parte, los Estados tambin tienen la obligacin de investigar, entendida sta como el conjunto de acciones encaminadas a la averiguacin de la verdad histrica de los hechos respecto a las () violaciones que se hayan cometido dentro del mbito de su jurisdiccin a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la vctima una adecuada reparacin270. En cuanto a la obligacin de sancionar, sta se refiere a la imposicin de medidas punitivas, que tengan por objeto evitar la impunidad de violaciones a los Derechos Humanos, y de esta manera, alcanzar la justicia tanto para las vctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto. Finalmente, la obligacin de reparar, tal como seala Hctor Fandez, es la consecuencia necesaria de un hecho ilcito imputable al Estado, que compromete su responsabilidad internacional271. 5.1. EN RELACIN AL PROYECTO CARRETERO VILLA TUNARI-SAN IGNACIO DE MOXOS En este caso, es evidente que desde hace varias dcadas el Estado Boliviano identific la necesidad de construir carreteras que vinculen al departamento del Beni con otros del pas. En ese sentido, elabor y aprob una serie de normas (Ley 717, Decreto Supremo 25134, Decreto Supremo 26996, Ley 3477) que sustentaron un proceso de contratacin para el desarrollo del proyecto vial Villa Tunari. -San Ignacio de Moxos, llevado a cabo por el Estado a travs de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). En dicho proceso de licitacin la ABC, elabor en el mes de marzo del 2008, el respectivo Documento Base de Contratacin, determinando que la carretera tendra una longitud aproximada de 306 Km. y pasara por las poblaciones de Eterazama, Isinuta, Puerto Patio, Santsima Trinidad, Puerto Santo Domingo, Puerto Esperanza, Monte Grande, El Retiro y San Ignacio de Moxos, vale decir que inexorablemente la misma atravesara el ncleo del TIPNIS y con ello provocara una afectacin a los pueblos indgenas Moxeo, Chimane y Yuracar que habitan en el lugar. La mencionada afectacin, se producira debido a la potencial desaparicin de especies, reduccin de caudales, dao a los sistemas de pesca, la afectacin de los procesos de movimiento itinerante; aspectos que adems supondran un cambio en la ocupacin espacial de la poblacin del TIPNIS, pues las comunidades indgenas se veran incentivadas a concentrarse en las cercanas o bordeando el tramo de la carretera, lo cual implicara un abandono de sus actividades permanentes y una emergente desestabilizacin de la relacin con la tierra-territorio, su cultura, su espiritualidad y su economa tnica.

Informe de Fondo; Caso Masacre Caloto c. Colombia; Prr. 63. Informe de Fondo; Caso Manuel Mnago y Laura Eleazar Mnago c. Per, Prr. 52. 271 FANDEZ HECTOR; El Sistema Interamericano de Proteccin de los Derechos Humanos. Aspectos Institucionales y Procesales; Ed. Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Pg. 496; San Jos Costa Rica; 1999.

De esta manera, al evidenciarse la relacin causal entre la construccin de la carretera y el dao previsible a los pueblos indgenas as como su territorio y al tratarse de planes de desarrollo o de inversin a gran escala que tendran un mayor impacto dentro del TIPNIS, el Estado debi abstenerse de iniciar el proyecto vial, sin antes realizar la respectiva consulta a los pueblos indgenas afectados, de acuerdo a las previsiones contenidas en el Convenio 169 de la OIT y la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, adems de las razones jurdicas expresadas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y principalmente la proveniente del Tribunal Constitucional de Bolivia(SC 2003/2010). Incumplindose hasta ste punto, una obligacin de respeto. Pero adems, al no haber realizado la consulta sealada de forma previa a la planificacin del proyecto272 y proceder directamente el Estado mediante la ABC a definir el trazo, licitar, adjudicar y contratar a la empresa constructora de la carretera, ha impedido a los pueblos indgenas del TIPNIS el ejercicio de su derecho a la consulta libre, previa e informada, incumplindose de esta manera la obligacin de garanta. Sobre ste particular, resaltar que la omisin del cumplimiento de su deber de garanta de llevar a cabo la consulta a los pueblos indgenas, previa, libre, informada y de buena fe, no podra ser subsanada mediante la gestin de tal accin despus del conflicto social y la consecuente vulneracin de derechos de los pueblos afectados. Por tanto, de lo sealado en los prrafos precedentes se comprueba el incumplimiento de parte del Estado de su obligacin de respeto a los derechos de los pueblos indgenas Moxeo, Chimane y Yuracar que viven en el TIPNIS, establecida en el artculo 1.1 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos. 5.2. EN RELACIN A LA INTERVENCIN POLICIAL A LA MARCHA INDGENA 5.2.1. Del rgano Ejecutivo De acuerdo a lo establecido en el Art. 9 de la Constitucin Poltica del Estado, son fines y funciones del Estado, entre otros, la proteccin e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades. Adems del cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos en la Constitucin. En ese sentido y para el cumplimiento de dichos fines, la organizacin del Estado descansa en una estructura que incorpora al rgano Ejecutivo, mismo que se halla compuesto por el Presidente o Presidenta de Estado, el Vicepresidente o Vicepresidenta y las Ministras y Ministros de Estado, estos ltimos encargados de la gestin de la administracin pblica en el ramo que les corresponde y con responsabilidad de sus actos en la cartera respectiva. Entre las carteras definidas en el Decreto Supremo N 29894, se encuentra el Ministerio de Gobierno, institucin que a la cabeza de su titular, entre otras cosas, debe formular, dirigir y coordinar polticas para la seguridad pblica del Estado Plurinacional, precautelando el ejercicio de los derechos y garantas constitucionales, el orden pblico y la paz social. Asimismo, debe dirigir a la Polica Boliviana garantizando su accionar efectivo en la preservacin de la seguridad pblica y la defensa de la sociedad,

Comisin Interamericana de Derechos Humanos, Informe especial Derechos de los pueblos indgenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, punto 302, Ob. Cit.

priorizando su accin preventiva y de auxilio, el control del orden pblico y el cumplimiento de las leyes de acuerdo a lo dispuesto por la Constitucin Poltica del Estado. (Preceptos concordantes con el Art. 252 Constitucional). En el caso que ocupa al presente informe, segn la informacin recabada, la maana del 24 de septiembre del ao en curso, el titular de la cartera de Gobierno, Sacha Llorenti decide que fuerzas policiales intervengan y desarticulen la marcha indgena. A tal efecto, instruye al Viceministro de Rgimen Interior, Marcos Farfn, constituirse en el lugar y coordinar con el mando policial el citado operativo. Cabe hacer notar que la precitada decisin asumida por el Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y la realizacin de los actos preparatorios para su ejecucin, ya se constituan en medidas de carcter ilegal, realizadas con voluntad y conocimiento de las eventuales vulneraciones de derechos humanos que ellas implicaban. Mxime, si consideramos que segn se colige de la declaracin de Farfn, el altercado entre marchistas y el canciller David Choquehuanca, servira de pretexto para justificar la intervencin ilegal decidida por Sacha Llorenti, la cual tena como finalidad desarticular la marcha indgena pacfica e imponer la determinacin estatal de construir la carretera VillaTunari-San Ignacio de Moxos, desconociendo los derechos de los pueblos indgenas, situacin de propici la movilizacin. En cumplimiento de la orden impartida por el Ministro Llorenti, el Viceministro Marcos Farfn se desplaz hasta Yucumo donde lo esperaba el Director de Rgimen Interior, Boris Villegas Rocabado y ambos se reunieron con la plana mayor integrada por el General Foronda, el Cnl. Chvez y cerca otros nueve oficiales ms. En la cita, el Dr. Farfn seal a los Jefes y Oficiales policiales que se estaba tramitando un requerimiento fiscal por secuestro y tentativa de homicidio de Canciller y del polica herido, respectivamente y que, en cumplimiento de ese requerimiento exista la orden superior de intervenir la marcha al amanecer del da siguiente, para proceder luego a la evacuacin de los indgenas y devolverlos a sus comunidades. Sobre ste particular, aclarar que mientras se preparaba el operativo en Yucumo, funcionarios del Ministerio de Gobierno, promovan la emisin de un requerimiento a partir de los hechos ocurridos al Canciller. No obstante, a pesar de haber conseguido la orden respectiva del Fiscal de Materia del Distrito de La Paz, Edwin Sarmiento, sta sealaba nicamente que se proceda a efectuar el registro del lugar del hecho, con el objeto de recolectar elementos de conviccin relacionados con la investigacin, precautelando la vida, la integridad fsica y la seguridad de las personas, fundamentalmente de nios, nias y mujeres embarazadas, as como los dems derechos y garantas consagrados en la Constitucin Poltica del Estado. Posteriormente, el mencionado requerimiento, fue remitido va Fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yaiquez, al Fiscal de Distrito del Beni, Hugo Vargas Palenque, solicitndole mediante cooperacin directa el cumplimiento de la orden respectiva. A pesar de lo sealado, al conocer el contenido del referido documento, la autoridad Fiscal del Beni se abstuvo de emitir una instruccin de intervencin y participacin de los fiscales de materia del lugar, contra la marcha indgena273.

Al respecto, considerar que la decisin de intervencin se constituye por s misma en ilegal, pues la detencin de una persona o de un grupo constituye una medida que debe ser adoptada por las autoridades competentes, ajustada al procedimiento legal y con las formas de ley, no pudiendo ser encubierta o disimulada mediante un requerimiento fiscal que tenga por objeto o resultado nicamente eximir de responsabilidad las discrecionales determinaciones de una autoridad. Lo cual por su puesto conlleva a la existencia de responsabilidad intelectual directa del ex Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti. Volviendo al orden de acontecimientos en Yucumo, aproximadamente a medio da del 25 de septiembre de 2011, ya se tena preparado el operativo policial con el apoyo y financiamiento del Ministerio de Gobierno. As la consultora de lnea de Revisin, Anlisis y Seguimiento de Documentos Legales en Temas Inherentes a Conflictos Sociales, del Ministerio de Gobierno, Karolina Vertiz Arancibia, en coordinacin con Ramiro Delgado, Jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Edwin Contreras, responsable de Bienes y Servicios, Diego Prez, auxiliar de esa misma unidad adems del Tcnl. Henry Terrazas encargado de Planificacin y Operaciones del contingente policial, realizara la contratacin de buses de transporte pblico, adems de adquirir para la polica 1.000 litros de combustible, 1.200 litros de agua, 20 tenazas cortafro y 10 docenas de cinta adhesiva masqun. Lo sealado en el prrafo que antecede, evidencia no slo la existencia de responsabilidad de parte del Ministro de Gobierno; sino de todas aquellas personas que en su calidad de funcionarios de la polica y ese Ministerio, dispusieron de fondos del Estado, para preparar y adquirir los instrumentos con los cuales se cometeran graves violaciones de derechos humanos, entre las que se cuentan detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes e inclusive actos de tortura. Aspecto ltimo al que se ajusta el razonamiento jurisprudencial de derecho comparado que ilustrativamente seala que: () es tan torturador el que enchufa el cable en la pared como el que enciende la radio para que no se escuchen los gritos, el que pasa la picana por los genitales de la vctima, o el que llega despus a aconsejarle que hable para no ser torturado nuevamente cuando el que llega despus a dar esos consejos, es adems un sacerdote que se maneja con autoridad ante los carceleros entrando y saliendo a su antojo de las celdas, no es un torturador cualquiera, es uno calificado. Adems de lo indicado, es necesario aclarar que la consultora de lnea, Karolina Vertiz Arancibia; el Jefe de Gabinete Ramiro Delgado, el Responsable de Bienes y Servicios, Edwin Contreras y el Tcnl. Henry Terrazas encargado de Planificacin y Operaciones del contingente policial, no podran aducir como justificativo, atenuante y mucho menos eximente, el cumplimiento a rdenes superiores, pues contrariamente a ello su conducta se hallara inmersa en lo dispuesto en el Art. 114.I de la Constitucin Poltica del Estado. Posteriormente, a tiempo de la ejecucin del operativo el ex Viceministro de Rgimen Interior, Marcos Farfn Farjat, y el Director General de Rgimen Interior, Boris Villegas Rocabado, sostienen al no tener conocimiento de los hechos llegaron al lugar cuando ya haba comenzado el operativo policial, mantenindose a prudente distancia y comunicando todo lo que suceda al Ministro de Gobierno. No obstante, de forma contradictoria en uno de los informes proporcionados por el mismo ex Viceministro Farfn a la Defensora del Pueblo, se tiene que:

() En ese momento (entre las 15:30 y 16:30) recibo la llamada del Capitn Clavijo, quien me indica que los buses ya tienen que estar en el punto de bloqueo de los colonizadores. Les indico a los choferes que tenan que salir. A los quince minutos, nuevamente recibo una llamada esta vez del Dr. Marcos Farfn Viceministro de Rgimen Interior y Polica, quien me indica que necesitan los buses, se alistan los choferes, se suben los policas con su equipo, pero extraamente se bajan cuando llegan las camionetas y salgo con los buses rumbo al bloqueo (). Por lo que, si bien es cierto que el grado de participacin podra coadyuvar a la determinacin de responsabilidad, es innegable la existencia de la misma, pues ambos funcionarios estuvieron en el lugar de los hechos observando las graves violaciones de Derechos Humanos y comunicando impasiblemente stas al Ministro de Gobierno. Adems de ello, despus de las detenciones masivas, separacin de nios de sus madres y el inhumano tratamiento a los detenidos, el ex Viceministro de Rgimen Interior, Marcos Farfn, el Director General de Rgimen Interior, Boris Villegas Rocabado y el equipo de la Unidad de Gestin de Conflictos y Alerta Temprana del Ministerio, compuesta por Jorge Arzabe, Adalit Rivero, Ernesto Castro y Karolina Vertiz, adscribindose a la ilegalidad de los actos habran proseguido la coordinaron, supervisin y ejecucin de la privacin arbitraria de libertad y traslado de los marchistas hasta concluir el plan de evacuacin. De esta forma, resulta evidente el incumplimiento de obligaciones del Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti; ex Viceministro de Rgimen Interior, Marcos Farfn Farjat; el director general de Rgimen Interior, Boris Villegas Rocabado; la consultora de lnea de Revisin, Anlisis y Seguimiento de Documentos Legales en Temas Inherentes a Conflictos Sociales, del Ministerio de Gobierno, Karolina Vertiz Arancibia; el jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Ramiro Delgado; el responsable de Bienes y Servicios, Edwin Contreras y todos los dems implicados que directa o indirectamente incurrieron en actos de violacin de derechos por incumplimiento de obligaciones. 5.2.2. De la Polica Boliviana En fecha 15 de agosto de 2011, se inicia desde Trinidad, Beni, la VIII Gran Marcha Indgena por la Defensa del Territorio Indgena Parque Nacional Isiboro Scure TIPNIS, por los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indgenas, misma que luego de varios das de caminata conoci que un grupo de colonizadores de Yucumo bloquearan la carretera hacia la ciudad de La Paz. En ese sentido, los marchistas pidieron la presencia de la Polica e incluso de las Fuerzas Armadas para que les garanticen la transitabilidad y por lo que supuestamente el 8 de septiembre se destin un contingente policial a la localidad de Yucumo. No obstante lo sealado, los funcionarios policiales lejos de constituirse en garantes de la libre circulacin de los marchistas, aduciendo el cumplimiento de rdenes superiores del Gobierno referidas a no dejar pasar la marcha, el 14 de septiembre de 2011, instalaron un bloqueo en un sector denominado Limoncito a cinco kilmetros de La Embocada, mismo que fue reforzado por 400 efectivos que habran arribado al lugar el 21 de septiembre de 2011, lo cual oblig a los marchistas a permanecer varios das en ese lugar.

Al respecto, manifestar que lo sealado precedentemente por el Cnl. Alberto Aracena, as como por el Gral. Muoz Colodro, contradice lo manifestado por el Inspector General de la Polica Boliviana, Gral. Edgar Paravicini Urquizo, quien afirma que la Polica Boliviana se constituy a la localidad de Yucumo, a efectos de cumplir con su misin constitucin y por lo que no existi cerco policial. En ese orden, considerando que la Polica Boliviana tiene la atribucin de preservar los derechos y garantas fundamentales reconocidos a las personas por la Constitucin Poltica del Estado y que el precitado reconocimiento implica el cumplimiento de obligaciones de proteccin y respeto de los Derechos Humanos y la dignidad de las personas, contra toda forma de prepotencia, abuso de autoridad, extorsin, etc. (Art. 55, Ley Orgnica de la Polica Nacional), corresponda a la institucin del orden adoptar medidas encaminadas a proteger y garantizar el ejercicio de derechos de los marchistas como la libertad de circulacin o trnsito, adems de la libertad de expresin y de reunin. Todos ellos reconocidos en la Constitucin Poltica del Estado as como los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y no por el contrario proceder a limitar los mismos arbitrariamente, aduciendo el cumplimiento de rdenes superiores que seran abiertamente inconstitucionales. Mucho peor resulta que la Polica Boliviana utilice el argumento de que las acciones policiales estaban dirigidas a precautelar, preservar la vida y la integridad corporal de las personas y el respecto de los Derechos Humanos y que por ello se limitaron a evitar enfrentamiento entre marchistas y la comunidad de interculturales. Ya que los hechos demuestran que la Polica no slo impidi el paso de la marcha; sino que adems consenta las medidas ilegales y abusivas de los bloqueadores de Yucumo, quienes sin ser parte del conflicto, adoptaron acciones de hecho contra aquellos que ejercan legtimamente un derecho. Posteriormente, el 24 de septiembre del 2011, llegaron a Limoncito, tanto el canciller David Choquehuanca, como los viceministros de Coordinacin con Movimientos Sociales, Csar Navarro, y el Viceministro de Coordinacin Gubernamental, Wilfredo Chvez, supuestamente para facilitar el dilogo entre indgenas y colonos. No obstante, entendiendo que el bloqueo policial era ilegal, un grupo de mujeres marchistas tom del brazo al Canciller, obligndolo a marchar e instruir a los efectivos policiales dejarlos pasar Chaparina y arribar a unos 500 metros del puente San Lorenzo. En el lugar sealado en el prrafo que antecede, los marchistas levantaron un campamento, en tanto ese mismo da, la Polica Boliviana recibi la orden impartida por el Ministro de Gobierno, a travs del ex Viceministro de Rgimen Interior, Marcos Farfn, y del Director General de Rgimen Interior Boris Villegas. Asimismo, procedieron a pedir a los funcionarios del Ministerio de Gobierno, mediante el Tcnl. Henry Terrazas Verduguez encargado de Planificacin y Operaciones del contingente policial, se adquieran los materiales para el ataque, como ser 1.000 litros de combustible, 1.200 litros de agua, 20 tenazas cortafro y 10 docenas de cinta adhesiva masqun. En ese mismo sentido, el da 25 de octubre del ao en curso, la Polica desplaz a varios efectivos en vehculos274, quienes rodearon el campamento de los marchistas realizando un cerco275 y en horas de la tarde mientras las personas que conformaban la marcha se

abocaron a realizar diversas actividades276, como por ejemplo la preparacin de sus alimentos277, lavado de ropa278, aseo personal y bao279, otros descansaban280 y sus hijos jugaban en el campamento281, se inici el operativo con la detonacin de gases282 y la consecuente vulneracin de derechos humanos descritos en el punto IV del presente informe. Lo cual desmiente la versin del Gral. scar Muoz, cuando afirma que los indgenas, fueron quienes protagonizaron un enfrentamiento con los efectivos policiales, procedindose al uso de algunos agentes qumicos, para disuadir y dispersar a los agresores indgenas, con lo que se pretende equivocada y de mala fe atribuir la responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza y las violaciones de derechos humanos a las vctimas. Iniciada la intervencin, todas las acciones descritas en el punto IV sobre vulneracin de derechos humanos, fueron realizadas por la Polica omitiendo observar las previsiones contenidas en el Cdigo de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, as como la normativa interna. Ello, mediante el uso irracional, desproporcionado y excesivo de la fuerza, sin considerar la presencia en el lugar de nias, nios, mujeres embarazadas y personas adultas mayores. No siendo en consecuencia real lo argumentado por el Comando General de la Polica Boliviana al expresar que stos actuaron en el cumplimiento de sus deberes protegiendo a todas las personas en el rea de operaciones, en especial a la poblacin vulnerable y que el uso racional de la fuerza estuvo en funcin la grado de violencia y agresividad ejercida por los marchistas (). Una vez realizada la represin policial, se procedi a la detencin de personas sin un mandato u orden judicial que determine la restriccin del derecho y sin que stas hayan cometido un delito flagrante, trasladndolas en condiciones inhumanas e indignas, separando a las madres de sus hijos pequeos, incumpliendo as las obligaciones de custodia propias de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Resultando alejada de la verdad la declaracin del Gral. Muoz de que no hubo personas aprehendidas ni detenidas, las acciones policiales estaban dirigidas a precautelar, preservar la vida y la integridad corporal de las personas. Agregando que tampoco separacin del binomio madre-hijo, al contrario la polica abri el canal humanitario para preservar la salud, la integridad y los Derechos Humanos. En consecuencia, resulta evidente la existencia de responsabilidad del Estado por las acciones de la Polica Boliviana, las cuales se agravan al haber sido realizadas de manera premeditada y sin justificacin alguna contra una poblacin indefensa, incumplindose as las obligaciones de respeto y garanta, de acuerdo a las previsiones contenidas en el Art. 1 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos y Art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos.

Testimonios M-9, M-46. Testimonio M-46. 278 Testimonios M-11, M25, M-20, M-38. 279 Testimonios M-27, M-60, PS-4. 280 Testimonios M-25, M-19, M-18, M-36, M-30, M-35, M-27, M-20, 23 B, M-8, M-38. 281 Testimonios M-11, P-9. 282 Testimonios M-31, M-36, M-19, M-18, M-36, M-26, M-11, M-10.

Adems, se debe tomar en consideracin que la planificacin y desplazamiento de contingentes policiales, necesariamente tuvieron que ser de conocimiento del Comando General de la Polica, Gral. Jorge Santiesteban Claure, mxime si tomamos en cuenta la presencia de varios miembros del Estado Mayor Policial en el lugar como los generales scar Muoz, Modesto Palacios y Edwin Foronda Franco, as como de jefes policiales tal es el caso de los coroneles scar Chvez, Alberto Aracena, Tcnl. Henry Terrazas Verduguez, entre otros. Asimismo, respecto a la represin mediante el uso excesivo de la fuerza contra ciudadanos indefensos y su posterior detencin ilegal, estas inconductas generaron una responsabilidad jerrquica en la mxima autoridad policial de acuerdo a las previsiones establecidas en los artculos 11 y 12 de la Ley Orgnica de la Polica Nacional. Finalmente, el traslado en condiciones inhumanas de los marchistas, que fue de conocimiento y connotacin pblica, implicaba que el Comandante General deba asumir una accin inmediata, que tenga por objeto poner fin a la vulneracin de derechos, no dejando transcurrir varias horas hasta que sus subalternos se vean obligados a liberar a las personas detenidas por la presin de la poblacin de Rurrenabaque. Todos estos aspectos, conducen a evidenciar que adems de los autores materiales que ejecutaron actos de vulneracin de Derechos Humanos, el Comandante General, aplic y consinti los mismos, resultando de esta manera aplicable lo determinado por el Art. 114 de la Constitucin Poltica del Estado. 5.2.3. Responsabilidad de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional De acuerdo a la cronologa de los hechos y los testimonios recabados, los buses que transportaban a los marchistas detenidos, intentaron infructuosamente llegar a la localidad de San Borja. Aspecto, que no pudo ser concretado debido a un bloqueo realizado por la poblacin del lugar en solidaridad con los indgenas y ante los abusos cometidos en el operativo policial. En ese orden de acontecimientos y segn la declaracin proporcionada por el ex Viceministro de Rgimen Interior, Marcos Farfn Farjat; concordante con los informes del Director General de Rgimen Interior, Boris Villegas Rocabado, y la consultora de lnea de Revisin, Anlisis y Seguimiento de Documentos Legales en Temas Inherentes a Conflictos Sociales, del Ministerio de Gobierno, Karolina Vertiz Arancibia, debido a la imposibilidad de que lo buses pasaran la localidad de San Borja, se inform de tal situacin al Ministro Llorenti, quien dijo que estaba gestionando aviones para que de Rurrenabaque trasladen a los indgenas a sus lugares de origen y que el contingente policial junto a los marchistas deban llegar al aeropuerto antes de las 06.00. As, los detenidos llegaron al aeropuerto de Rurrenabaque, al promediar las 04.00am y fueron retenidos hasta las 07.00 a.m.283, hora en la aterrizaron dos aviones del TAM284, un Fokker F-27 (Matrcula FAB 90) y el Convair CV-580/CL 66 B (Matrcula FAB 74) para iniciar el traslado de los mismos. No obstante, la poblacin rebas el control policial e

ingresando a pista, evit el despegue de los primeros y el aterrizaje del avin Hrcules C 130, con matrcula FAB 65. Sobre ste particular, el informe de 31 de octubre de 2011, correspondiente al Comandante General de la Fuerza Area Boliviana, Gral. Tito Gandarillas Salazar, intenta inicialmente deslindar responsabilidad sealando que la Fuerza Area no tuvo ningn grado de participacin en el operativo. No obstante, lneas ms abajo admite expresamente que su Comando dispuso el empleo de tres aeronaves para el traslado de personas ilegalmente detenidas, esto al sealar que: () No se instruy el uso de aviones para el traslado de marchistas exclusivamente, sino tambin para el traslado de personas que se encontraban en el lugar () De esta forma, al tiempo que el Comandante General de la Fuerza Area Boliviana, Gral. Tito Gandarillas Salazar, dispuso de bienes del Estado, como aeronaves, combustible adems de personal para el traslado de los marchistas detenidos ilegalmente, asumi una accin de cooperacin directa en un hecho antijurdico que implica la violacin de Derechos Humanos, emergiendo responsabilidad del citado funcionario, mismo que no puede tratar de encubrir su accionar buscando trminos como supuestos vuelos solidarios que tendran por objeto prestar ayuda humanitaria trasladando detenidos. VI. CONCLUSIONES Las conclusiones que a continuacin se detallan son resultado de la revisin y anlisis de los antecedentes, testimonios e informes recabados durante el presente proceso de investigacin, las mismas permiten a la Defensora del Pueblo establecer que existen suficientes elementos de conviccin para afirmar las violaciones de Derechos Humanos, que a continuacin se describen: 1. El Territorio Indgena Parque Isiboro Scure (TIPNIS), reconocido como tal mediante Decreto Ley 7401, Decreto Supremo 22610, Ley 1333, Resolucin Suprema 230292 y el respectivo Ttulo Ejecutorial N TCO-NAL-000229, adems de constituirse en una zona de elevada biodiversidad, refugio pleistocnico y naciente de las principales cuencas hidrogrficas que determinan el sistema hidrolgico de la regin, es el lugar donde viven ms de medio centenar de comunidades indgenas que descienden de grupos pre coloniales, que tienen continuidad histrica, conexin territorial, instituciones sociales, econmicas, culturales y polticas distintivas y especficas, que son propias, adems de la autoidentificacin colectiva de sus miembros, entre ellos los chimanes, los yuracars y los moxeos. 2. El Estado boliviano, desde hace varias dcadas determin la necesidad de construir carreteras que vinculen al Departamento del Beni con otros del pas y en ese sentido aprueba la Ley N 717, el Decreto Supremo 25134 y el Decreto Supremo 26996, norma ltima en la que se incorpora a la Red Fundamental del Sistema Nacional de Carreteras, el tramo comprendido entre las localidades de Villa Tunari (departamento de Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (departamento del Beni). Asimismo, mediante Ley No. 3477, se declara prioridad nacional y departamental la elaboracin del Estudio a Diseo Final y construccin del sealado tramo y en aplicacin del Decreto Supremo 29190, la Administradora

Boliviana de Carreteras (ABC), elabora en marzo del ao 2008, el Documento Base de Contratacin (DBC), estableciendo que la carretera pase por las poblaciones de Eterazama, Isinuta, Puerto Patio, Santsima Trinidad, Puerto Santo Domingo, Puerto Esperanza, Monte Grande, El Retiro y San Ignacio de Moxos. 3. Una vez determinados los trminos para la contratacin y los puntos que atravesaran el ncleo del TIPNIS, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), realiz la licitacin pblica internacional N 001/2008 y mediante Resolucin Administrativa de Adjudicacin N RPC N 154/2008, de 01 de agosto del ao 2008, adjudic el proyecto a la empresa brasilera denominada Constructora OAS Ltda., bajo la modalidad llave en mano, con la cual, el 04 de agosto del ao 2008, suscribi el respectivo Contrato N 218/08 GCT OBR BNDES, para ejecutar todos los trabajos necesarios para la Construccin de la Carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos Ruta F-24, incluyendo la elaboracin de los estudios necesarios para el Diseo Final y ejecucin de la obra. Asimismo, la Constructora OAS Ltda., subcontrat a la empresa boliviana Constructora Nacional CONNAL, la misma que en concordancia al Documento Base de Contratacin (DBC) a finales del ao 2008, divide los estudios de factibilidad, evaluacin de impacto ambiental y diseo final en tres tramos: Villa Tunari-Isinuta; Isinuta-Monte Grande; y Monte Grande-San Ignacio de Moxos. 4. La Administradora Boliviana de Carretas (ABC), ignor las recomendaciones del Servicio Nacional de reas Protegidas (SERNAP) y del Viceministerio de Transporte como Organismo Sectorial Competente, en sentido de que se debera considerar la integralidad de todo el proyecto en sus 3 tramos. Llegndose a aprobar el Estudio de Evaluacin Ambiental con la respectiva Declaratoria de Impacto Ambiental, para los Tramos I y III de la carretera, quedando pendiente el Tramo II (Isinuta-Monte Grande), en el cual recin las autoridades gubernamentales tendran que afrontar la problemtica socio ambiental ante la inminente divisin del TIPNIS y el grave dao que se ocasionara. 5. Ante la divisin del TIPNIS, el dao social y ambiental que se ocasionara a los pueblos indgenas del lugar as como la vulneracin de sus derechos, los pueblos Indgenas Moxeo, Yuracar y Chimn, a travs de sus organizaciones resolvieron rechazar contundente e innegociablemente la construccin de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Sin embargo, la misma fue inaugurada y ante la cual la CIDOB determin convocar a la realizacin de la VIII Gran Marcha Indgena por la Defensa del Territorio Indgena Parque Nacional Isiboro Scure TIPNIS, por los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indgenas. 6. El 15 de agosto del ao 2011, los pueblos mojeos trinitarios, mojeos ignacianos, yuracares, chimanes, itonamas, movimas, canichanas, sirionos, mor, maropas, tacanas, cavineos, chacobos, ayoreos, guaranies, chiquitanos, araonas, machineris, yuquis, quechuas y aymaras, inician la marcha desde la ciudad de Trinidad con destino a La Paz, intentando en su trayecto dialogar con representantes del Gobierno sin ningn resultado, encarando adems las acciones arbitrarias de bloqueos llevadas a cabo por campesinos y cvicos que apoyaban la construccin de la carretera, as como una serie de percances, e inclusive el fallecimiento fortuito de un nio por accidente, la muerte del cacique Eddy

Martnez por accidente areo y de un beb de 8 meses por complicaciones en su estado de salud. 7. Entre las medidas de hecho realizadas por parte de colonizadores de Yucumo, se determin bloquear la va que conecta San Borja con la ciudad de La Paz. Ello a fin de impedir el paso de la marcha indgena hasta que sta elimine de su pliego petitorio cinco puntos esenciales, como por ejemplo la oposicin a la construccin del Proyecto carretero. Lo cual constitua la restriccin de derechos humanos de personas que legalmente ejercan una forma de protesta pacfica. 8. En cumplimiento del mandato constitucional y legal, en torno a la problemtica de la construccin de la carretera por el TIPNIS y los derechos de los pueblos indgenas, el Defensor del Pueblo y la institucin han ejercido acciones en mltiples mbitos con el fin de aportar al establecimiento del dilogo entre las partes, prevenir la escalada del conflicto, evitar enfrentamientos violentos, proteger a los grupos vulnerables implicados, alertar a instancias gubernamentales sobre el deber de garanta a su cargo, proveer ayuda humanitaria a damnificados, as como denunciar firmemente atentados contra los DDHH. A tal efecto, asisti a cabildos de los pueblos afectados, sostuvo entrevistas con pobladores que apoyaban la carretera, acompa a la marcha mediante las Representaciones Departamentales de Beni, La Paz, Santa Cruz, la Mesa Defensorial de Yungas y la Oficina Nacional, realizando exhortaciones e invocatorias de proteccin de derechos a distintos niveles, tratando de propiciar el dilogo con el Gobierno; realiz gestiones ante el Presidente del Estado Plurinacional, el Vicepresidente, el Ministro del Gobierno y el Ministro de la Presidencia. 9. De acuerdo a la informacin brindada por el ex Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, en todo momento se intent evitar un enfrentamiento entre civiles para lo cual se adoptaran medidas a cualquier costo. As, a las 16.30 del 25 de septiembre de 2011, aproximadamente 60 marchistas se acercaron con flechas a la polica, sin tomar en cuenta la presencia de casi 1.000 colonizadores cerca al puente San Lorenzo, lo que mostraba un inminente riesgo de enfrentamiento, contndose con una orden fiscal para intervenir con carcter preventivo se realiz el operativo, indicando que sta fue una medida atinada para cuidar la integridad de las personas, a pesar del alto costo poltico que implicaba. Adems seal esa autoridad que el Gobierno no tena la culpa de errores cometidos por terceros, debiendo a los malos policas instaurarles procesos. 10. Segn lo informado oficialmente por la Polica Boliviana, los efectivos involucrados en los sucesos del 25 de septiembre del ao en curso, actuaron en el cumplimiento de sus deberes protegiendo a todas las personas en el rea de operaciones, en especial a la poblacin vulnerable, de tal manera que no existi cerco policial, ni se impidi el acceso al agua. Asimismo, afirma que la intervencin fue realizada con la finalidad de resguardar la seguridad fsica, los derechos humanos y la vida de todas las personas involucradas en el conflicto y para que los marchistas, retornen a sus comunidades de origen. A tal efecto, se persuadi a que los indgenas acepten ser asistidos y luego se estableci un canal humanitario (intervencin) con el desplazamiento de personal para brindar atencin en salud a las madres y nios, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, integrantes de la marcha. No obstante, este hecho provoc la reaccin de los marchistas, quienes protagonizaron un enfrentamiento con los efectivos policiales,

procedindose al uso de algunos agentes qumicos, para disuadir y dispersar a los agresores indgenas. Asimismo, no hubo personas aprehendidas ni detenidas, el uso racional de la fuerza estuvo en funcin la grado de violencia y agresividad ejercida por los marchistas; no hubo separacin del binomio madre-hijo, mas al contrario la polica abri el canal humanitario para preservar la salud, la integridad y los Derechos Humanos, finalmente seala que no hubo decomiso de material de trabajo (cmaras, grabadoras y celulares) a los medios de comunicacin y en todo momento se respeto la libertad de prensa. 11. Segn lo informado oficialmente por el Gral. Oscar Muoz Colodro, la Polica Boliviana intervino en el operativo cumpliendo rdenes de sus niveles superiores, vale decir del Comandante General de la Polica Boliviana, Gral. Jorge Santiesteban Claure y del Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti. Asimismo, dichas instrucciones fueron presentadas y coordinadas por el Viceministro de Rgimen Interior y Polica, Marcos Farfn Farjat, y que las mismas fueron ejecutadas por una orden superior impartida directamente desde La Paz. 12. El Comandante General de la Fuerza Area Boliviana, Gral. Brig. Ae. Tito Roger Gandarillas Salazar, expresa, de forma contradictoria, por una parte que la Fuerza a su cargo no tuvo ningn grado de participacin en el operativo, mientras que por otra parte destaca que no se instruy el uso de aviones para el traslado de marchistas exclusivamente, disponiendo a tal efecto las aeronaves Fokker F-27 (Matrcula FAB 90), Convair CV-580/CL 66 B (Matrcula FAB 74) y el avin Hrcules C -130 (Matrcula FAB 65). 13. Que el informe el ex Viceministro de Rgimen Interior y Polica, Marcos Farfn Farjat, sostiene que el ex Ministro de Gobierno, Sacha Sergio Llorenti Soliz, instruy intervenir la marcha al amanecer del domingo 25 de septiembre de 2011, para proceder luego a la evacuacin de los indgenas, devolvindolos a sus comunidades. A tal efecto, Marcos Farfn y el Director General de Rgimen Interior, Boris Villegas, comunicaron esta determinacin a la Polica Boliviana instruyendo aguardar hasta que se obtenga un requerimiento fiscal que justifique ese accionar. Asimismo, que el domingo 25 de septiembre arribaron a Yucumo los generales Oscar Muoz y Modesto Palacios, indicando que haban llegado de La Paz, para tomar el mando policial del operativo, el mismo que fue ejecutado por el Gral. Muoz, bajo rdenes de La Paz. Adems destaca el informe, que el Ministro Llorenti, comunic que estaba gestionando aviones para que trasladen a los indgenas desde Rurrenabaque a sus lugares de origen. Adjunto al precitado informe, el ex Viceministro de Rgimen Interior y Polica, Marcos Farfn entrega copia de los informes del Director General de Rgimen Interior, de Boris Villegas, del consultor de lnea, Jorge Arzabe, y de la consultora de lnea, Karolina Vertiz Arancibia, quien destaca en su informe que: los Generales Muoz y Palacios, el relevo del mando al Gral. Foronda y convocaron a una reunin de todo el efectivo con el fin de impartir la orden de que el operativo se realizara ese da a Hrs. 16:00, dando las instruccin tcticas y operativas de cmo procedera la polica, agregando que el uso de masqun que sirvi para amordazar y maniatar indgenas, estaba previsto de antemano. Asimismo, que dicha funcionaria acatando rdenes del Dr. Boris Villegas Rocabado y en coordinacin con Ramiro Delgado, Jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno; Edwin Contreras, Responsable de Bienes y Servicios del Ministerio y Diego

Prez, auxiliar de esa misma unidad, apoyaron los preparativos para la intervencin, comprando 1.000 litros de combustible, 1.200 litros de agua, 20 tenazas cortafro y 10 docenas de cinta adhesiva masqun, con fondos del Ministerio de Gobierno y contratando buses de transporte pblico para el traslado de indgenas. Finalmente, Karolina Vertiz indica que a tiempo de la intervencin el Gral. Oscar Muoz le solicit que los buses se dirijan al punto de bloqueo de los colonizadores y minutos despus recibi la llamada del Dr. Marcos Farfn, Viceministro de Rgimen Interior y Polica, quien le indic que necesitaban los buses. Es as, que se dirigi junto con stos al punto de bloqueo de los colonizadores y luego observ el operativo policial de intervencin al campamento de los marchistas. 14. Los ministros de la Presidencia, Carlos Romero y de Gobierno, Wilfredo Chvez, mostraron una conducta renuente y no prestaron colaboracin en la investigacin defensorial argumentando la presentacin de un supuesto informe que a la fecha no fue remitido a la Defensora del Pueblo. Por su parte, si bien es cierto que el Fiscal General del Estado Plurinacional, Mario Uribe atendi los requerimientos de informe, enfatizando que desde esa institucin no se emiti ningn requerimiento o comunicacin alguna para proceder a la intervencin de la marcha indgena, no es menos cierto que el accionar de su representante en La Paz, como es la Fiscal de Distrito de La Paz, Dra. Betty Yaiquez fue dilatorio y tuvo por objeto ignorar su deber constitucional de colaboracin en nuestras investigaciones, por lo que se pidi su procesamiento. 15. Las acciones policiales realizadas el 25 de septiembre del ao en curso, violaron el derecho a la integridad personal, en su dimensin fsica al golpear brutalmente a hombres, mujeres, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, as como madres de lactantes, de donde resultan desgarradoras declaraciones, que evidencian como las de aquel nio asfixiado por los gases botaba espuma por la boca, mientras que una nia de once aos fue golpeada, amordazada, detenida arbitrariamente y trasladada mientras se encontraba inconsciente. Que dichas agresiones, fueron realizadas en un acto de total desproporcin del uso de la fuerza y menospreci por la humanidad de la gente, atacando inclusive a personas indefensas, neutralizadas o aquellas que no oponan resistencia. Asimismo, se vulner la integridad psquica y moral, considerando que las agresiones fsicas eran acompaadas de agresiones verbales mediante insultos, acusaciones, amenazas, gritos, manipulaciones cargadas de violencia y discriminacin por la condicin de indgenas de las vctimas, omisin de informacin o ayuda, adems de ningunear a las personas detenidas. Todos estos actos ejecutados por la Polica desde un abuso de poder en la lnea de producir dao psquico, destruir y reducir la autoestima, as como menoscabar su dignidad, estaban dirigidas a desvalorizar a sus vctimas. Resaltando que en algunos casos la violencia psicolgica ejercida en ellos los dejara con graves secuelas en el tiempo. Las agresiones fsicas, psquicas y morales provocadas por los efectivos policiales en la intervencin del 25 de septiembre de este ao, tenan por objeto producir en las vctimas, no slo dolor fsico, sino adems sentimientos de miedo, angustia, inferioridad, humillacin, de tal forma que mediante dichos actos, se quiebre su resistencia fsica o moral, como cuando se amordaz a mujeres y hombres; se

persigui mujeres con hijos pequeos, obligndolas a internarse en el monte; se les impidi a los detenidos llevar sus pertenencias, agua y alimentos; se separ por la fuerza a madres detenidas de sus hijos, dejando a stos ltimos al desamparo; se mantuvo nios lactantes sin comer por ms de cuatro horas; se empuj y golpe a marchistas sin importarles adems que algunos estuviesen heridos, se les despoj de prendas de vestir, mientras los detenidos estaban indefensos y neutralizados. Lo que se traducen inequvocamente en tratos crueles, inhumanos y degradantes que violan el derecho a la integridad. As como en actos de tortura de aquellas personas que por su condicin se encuentran en situacin de vulnerabilidad como los nios, nias y mujeres, ms si stas ltimas se hallaban en estado de gestacin o eran madres de nios lactantes y por lo que el Estado vulner el derecho a la integridad reconocido en diversos Instrumentos Internacionales de los Derechos Humanos, como el Art. 5 de la Declaracin Universal de Derechos Humanos; el Art. 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Polticos; el Art. 5 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, el Art. 2 de la Convencin Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y los Arts. 1, 2 y 16 de la Convencin contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Adems de la violacin de los Arts. 15 y 114.I de la Constitucin Poltica del Estado. Cabe destacar, que al momento de ejecutarse la intervencin policial no se consider la importante presencia de nios, nias, mujeres embarazadas y adultos mayores, cuya participacin en la marcha fue cuestionada por diversas autoridades, quienes no tomaron en cuenta que el movimiento de estas poblaciones indgenas est ligada a una prctica rutinaria vinculada a su forma de vida itinerante y la construccin de su conciencia poltica inclusiva 16. La intervencin policial del 25 de septiembre de 2011, no fue realizada en virtud a un mandato u orden judicial de captura de personas identificadas e individualizadas por la supuesta comisin de un hecho ilcito y que determine la restriccin del derecho a la libertad personal. No fue suficiente el Requerimiento del Ministerio Pblico, emitido por el Fiscal de Materia del Distrito de La Paz, Edwin Sarmiento, que dispona nicamente recolectar elementos de conviccin. Frente a esta situacin las autoridades debieron tomar medidas para precautelar la vida, la integridad fsica y la seguridad de las personas, fundamentalmente de nios, nias y mujeres embarazadas, as como los dems derechos y garantas consagrados en la Constitucin Poltica del Estado. Situacin confirmada mediante Nota FDB-OF No 614/11 de 13 de octubre del presente ao y donde adems se destaca la ausencia durante la intervencin suscitada en fecha 25 de septiembre del ao en curso, de algn miembro del Ministerio Pblico. Por otra parte, en el operativo del 25 de septiembre del ao 2011, las personas que conformaban la marcha se abocaban a realizar actividades domsticas y descansar mientras sus hijos jugaban en el campamento, por lo que no se puede aseverar la existencia de ningn hecho delictivo flagrante que haya merecido la violenta accin policial. Ms si se considera que las detenciones no fueron reactivas y en mrito a circunstancias coyunturales de violencia; sino por el contrario, parte de una operacin planificada donde se contrat buses de transporte pblico, se adquiri cinta adhesiva para maniatar y amordazar personas y el desplazamiento de varios policas en vehculos, los cuales ingresaron por la parte posterior donde acampaban los marchistas, llegando a cercar el lugar desde

la madrugada. Siendo por dems aplicable la jurisprudencia de la Corte interamericana al expresar que: () una detencin masiva y programada de personas sin causa legal, en la que el Estado detiene masivamente a personas que la autoridad supone que podran representar un riesgo o peligro a la seguridad de los dems, sin indicios fundados de la comisin de un delito, constituye una detencin ilegal y arbitraria. La violacin del derecho a la libertad fsica, no slo se comprueba por la inexistencia de una orden emanada por autoridad competente o la comisin de un delito flagrante; sino tambin porque no se respetaron las formas establecidas en la normativa constitucional y legal vigente para proceder a una detencin legal, pues en la citada accin policial, se cometieron excesos que menoscabaron la condicin humana de quienes se vieron afectados con la misma. As, entre otros, se pudo constatar la detencin indiscriminada de hombres, mujeres, muchas de ellas gestantes o madres de nios lactantes, adultos mayores, llegando inclusive a detener y golpear deliberadamente al personal de salud que prestaba sus servicios humanitarios a los marchistas, como es el caso del mdico Alejandro Tintaya. Finalmente, existe una vulneracin a la libertad fsica, pues el Estado adems de proceder a una detencin ilegal y arbitraria, incumpli las obligaciones de custodia de las personas ya detenidas, tratando a stas en condiciones incompatibles con su dignidad personal. As, muchos de ellos fueron trasladados por varias horas en camionetas con las manos atadas, amordazadas y con la boca abajo. Otros fueron incomunicados impidindoles que puedan informar de su paradero o buscar datos sobre sus familias, adems que a algunos se les impidi acceso a una revisin y asistencia mdica, por lo que el Estado ha vulnerado los Arts. 3 y 9 de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos; Arts. 9, 10 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos; Art. 7 de la Convencin Americana de los Derechos Humanos; el Art. 23 de la Constitucin Poltica del Estado; y los Arts. 221, 227, 296 del Cdigo de Procedimiento Penal. 17. La libertad de trnsito fue violada en este caso, cuando ciudadanos denominados interculturales deciden hacer un bloqueo en Yucumo con la consigna de condicionar e impedir el paso de la marcha indgena, realizan un acto contrario al derecho, que tiene por objeto limitar arbitrariamente el ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido como es la libertad de locomocin, vale decir la libertad de circular o movilizarse libremente por el territorio nacional en forma individual o colectiva y mediante una marcha pacfica. Con la agravante de un contingente policial que se traslad hasta la localidad de de Yucumo, instalando un primer cerco a cinco kilmetros de La Embocada, en el sector denominado Limoncito y otros cercos prximos a Yucumo, bajo el argumento de que cumplan rdenes superiores del Gobierno, de no dejar pasar un metro ms all de Limoncito a los marchistas, con lo que el rol constitucional de la Polica Boliviana que consiste en garantizar y asegurar el ejercicio de la libertad de trnsito o circulacin de los indgenas quede neutralizado y gravemente obstaculizado por una accin arbitraria y discrecional de un grupo de colonizadores-interculturales decididos a condicionar los derechos de los marchistas con acciones ilegales. Existe una violacin a la libertad de locomocin, en su dimensin negativa, vale decir en la abstencin de trasladar a una persona de un lugar a otro contra su voluntad. La misma que adems se agrava si es que se desconoce el lugar de la

detencin, pues ello se enmarcara en un acto de confinamiento, prohibido por el Art. 114.I de la Constitucin Poltica del Estado. De esta forma, las acciones estatales vulneraron el derecho a la libertad de locomocin en su componente de libertad de trnsito, establecido en el Art. 13 de la Declaracin Universal de Derechos Humanos; el Art. 12 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Polticos; Art. 22 de la Convencin de Americana de Derechos Humanos y el Art. 21.7, de la Constitucin Poltica del Estado. 18. En el presente caso, es evidente cmo la Polica Boliviana, sin ningn respaldo o justificativo legal, procedi a realizar una represin violenta e indiscriminada, contra bebs, nias, nios, familias, mujeres gestantes y madres as como personas adultas mayores. De esta manera, actos de coaccin brutales, desproporcionados, alevosos e indiscriminados cometidos contra seres humanos indefensos, demuestran un total despreci de la condicin humana que violan la dignidad como tal. As, el citado desprecio a la dignidad humana, se refleja en los trminos estigmatizantes y discriminadores utilizados por los funcionarios policiales contra los y las marchistas a quienes se referan como () -Estos perros indgenas, los vamos a matar!-, -Maten a estos mierdas! (...) -mala madre, eres una perra, por qu traes a tus hijos aquno pensaste en tu hijo, eres una perra (); (...) -por qu no se paran perras putas. Hganse las machitas ahora (). En ese mismo orden, el desconocimiento de la persona y su dignidad, se ve tambin evidenciado cuando los policas realizaron acciones como quitar las ropas y mantener en esas condiciones a varios detenidos, privar de alimentos a los nios lactantes a pesar del clamor de sus madres, impedir que la poblacin de Rurrenabaque pueda dotarles de agua y alimentos a las personas privadas de libertad o trasladar a algunos detenidos en camionetas maniatados, amordazados, con la boca abajo, colocados uno encima de otro, desmayados e incluso pisndoles la cara. En mrito a todo lo sealado, el Estado mediante las acciones de la Polica Boliviana, ha vulnerado la dignidad reconocida transversalmente en los Instrumentos Internacionales de los Derechos Humanos, como la Declaracin Universal de Derechos Humanos (Art. 1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos (Art. 10) y la Convencin Americana sobre Derechos Humanos (Art. 11). De la misma manera, desconoci la inviolabilidad de la dignidad as como sus obligaciones de respeto y proteccin de la misma establecida en el Art. 22 de la Constitucin Poltica del Estado, incumpliendo los fines y funciones el Estado sealados en el Art. 9.2 de la norma suprema y apartndose en consecuencia de ste valor supremo expresado en el Art. 8.II del texto constitucional. 19. El derecho de los pueblos indgenas a la consulta libre, previa e informada fue vulnerado, debido a que no se cumpli con el carcter previo, al no llevarse a cabo durante la fase exploratoria o de planificacin del proyecto. Asimismo, no pudo haberse llevado a cabo de buena fe considerando que a tiempo de pretender adoptarla ya se haban iniciado las obras en los tramos I (Villa Tunari Isinuta) y III (Monte Grande San Ignacio de Moxos), ello sin haber obtenido el consentimiento de los pueblos afectados por esa medida.

En atencin a lo anteriormente expuesto, se puede concluir manifestando que el Estado vulner el derecho a la participacin reconocido en el Art. 21.1 de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos; los Arts. 5 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos y el Art. 23 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos y el Art. 11, Pr. II; Nm. 1, de la Constitucin Poltica del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, viol el derecho a la consulta a los pueblos indgenas, establecido en el Art. art. 6.1 del Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo, hecha Ley 1257 y aprobada el 11 de julio del ao 1991; el Art. 19 de la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, incorporada a nuestro ordenamiento jurdico mediante Ley 3760 del 7 de noviembre del 2007; y el Numeral 15 del pargrafo II del Art. 30 de la Constitucin Poltica del Estado Plurinacional de Bolivia. 20. Existe incumplimiento de obligaciones de las autoridades del Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda as como de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), al disponer que se realice un proyecto vial que atraviese el ncleo del TIPNIS, provocando una afectacin a los pueblos indgenas como el Moxeo, Chimane y Yuracar que habitan en el lugar. Adems de las conclusiones desarrolladas precedentemente, cabe destacar que a criterio de la Defensora del Pueblo se desprenden responsabilidades individuales por la violacin de Derechos Humanos, que se detallan a continuacin: 21. De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 172.II de la Constitucin Poltica del Estado, existira una responsabilidad por violacin de los derechos humanos del ex Ministro de Gobierno, Sacha Sergio Llorenti Soliz, por haber decidido que fuerzas policiales intervengan y desarticulen la marcha indgena pacfica, con la consiguiente violacin de derechos humanos. Asimismo, segn lo sealado en el Art. 252 Constitucional y el Decreto Supremo N 29894, se inferira responsabilidad de Sacha Sergio Llorenti Soliz, al haber impartido directamente una orden ilegal que fue ejecutada por la Polica Boliviana, independientemente de su resultado. De la misma manera, existira responsabilidad por violacin de los derechos humanos del ex Viceministro de Rgimen Interior y Polica, Marcos Farfn Farjat, as como del Director General de Rgimen Interior, Boris Villegas Rocabado, por haber realizado los actos preparatorios para la ejecucin de una orden ilegal impartida por el entonces Ministro de Gobierno, mediante la coordinacin con la Polica Boliviana, del plan de intervencin, la contratacin de buses de transporte pblico, la compra con fondos del Estado de insumos para un acto de represin ilegal, adems de la gestin y direccin del traslado de personas ilegalmente detenidas. Finalmente, habra una responsabilidad por violacin de los derechos humanos ante la actuacin calificada de los servidores pblicos del Ministerio de Gobierno como: Ramiro Delgado, Jefe de Gabinete; Karolina Vertiz Arancibia, Consultora de lnea; Edwin Contreras, Responsable de Bienes y Servicios; Diego Prez, Auxiliar; adems de los miembros del equipo de la Unidad de Gestin de Conflictos y Alerta Temprana del Ministerio de Gobierno, compuesta por Jorge Arzabe, Adalit Rivero

y Ernesto Castro, al haber prestado su colaboracin en la preparacin, seguimiento y coordinacin del plan de intervencin policial a la marcha indgena. 22. Segn lo prescrito por los artculos 11 y 12 de la Ley Orgnica de la Polica Nacional, se evidenciara responsabilidad por violacin de los derechos humanos del Comandante General de la Polica, Gral. Jorge Santiesteban Claure como mxima autoridad policial, ya sea por conocimiento y voluntad de realizar el operativo, cuanto por desconocimiento y responsabilidad de los actos en el ejercicio de sus funciones del personal bajo su mando, por los resultados del operativo y sobre todo, porque a tiempo de la detencin arbitraria y el consecuente traslado ilegal que dur aproximadamente ocho horas y que fue de conocimiento pblico, ste deba asumir una accin inmediata, que tenga por objeto poner fin a la vulneracin de derechos, no dejando transcurrir varias horas hasta que sus subalternos se vean obligados a liberar a las personas detenidas arbitrariamente por la presin de la poblacin de Rurrenabaque. De igual forma, concurra la responsabilidad por violacin de los derechos humanos de los generales scar Muoz Colodro, Modesto Palacios Cruz y Edwin Foronda Franco, as como de los coroneles scar Chvez y Alberto Aracena, as como del Tcnl. Henry Terrazas Verduguez, adems de otros funcionarios policiales que intervinieron en la planificacin, preparacin y ejecucin de la violenta intervencin, la detencin arbitraria y el traslado de personas ilegalmente detenidas el 25 y 26 de septiembre del ao en curso. 23. Se evidenciara responsabilidad por violacin de los derechos humanos del Comandante General de la Fuerza Area Boliviana, Gral. Tito Gandarillas Salazar, al haber dispuesto de bienes del Estado, como aeronaves, combustible, adems de personal para el traslado de los marchistas detenidos ilegalmente, los cuales fueron dispuestos como vuelos solidarios que tendran por objeto prestar ayuda humanitaria trasladando detenidos. VII. RECOMENDACIONES 7.1 Recomendaciones respecto a la violacin de los derechos de los pueblos indgenas 1. Recordar al Ministro de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda as como a la Mxima Autoridad Ejecutiva de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), su deber legal de precautelar los derechos de los pueblos indgenas, de acuerdo a las previsiones de Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo, la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas y el artculo 30 de la Constitucin Poltica del Estado, sobre todo considerando que en ningn caso la prohibicin de afectacin a su territorio pueda ser entendida como una forma para restringir o suprimir el derecho a decidir sobre su desarrollo y su economa. 2. Recomendar al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional adoptar medidas destinadas para regular el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe a los pueblos indgenas, conforme a los instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

3. Recomendar al Ministerio de Obras Publicas, Servicios y Vivienda que a tiempo de realizar un proyecto vial que afecte el territorio de uno o varios pueblos indgenas, lleve a cabo el procedimiento de consulta especfica para los mismos respetando su carcter previo, informado, de buena fe, exclusivo en cuanto a sus destinatarios y por medio de sus instituciones, de aplicacin obligatoria por parte del Estado, vinculante y con derecho a veto en los planes de desarrollo o impacto a gran escala que tendran una afectacin mayor dentro del territorio, en el marco de las previsiones constitucionales, as como de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional de Bolivia. 4. Recomendar al Presidente del Estado Plurinacional el inicio de acciones contra el Ministro de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda as como a la Mxima Autoridad Ejecutiva de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para la determinacin de responsabilidades por la violacin de derechos de los pueblos indgenas del TIPNIS, respecto al proyecto carretero Villa Tunari - San Ignacio de Moxos. 7.2 Recomendaciones respecto a los hechos violatorios de los derechos humanos acaecidos el 25 y 26 de septiembre del 2011 1. Recomendar al Fiscal General del Estado que instruya proseguir las acciones penales por la violenta intervencin policial acaecida el 25 y 26 de septiembre de 2011, en especial contra los ciudadanos Sacha Sergio Llorenti Soliz, Marcos Jaime Farfn Farjat, Boris Villegas Rocabado, Ramiro Delgado, Karolina Vertiz Arancibia, Edwin Contreras, Diego Prez, Jorge Arzabe, Adalit Rivero, Ernesto Castro; as como contra los funcionarios policiales Jorge Santiesteban Claure, Oscar Muoz Colodro, Edwin Foronda Franco, Modesto Palacios Cruz, Oscar Chvez Ruedas, Alberto Aracena, Henry Terrazas Verduguez y otros, identificando a los autores directos, mediatos, indirectos y/o coautores, as como cmplices, encubridores e instigadores de la violacin de los derechos humanos perpetrados a los integrantes de la VIII Gran Marcha Indgena por la Defensa del Territorio Indgena y Parque Nacional Isiboro Scure TIPNIS, por los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indgenas, debiendo remitir a la Defensora del Pueblo los resultados obtenidos de su investigacin.

2. Recomendar al Fiscal General del Estado que las acciones penales iniciadas por la violenta intervencin policial acaecida el 25 y 26 de septiembre de ao en curso, sean llevadas en estricto cumplimiento de los principios establecidos en la Constitucin Poltica del Estado, la Ley del Ministerio Pblico y dems normativa aplicable, adoptando las medidas necesarias para realizar una investigacin transparente, objetiva, gil y oportuna tendente a esclarecer los hechos. 3. Recomendar a la Ministra de Salud y Deportes, en coordinacin con los Ministerios de la Presidencia y de Justicia elaborar una lista oficial de las vctimas de la intervencin policial a efectos de prestarles atencin en salud a todos aquellos que hayan sufrido lesiones fsicas o daos psicolgicos, hasta su total restablecimiento, incluyendo la asistencia especializada y dotacin de medicamentos, bajo el principio de gratuidad. 4. Recomendar al Ministro de la Presidencia en coordinacin con los Ministerios de Justicia as como de Salud y Deportes gestionar el resarcimiento econmico y

moral a las vctimas de la intervencin policial del 25 y 26 de septiembre del ao en curso a la VIII Gran Marcha Indgena por la Defensa del Territorio Indgena y Parque Nacional Isiboro Scure TIPNIS, por los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indgenas. 5. Recomendar al Ministro de Gobierno realizar las acciones administrativas respectivas a fin de que se inicien los procesos correspondientes de los funcionarios de la cartera a su cargo involucrados. Asimismo, una vez determinada la responsabilidad remitir antecedentes a la Procuradura General del Estado y a la Contralora General del Estado. 6. Recomendar a los Ministros de la Presidencia y de Gobierno, en coordinacin con el Comandante General de la Polica Boliviana, establecer mecanismos para fortalecer la gestin de conflictos, bajo los criterios de oportunidad, inmediatez, imparcialidad y objetividad en su tratamiento en el marco del respeto a los derechos humanos, mediante estrategias que impliquen el dilogo y la persuasin. 7. Recomendar al Comandante General de la Polica Boliviana, evaluar y adecuar sus planes de operaciones de acuerdo a los principios y normas internacionales de Derechos Humanos en todos los casos, para evitar detenciones indiscriminadas de ciudadanos y uso desproporcional de la fuerza, acciones que, desembocan en mayores confrontaciones y hechos de violencia, debiendo emitir los instructivos correspondientes al personal bajo su dependencia, para el cumplimiento de los procedimientos de arresto y aprehensin establecidos en el Cdigo de Procedimiento Penal y sus normas internas que precautelen el derecho a la libertad personal e integridad fsica. 8. Recomendar al Comandante en Jefe de la Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional, iniciar acciones legales en contra del Comandante General de la Fuerza Area Boliviana, Gral. Tito Gandarillas Salazar, por la disposicin de bienes del Estado para concretar el traslado de personas ilegalmente detenidas privadas de su libertad, remitiendo en su caso antecedentes ante la Procuradura General del Estado, Contralora General del Estado y Ministerio Pblico. 9. Recomendar al Comandante General de la Polica Boliviana asegurar el ejercicio de la libertad de trnsito o circulacin, establecido en el Art. 21.7 de la CPE, el cual en el presente caso fue obstaculizado por una accin arbitraria y discrecional de un grupo de colonizadores, con el fin que en acciones futuras no se repitan hechos anlogos al presente. 10. Recomendar a la Procuradura General del Estado para que en el marco de sus competencias inicie las acciones contra las autoridades y servidores pblicos responsables de provocar dao a los intereses del Estado, en especial las acciones de repeticin que se determinen.

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